El Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió una nueva etapa de acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras Colombia enfrenta una situación fiscal que el propio Ejecutivo reconoce como crítica. El presidente ordenó a su equipo económico profundizar las conversaciones con el organismo para buscar alternativas de financiación y una salida a los desequilibrios de las cuentas públicas. Al 30 de septiembre de 2026, sin embargo, no existe un acuerdo de crédito firmado con el Fondo.
El 28 de septiembre, el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, concluyó una visita de tres días a Bogotá y afirmó que el organismo está dispuesto a apoyar a Colombia en sus desafíos fiscales. Clarke habló de recuperar la disciplina y la transparencia fiscal, reconstruir la confianza de los inversionistas y reducir los desequilibrios de manera oportuna y creíble.
El Fondo también señaló que una corrección fiscal creíble podría reducir los costos de endeudamiento y crear mejores condiciones para la inversión privada y el empleo. Al mismo tiempo, Clarke advirtió que las reformas deben mantener la atención sobre el gasto social prioritario y los hogares vulnerables. Esa combinación es importante porque muestra que la discusión no se limita a cuánto dinero puede obtener Colombia, sino a cómo se diseñaría el ajuste que eventualmente acompañaría la financiación.
Reuters informó el 28 de septiembre que las conversaciones entre Colombia y el FMI incluyen opciones de financiación en mejores condiciones, en medio del aumento de las necesidades de endeudamiento y de un déficit fiscal mayor al previsto. El Ministerio de Hacienda confirmó que solicitó una misión técnica del Fondo para revisar el plan fiscal y las proyecciones económicas del Gobierno.
El contexto es relevante. Colombia canceló el 1 de octubre de 2025 el acuerdo de dos años de la Línea de Crédito Flexible que había aprobado el FMI en abril de 2024 por unos 8.100 millones de dólares. Esa línea era de carácter precautorio y no estaba atada a la condicionalidad posterior típica de los programas tradicionales del organismo.
El retorno a una negociación sobre financiación ocurre, por tanto, en condiciones diferentes. En septiembre de 2025, el Directorio del FMI había advertido que la posición fiscal colombiana se había debilitado, que la suspensión temporal de la regla fiscal había deteriorado el marco de política y que era necesario avanzar en una consolidación para volver a cumplir las reglas fiscales en 2028.
La pregunta que surge ahora es qué puede significar un eventual crédito del FMI para los programas sociales. La respuesta no puede reducirse a la idea de que el Fondo automáticamente exige “recortes”. Los instrumentos son distintos, las condiciones cambian según el programa y buena parte de las decisiones termina siendo adoptada por los gobiernos nacionales y sus congresos.
Sin embargo, la experiencia histórica muestra que, cuando un país necesita apoyo del FMI en medio de una crisis fiscal o externa, el ajuste de las cuentas públicas suele convertirse en una parte central del programa. En distintos países eso ha implicado reformas de subsidios, control de salarios públicos, cambios en pensiones, focalización de transferencias y modificaciones del mercado laboral.
Uno de los antecedentes más claros es Grecia en 2010. El programa respaldado por el FMI incluyó la eliminación de los pagos extraordinarios de Navidad, Pascua y vacaciones para pensionados y trabajadores públicos, reducciones de salarios y cambios estructurales en el sistema pensional. El programa también contempló mecanismos para proteger a quienes tenían ingresos más bajos y preservar determinadas ayudas familiares y pensiones mínimas.
El caso griego muestra una característica que puede reaparecer en otros países: el ajuste no necesariamente elimina toda la protección social, sino que puede modificar quién recibe determinados beneficios y cuánto recibe. En Grecia, por ejemplo, las reducciones fueron acompañadas por mecanismos de compensación dirigidos a los grupos de menores ingresos.
Egipto ofrece un ejemplo diferente. El programa de 2016 combinó una fuerte consolidación fiscal con la reducción de subsidios energéticos y la contención de la masa salarial pública. Pero una parte del ahorro obtenido se destinó a reforzar subsidios alimentarios, transferencias en efectivo para personas mayores y familias de bajos ingresos y alimentación escolar.
La lógica egipcia fue explícita: reemplazar subsidios energéticos considerados poco focalizados por programas dirigidos directamente a hogares pobres. Es decir, el cambio no consistió simplemente en reducir gasto, sino en transformar la forma en que el Estado distribuye la ayuda pública.
Jamaica proporciona otro antecedente. En su programa de 2010, el Gobierno mantuvo un congelamiento salarial del sector público y avanzó hacia una reforma para reducir la masa salarial. Al mismo tiempo, el programa planteó aumentar el gasto en los programas de protección social mejor focalizados.
Ghana, en cambio, muestra que los programas respaldados por el FMI también pueden incluir mecanismos específicos para amortiguar el costo social del ajuste. En 1988 el Gobierno creó el PAMSCAD, un programa destinado a mejorar servicios básicos, aumentar oportunidades de empleo para trabajadores de bajos ingresos y atender a personas afectadas por la reestructuración económica.
Estos antecedentes muestran que no existe un único modelo. Hay casos en los que los recortes salariales, las pensiones o los subsidios tuvieron un peso considerable y otros en los que se diseñaron compensaciones, pisos de gasto o programas focalizados para proteger a determinados grupos.
Para Colombia, el dato más importante es que el propio FMI ya había identificado en 2025 algunas áreas concretas de consolidación fiscal. En su evaluación del país, el personal técnico del Fondo planteó como opciones eliminar subsidios a los combustibles, acercar la masa salarial pública a niveles históricos, racionalizar transferencias corrientes, reducir algunos subsidios de salud y mejorar la eficiencia de las compras estatales.
El informe estimó que, en conjunto, las medidas de gasto consideradas podrían representar alrededor de 2,2 % del PIB en 2028, aunque el documento las presentó como opciones posibles dentro de una estrategia de consolidación y no como obligaciones impuestas a Colombia. La misma tabla asignaba bases legales diferentes: algunas medidas podían adoptarse por decreto y otras requerían ley.
La eliminación de los subsidios a los combustibles es especialmente sensible. El FMI estimó que esa medida podría generar un ahorro de hasta 0,5 % del PIB en 2028. El efecto sobre los hogares no sería exclusivamente presupuestal: mayores costos de combustibles pueden trasladarse al transporte y a la logística y afectar precios de otros bienes.
La segunda zona de riesgo potencial es la masa salarial del Estado. El Fondo estimó un ahorro similar, de hasta 0,5 % del PIB, si esa masa regresara a niveles considerados históricos. El impacto concreto dependería de cómo se ejecutara: congelamiento de vacantes, menor contratación, cambios salariales, reorganización de plantas o una combinación de esas medidas.
La tercera es la racionalización de transferencias corrientes, con un ahorro potencial calculado de hasta 0,6 % del PIB. En la práctica, una medida de este tipo podría abarcar desde depuración de programas y eliminación de duplicidades hasta modificaciones en los criterios de acceso o reducción de montos, dependiendo de las decisiones del Gobierno.
Esa discusión es especialmente sensible porque las transferencias ya tienen un peso relevante en la protección de hogares vulnerables. En su análisis de Colombia, el FMI reconoció la importancia de las políticas sociales y destacó el papel de las transferencias en la reducción de la pobreza.
Otro frente es la salud. El informe de 2025 planteó como una de las posibles fuentes de ahorro una reducción de determinados subsidios mediante cambios en los umbrales de contribución de los empleadores. Eso podría tener efectos sobre la financiación del sistema, pero el documento no equivale a una orden de aplicar esa medida en un eventual programa futuro.
Las pensiones también pueden entrar en una discusión fiscal de largo plazo, aunque aquí es necesario evitar una extrapolación. El FMI ha advertido sobre las rigideces presupuestarias asociadas al gasto pensional y la necesidad de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero no existe hoy una condición anunciada por el Fondo que diga que Colombia deba aumentar la edad de jubilación o reducir determinadas pensiones.
La experiencia internacional sí muestra que las pensiones pueden convertirse en objeto de reformas cuando el objetivo es reducir el gasto estructural. Grecia, por ejemplo, modificó la fórmula de cálculo, restringió jubilaciones anticipadas y vinculó la edad de retiro a la expectativa de vida dentro de su programa de 2010.
Pero hay otro antecedente que debe incorporarse al debate: el FMI también ha desarrollado mecanismos para proteger el gasto social. Un estudio del propio Fondo sobre sus programas encontró que una mayoría buscó mantener o aumentar partidas sociales prioritarias y que muchos programas incluían metas para protegerlas durante la consolidación fiscal.
El organismo sostiene además que, desde las reformas de su marco de condicionalidad, ha reducido y focalizado las condiciones estructurales y ha utilizado pisos de gasto social, especialmente en programas de países de bajos ingresos. Según su evaluación, el gasto en asistencia social, salud y educación se mantuvo o creció en términos reales, en promedio, en varios de esos programas pese a los ajustes fiscales.
Esto significa que la discusión sobre Colombia no debería partir de una conclusión predeterminada. Un programa del FMI podría contener medidas de consolidación y, al mismo tiempo, compromisos para proteger determinadas transferencias, salud, educación u otros gastos prioritarios. La composición y la secuencia del ajuste serán tan importantes como el tamaño del préstamo.
También importa el tipo de instrumento que Colombia termine solicitando. La Línea de Crédito Flexible, que el país tuvo hasta 2025, está diseñada para países con fundamentos y políticas muy sólidos y no tiene la condicionalidad posterior típica de los programas tradicionales. Otros mecanismos del FMI sí pueden incorporar revisiones y condiciones vinculadas al cumplimiento de metas macroeconómicas y estructurales.
Por eso, el riesgo para Colombia no puede definirse simplemente como “pedirle un crédito al FMI”. La pregunta decisiva será qué programa se negocia, qué metas fiscales se fijan, qué reformas quedan atadas a las revisiones, qué gastos se consideran prioritarios y cómo se distribuye el costo del ajuste entre subsidios, impuestos, salarios públicos, transferencias, inversión y otros rubros.
Al cierre de septiembre de 2026, el escenario todavía está abierto. Colombia busca financiación y una misión técnica del FMI revisará el plan fiscal del Gobierno; el Fondo, por ahora, habla de un programa de reformas “propio de Colombia” y de la necesidad de combinar disciplina fiscal con protección de los hogares vulnerables. La experiencia internacional demuestra que un programa puede ayudar a reducir costos de financiación y estabilizar una economía, pero también puede reorganizar profundamente la política social. La cuestión que deberá vigilar Colombia no será solamente cuánto dinero obtiene del FMI, sino qué cambia en el Estado y quién termina asumiendo el costo de devolver las cuentas públicas al equilibrio.
