La muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años, ocurrida después de un procedimiento de la Policía en el barrio Caracolí, en el límite entre Bogotá y Soacha, provocó pronunciamientos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia y de la Defensoría del Pueblo. Ambos organismos reclamaron esclarecer las circunstancias del procedimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.
Balanta murió el 20 de septiembre de 2026 después de ser reducido por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha y trasladado posteriormente a un centro hospitalario. Según la Defensoría, habría llegado al centro asistencial sin signos vitales. La entidad subrayó que las circunstancias del procedimiento aún son materia de investigación.
La reacción institucional comenzó a pocos días del fallecimiento. El 23 de septiembre, la Policía informó que había abierto una investigación disciplinaria y separado del cargo a siete uniformados que participaron en el procedimiento, mientras avanzaban las actuaciones para establecer qué ocurrió y si existieron responsabilidades individuales.
El caso tomó una dimensión nacional cuando la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hizo público su pronunciamiento el 26 de septiembre. Naciones Unidas expresó preocupación por la muerte de Balanta y recordó que, cuando una persona está bajo custodia o control del Estado, las autoridades tienen la obligación de proteger su vida e integridad personal.
La ONU pidió además que la investigación fuera exhaustiva y quedara en manos de la justicia ordinaria, y reclamó la aplicación de los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza. El pronunciamiento no atribuyó la muerte a un agente determinado ni estableció que hubiera existido un homicidio policial.
La Defensoría del Pueblo se pronunció al día siguiente, 27 de septiembre, mediante un comunicado titulado: “Acompañamos el caso de Donovan Balanta: se deben esclarecer las circunstancias de su muerte y posibles hechos de discriminación racial”. Desde el encabezado, la entidad introdujo una segunda dimensión de la investigación: determinar si hubo un componente racial en la actuación policial.
La Defensoría señaló que Balanta era un hombre afrodescendiente de 34 años y que murió después de ser reducido durante el procedimiento. La institución pidió a la Fiscalía establecer las responsabilidades a que hubiera lugar y solicitó a la Policía avanzar en su investigación disciplinaria con respeto por el debido proceso y por los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
Pero la Defensoría fue más allá: pidió establecer si pudieron existir hechos de discriminación racial o perfilamiento racial. La advertencia no significa que el organismo haya concluido que existió racismo en el procedimiento; significa que considera necesario investigarlo como una de las hipótesis relevantes del caso.
El concepto de perfilamiento racial se refiere a prácticas en las que una persona es sometida a controles, intervenciones o sospechas principalmente por características asociadas a su raza o pertenencia étnica, en lugar de elementos objetivos relacionados con una conducta concreta. En Colombia, la preocupación por ese fenómeno ha sido planteada también en otros escenarios de actuación de la Fuerza Pública.
La hipótesis racial adquirió relevancia en Caracolí por los testimonios recogidos después de la muerte. Familiares y habitantes del sector han denunciado que Balanta fue golpeado durante el procedimiento y que habría recibido descargas eléctricas. También han relatado expresiones que, según sus testimonios, tendrían contenido racial. Esas versiones forman parte de las denuncias y deben ser contrastadas por los investigadores.
La Policía, por su parte, informó que el procedimiento se produjo en el contexto de una intervención relacionada con una riña y que utilizó un dispositivo de descarga eléctrica durante la reducción de Balanta. La institución aseguró que abrió la investigación disciplinaria para establecer las circunstancias y responsabilidades, y recordó que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, la ley y los estándares de proporcionalidad.
Esas dos versiones —la de los familiares y la institucional— no han sido conciliadas judicialmente. La familia sostiene que Balanta fue sometido a una fuerza desproporcionada cuando ya se encontraba reducido, mientras la investigación oficial debe establecer qué ocurrió desde el primer contacto con los uniformados hasta su traslado al centro asistencial.
Los videos y testimonios divulgados públicamente muestran parte del procedimiento, pero no permiten por sí solos determinar la causa médica de la muerte ni establecer responsabilidad penal individual. Para ello deberán integrarse las pruebas audiovisuales, testimonios, informes de los agentes, registros médicos y resultados forenses.
La investigación disciplinaria de la Policía constituye uno de los frentes abiertos. El hecho de que siete uniformados hayan sido separados temporalmente del cargo tampoco equivale a una sanción definitiva ni constituye por sí mismo una declaración de responsabilidad. Es una medida adoptada mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.
El pronunciamiento de Naciones Unidas introduce otro estándar: la responsabilidad del Estado respecto de una persona que se encuentra bajo su custodia. La ONU recordó que el deber estatal no termina con la reducción física de una persona, sino que comprende la protección de su vida y su integridad mientras permanece bajo control de los agentes públicos.
Esto explica por qué el llamado internacional no se concentró únicamente en establecer si el uso inicial de la fuerza fue legal. También pidió analizar todo el procedimiento y las condiciones en las que se produjo la muerte. La pregunta, desde los estándares internacionales, no es solamente si los agentes podían intervenir, sino cómo lo hicieron, con qué intensidad y bajo qué circunstancias terminó muriendo la persona reducida.
La Defensoría agregó una dimensión de derechos humanos que puede ser decisiva: la eventual existencia de discriminación racial. Si la investigación encontrara que el origen étnico de Balanta influyó en la forma en que fue tratado, la discusión dejaría de ser exclusivamente sobre uso de la fuerza y pasaría a involucrar también derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación.
El contexto nacional hace que esa pregunta tenga una importancia adicional. La Defensoría ha llamado anteriormente la atención sobre riesgos de perfilamiento racial y sobre la necesidad de que los procedimientos de la Fuerza Pública estén sometidos a estándares de derechos humanos. En el caso Balanta, sin embargo, esas consideraciones generales todavía deben conectarse con pruebas concretas del procedimiento ocurrido en Caracolí.
El lugar donde ocurrió el procedimiento también ha influido en la controversia. Caracolí se encuentra en una zona limítrofe entre la localidad bogotana de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, y la participación de uniformados de la Policía de Soacha ha generado preguntas públicas sobre la jurisdicción territorial y sobre la coordinación entre las autoridades que operan en esa frontera urbana.
Para la familia de Balanta, el problema no se limita a reconstruir un procedimiento policial. Su versión plantea que Donovan habría sido confundido con personas que protagonizaban una riña y posteriormente reducido con una fuerza que consideran excesiva. Esas afirmaciones son parte de la investigación y deberán ser confrontadas con los testimonios de los agentes y las demás pruebas disponibles.
La reacción de Naciones Unidas y la Defensoría también coloca la investigación frente a una exigencia de independencia y exhaustividad. La ONU pidió que el caso fuera investigado por la justicia ordinaria, mientras la Defensoría reclamó que las actuaciones fiscales y disciplinarias permitan identificar tanto las circunstancias de la muerte como cualquier posible discriminación.
Esa exigencia es especialmente importante porque el debate público ya comenzó a incorporar calificativos como “asesinato”, “abuso policial” o “racismo”. Ninguno de esos términos ha sido establecido todavía como conclusión judicial sobre la muerte de Balanta. Por ahora, lo que existe oficialmente es una investigación y una serie de llamados institucionales para determinar qué ocurrió y quiénes podrían ser responsables.
El caso también ha reabierto la discusión sobre el uso de dispositivos de descarga eléctrica y sobre las circunstancias en las que pueden emplearse durante una reducción policial. El hecho de que la Policía haya confirmado el uso de un taser convierte esa herramienta en uno de los elementos que deberán ser examinados junto con la duración del procedimiento, la cantidad de agentes participantes, el estado de Balanta después de ser reducido y la atención recibida posteriormente.
Por ahora, la información oficialmente confirmada permite establecer una secuencia: Balanta murió el 20 de septiembre después de un procedimiento policial; el 23 de septiembre la Policía separó del cargo a siete uniformados e inició una investigación; el 26 de septiembre Naciones Unidas pidió una investigación exhaustiva bajo estándares internacionales; y el 27 de septiembre la Defensoría pidió esclarecer la muerte y determinar si existió discriminación racial.
El siguiente paso será determinar qué ocurrió realmente en los minutos del procedimiento y por qué Donovan Balanta terminó muerto después de haber sido reducido por agentes del Estado. La ONU y la Defensoría ya fijaron el estándar: esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y verificar si hubo uso indebido de la fuerza o discriminación racial. La investigación deberá convertir esas preguntas en conclusiones probadas, sin reemplazar el debido proceso por ninguna de las versiones que hoy circulan públicamente.
