El páramo de Santurbán volvió a convertirse en uno de los primeros grandes frentes de disputa ambiental del gobierno de Abelardo de la Espriella. La decisión de derogar una medida de protección sobre cerca de 1.500 hectáreas, adoptada durante la etapa final de la administración de Gustavo Petro, abrió una nueva controversia entre organizaciones ambientalistas, comunidades mineras y el Gobierno nacional sobre el futuro de uno de los ecosistemas más estratégicos para el abastecimiento de agua en el nororiente del país.
La medida del nuevo Gobierno no implica, por sí sola, la eliminación de la protección jurídica del páramo ni una autorización automática para desarrollar minería dentro de las zonas legalmente delimitadas. Sin embargo, la derogatoria recae sobre áreas cercanas y relacionadas con el complejo de Santurbán, donde confluyen intereses de conservación, actividades mineras preexistentes y una larga discusión sobre los límites que debe tener la protección ambiental.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, justificó la decisión señalando cuestionamientos sobre el procedimiento mediante el cual se había establecido la protección y anunció que el Gobierno abriría un nuevo proceso de evaluación técnica y participación de las comunidades. La administración De la Espriella sostiene que cualquier decisión sobre el territorio debe contar con reglas claras y con un procedimiento que permita escuchar a los distintos sectores involucrados.
Pero para organizaciones ambientales, el problema no es únicamente procedimental. La preocupación es que la eliminación de una protección existente, aun cuando sea reemplazada posteriormente por otro proceso de evaluación, pueda dejar temporalmente expuestas áreas de importancia ecológica o abrir la puerta a una redefinición más favorable para actividades extractivas.
La controversia adquiere mayor dimensión por la presencia de intereses mineros en la región. Entre las áreas involucradas existen títulos y proyectos relacionados con el distrito aurífero de Santurbán, incluida la actividad de la compañía canadiense Aris Mining. La discusión histórica ha girado alrededor de si determinadas operaciones, aun cuando se desarrollen fuera de la delimitación estricta del páramo, pueden afectar sistemas de recarga hídrica y ecosistemas conectados con las fuentes de agua.
El gobierno de Gustavo Petro había tomado un rumbo diferente. Durante su administración, el Ministerio de Ambiente retomó el proceso de delimitación del complejo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, después de años de controversias jurídicas y sociales que llevaron incluso a que decisiones anteriores fueran cuestionadas por la Corte Constitucional.
En julio de 2026, la administración saliente expidió la Resolución 863, con la que adoptó una metodología de delimitación progresiva para los páramos del país. Santurbán fue presentado como el primer escenario de aplicación de ese mecanismo, con la intención de avanzar en los municipios donde se habían surtido procesos de concertación y continuar el diálogo en los territorios pendientes.
El proceso respondía, entre otras decisiones judiciales, a la Sentencia T-361 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó rehacer el procedimiento de delimitación de Santurbán al considerar insuficiente la participación de las comunidades en el proceso que había dado lugar a la Resolución 2090 de 2014.
La administración Petro defendió la delimitación progresiva como una alternativa para evitar que la falta de acuerdo en algunos municipios paralizara completamente la protección del ecosistema. Según la información divulgada por el Ministerio, para ese momento ya se había cerrado la fase de concertación en 28 de los 40 municipios involucrados en Santander, mientras continuaban los procesos en las zonas restantes.
En las últimas semanas del gobierno Petro, el Ministerio también avanzó en medidas relacionadas con la protección de áreas de especial importancia alrededor del complejo. Es en ese contexto donde se produjo la decisión posteriormente derogada por la nueva administración y que involucraba aproximadamente 1.500 hectáreas.
La diferencia entre ambas administraciones está, por ahora, en la forma de abordar el conflicto. Mientras Petro avanzó hacia la delimitación progresiva y el fortalecimiento de mecanismos de protección ambiental en áreas vinculadas al ecosistema, De la Espriella suspendió ese avance en el área objeto de controversia y decidió revisar nuevamente los fundamentos técnicos y los mecanismos de participación.
El debate tiene una importancia que va mucho más allá de las 1.500 hectáreas. Santurbán es uno de los complejos de páramo más relevantes del país por su función en la regulación y producción de agua, así como por su conexión con cuencas y sistemas que abastecen a poblaciones de Santander y Norte de Santander.
Para Bucaramanga y su área metropolitana, la discusión tiene una dimensión especialmente sensible. La defensa del páramo se convirtió durante más de una década en una de las principales banderas de organizaciones ciudadanas y ambientales que han advertido sobre los riesgos que una expansión minera podría representar para las fuentes hídricas que abastecen a una parte importante de la población.
Al mismo tiempo, municipios como Vetas y California mantienen una larga tradición minera y dependen en buena medida de esa actividad económica. Para sus habitantes y sectores empresariales, la delimitación del páramo no solo representa un debate ambiental, sino también una discusión sobre empleo, formalización minera, propiedad, continuidad económica y el futuro de comunidades que históricamente han vivido de la extracción de oro.
Esa tensión explica por qué Santurbán ha sido escenario de algunas de las movilizaciones ambientales más importantes de Colombia. Las organizaciones defensoras del agua han insistido en que la protección no puede limitarse exclusivamente a la línea cartográfica que delimita el páramo, debido a que existen ecosistemas y sistemas hídricos conectados que pueden ser afectados por actividades desarrolladas en zonas vecinas.
El posible impacto ambiental de la decisión del gobierno De la Espriella dependerá ahora del alcance real de la derogatoria y del proceso que la sustituya. Si la nueva evaluación mantiene o amplía la protección sobre las zonas de importancia hídrica, el efecto podría ser principalmente administrativo y procedimental. Pero si la revisión termina reduciendo las restricciones existentes, el cambio podría tener consecuencias directas sobre áreas sometidas a presión minera.
Los ambientalistas también advierten sobre el principio de no regresión en materia ambiental. Desde esa perspectiva, una decisión estatal que reduzca un nivel de protección ya existente debe tener una justificación especialmente sólida y sustentarse en criterios técnicos, pues el debate no se limita a definir dónde puede realizarse minería, sino a determinar qué medidas son necesarias para prevenir daños que pueden resultar difíciles o imposibles de revertir.
Otro de los riesgos señalados es la fragmentación del enfoque ecosistémico. Los páramos no funcionan como islas separadas del territorio que los rodea: sus dinámicas hídricas, la vegetación, los suelos y las zonas de recarga mantienen relaciones con áreas vecinas. Por eso, la discusión ambiental se concentra en si una delimitación estrictamente cartográfica puede resultar insuficiente para proteger el sistema completo.
El Gobierno entrante enfrenta así un desafío político y jurídico. De la Espriella deberá demostrar que el nuevo proceso de evaluación y participación no significa una flexibilización encubierta de la protección ambiental ni una decisión diseñada para resolver exclusivamente los intereses de los sectores mineros. La legitimidad de la nueva ruta dependerá de la transparencia de sus estudios técnicos y de la participación efectiva de las comunidades.
Para los defensores del agua, la derogatoria representa una señal de alarma y un posible cambio de rumbo frente a la política del gobierno Petro. Para los sectores mineros y comunidades que cuestionaban las restricciones anteriores, en cambio, la decisión abre la posibilidad de revisar un proceso que consideran incompleto o insuficientemente concertado.
Santurbán vuelve así a resumir una de las grandes tensiones de la política ambiental colombiana: cómo proteger ecosistemas fundamentales para el agua sin desconocer las comunidades y actividades económicas que históricamente se han desarrollado en sus alrededores. La decisión de De la Espriella no cerró ese conflicto; por el contrario, lo reabrió y trasladó nuevamente al centro del debate nacional la disputa entre la conservación ambiental, la participación territorial y el futuro de la minería en una de las regiones más sensibles del país.
