El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó de ser solamente una emergencia sísmica para convertirse en un problema prolongado de seguridad urbana en Pereira. Ocho semanas después, decenas de estructuras que resultaron afectadas permanecen en pie, mientras las autoridades intentan acelerar su demolición antes de que se produzcan nuevos colapsos.
La dimensión del riesgo quedó expuesta el 1 de octubre, cuando una vivienda ubicada en la carrera 9 con calle 12, en el centro de Pereira, se desplomó. La estructura había sufrido daños durante el terremoto y posteriormente había sido declarada inhabitable. Dos personas fueron encontradas con vida entre los escombros y recibieron atención médica.
El caso adquirió especial relevancia porque el inmueble no era una estructura cuyo riesgo hubiera pasado inadvertido. La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Pereira, DIGER, lo había inspeccionado el 16 de agosto y había determinado que no era apto para ser habitado y que existía riesgo de colapso. Además, tenía una resolución que permitía iniciar su demolición.
El desplome convirtió en realidad el escenario que las autoridades habían advertido semanas atrás: una edificación debilitada por el sismo podía terminar cayendo por cuenta de sus daños estructurales. El hecho también volvió a poner en discusión cuánto tiempo puede permanecer una estructura declarada en riesgo antes de que sea posible intervenirla.
El problema no se limita a esa vivienda. Según la Secretaría de Infraestructura de Pereira, alrededor de 250 edificaciones fueron advertidas por riesgo de colapso después del terremoto. De ellas, más de 70 habían sido demolidas cuando la Alcaldía presentó su balance del 2 de octubre.
Eso significa que todavía permanece un número importante de inmuebles pendientes de intervención. La administración municipal estima que necesita cerca de $40.000 millones adicionales para demoler más de un centenar de estructuras afectadas que todavía requieren este procedimiento.
El municipio ya ha destinado más de $15.000 millones a las demoliciones, pero considera insuficientes esos recursos frente a la magnitud de la tarea. Por eso Pereira está solicitando apoyo al Gobierno Nacional a través del Fondo Milagro, creado para atender las consecuencias del terremoto y financiar la recuperación de las zonas afectadas.
La cantidad de estructuras que deben ser intervenidas había sido incluso mayor en los balances preliminares. A comienzos de septiembre se contabilizaban 232 edificaciones con autorización para demolición, dentro de un proceso de evaluación que continúa en distintos sectores de la ciudad.
Esa cifra debe entenderse dentro de una afectación urbana mucho más extensa. Las primeras evaluaciones estimaron que cerca de 35.000 edificaciones resultaron afectadas de alguna manera por el terremoto. No todas presentan riesgo de colapso ni todas requieren demolición, pero el volumen explica la magnitud del trabajo técnico que todavía tiene por delante la ciudad.
El procedimiento tampoco consiste simplemente en ordenar el derribo de una estructura. Cada caso debe pasar por las instancias de gestión del riesgo y requiere la participación de entidades como la DIGER, la Secretaría de Infraestructura, autoridades de salud, Policía, empresas de servicios públicos y autoridad ambiental.
En las estructuras de mayor tamaño, la operación es todavía más compleja. Pereira identificó 12 edificaciones de altura que requieren procedimientos especializados de demolición, entre ellas el edificio Invico, la iglesia San Antonio María Claret, ubicada en el parque El Lago, y otra construcción de 14 pisos en el sector de la carrera Octava entre calles 21 y 22.
El edificio Invico representa uno de los mayores desafíos. Según las estimaciones divulgadas por las autoridades, allí permanecen aproximadamente 3.000 toneladas de estructura suspendidas en la parte superior. En la iglesia San Antonio María Claret, la cúpula principal tendría un peso cercano a las 1.000 toneladas.
En estos casos no basta con utilizar maquinaria convencional. Las autoridades contemplan procedimientos de demolición controlada que pueden requerir explosivos especializados, detonadores electrónicos, tecnología de precisión y perímetros de seguridad para reducir el riesgo sobre las edificaciones vecinas y las personas que se encuentren en las zonas intervenidas.
Mientras las demoliciones avanzan, las autoridades insisten en una medida básica: no ingresar ni permanecer cerca de los inmuebles señalizados como inhabitables o en riesgo. El desplome ocurrido el 1 de octubre demostró que una estructura que permanece aparentemente estable puede terminar colapsando.
El riesgo tampoco termina cuando los edificios son derribados. Pereira enfrenta otro problema derivado de la cantidad de material producido por las demoliciones y por el terremoto: la disposición de los residuos de construcción. La Carder advirtió el 1 de octubre sobre condiciones de manejo de escombros en la escombrera Guadalcanal que podían representar riesgos para trabajadores y comunidades cercanas.
La autoridad ambiental encontró acumulaciones de residuos que superarían los niveles establecidos para su disposición y pidió al municipio adoptar correctivos. La advertencia muestra que la emergencia está generando una cadena de riesgos: primero las estructuras debilitadas, después las demoliciones y finalmente la disposición segura de miles de toneladas de residuos.
La reconstrucción también tiene una dimensión económica. Un mes después del terremoto, Pereira había recogido cerca de 170.000 toneladas de escombros, mientras más de 234 edificaciones tenían orden de demolición y cerca de mil presentaban algún tipo de afectación.
Las autoridades calculan que la recuperación completa de Pereira podría extenderse durante varios años. Las primeras proyecciones divulgadas por la administración municipal hablan de alrededor de cinco años de reconstrucción y de una inversión que podría acercarse a los $10 billones, una cifra que supera ampliamente la capacidad financiera del municipio.
Ocho semanas después del terremoto, por tanto, Pereira vive una emergencia diferente a la del 10 de agosto. Ya no se trata únicamente de atender a quienes perdieron sus viviendas o de retirar los edificios que se desplomaron durante el sismo. El desafío inmediato consiste también en identificar, aislar y demoler las estructuras que permanecen en pie pero pueden convertirse en nuevos escenarios de riesgo.
El colapso de la vivienda de la carrera 9 con calle 12 dejó una advertencia concreta: el paso del tiempo no convierte en seguras las edificaciones que fueron declaradas inhabitables. Mientras Pereira espera recursos para acelerar las demoliciones y prepara operaciones complejas para retirar estructuras de gran tamaño, la ciudad continúa conviviendo con una parte de la emergencia que todavía permanece de pie.
