La muerte de Keiner Banguera Mancilla, un joven de 19 años de El Charco, Nariño, quedó en el centro de una investigación después de que organizaciones sociales denunciaran que pudo haber sido víctima de una actuación irregular de la Fuerza Pública durante un operativo ocurrido el 2 de octubre.
Banguera era identificado por organizaciones sociales como líder afrodescendiente y defensor de derechos humanos. También hacía parte del Consejo Comunitario Río Tapaje, consejo menor del Consejo Comunitario Pro Defensa Río Tapaje, organizaciones vinculadas al Movimiento Étnico y Social del Pacífico (Mespa).
Su muerte, sin embargo, fue reportada inicialmente desde una perspectiva completamente distinta. El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la Armada y el Ejército habían respondido a disparos provenientes de una embarcación en el sector Arenal de El Charco y que habían dado de baja a un supuesto integrante de la estructura 30 de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.
La versión presidencial incluyó además el reporte de la incautación de $675 millones en efectivo, cerca de US$200.000, una embarcación con motor y dos proveedores de pistola con munición. El Gobierno presentó esos elementos como parte del resultado del operativo.
Pero en la misma comunicación oficial apareció un dato que adquirió especial importancia después: la identidad de la persona abatida todavía estaba “en proceso de verificación”, según la versión atribuida al presidente.
Esa incertidumbre sobre la identidad es uno de los puntos que deberán ser resueltos por la investigación. Mientras el Gobierno habló de un integrante de una estructura disidente, organizaciones sociales identificaron al fallecido como Keiner Banguera Mancilla.
Indepaz reportó el 3 de octubre que el joven era integrante del Consejo Comunitario Río Tapaje y defensor de derechos humanos. La organización, citando denuncias del Consejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje y de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente, señaló que los hechos aún eran materia de investigación.
Según esa denuncia, Banguera se desplazaba en una embarcación de su propiedad cuando, presuntamente, fue interceptado por integrantes de la Brigada de Infantería de Marina número 4. Las organizaciones sostienen que los militares le habrían disparado y posteriormente trasladado su cuerpo hasta el casco urbano.
Esa versión contradice la explicación de un enfrentamiento armado presentada por el Gobierno. Mientras una habla de un joven que se movilizaba en una embarcación y que habría sido atacado por militares, la otra sostiene que la Fuerza Pública respondió a disparos efectuados desde la embarcación.
La diferencia entre ambas narraciones llevó a que la Defensoría del Pueblo interviniera públicamente. El 4 de octubre, la entidad afirmó que la información conocida hasta ese momento plantea “distintas hipótesis” sobre el contexto en que Banguera perdió la vida.
La Defensoría no calificó la muerte como una ejecución extrajudicial ni validó la versión de las organizaciones sociales. En cambio, señaló que corresponde a la justicia penal ordinaria establecer qué ocurrió, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte y establecer si existen responsabilidades.
La entidad pidió a la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación y adelantar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos. También solicitó que los informes del primer respondiente y los demás elementos materiales probatorios sean puestos inmediatamente a disposición de los investigadores.
Otro de los puntos solicitados por la Defensoría es la verificación del cumplimiento de los protocolos aplicables a la actuación de la Fuerza Pública. La entidad pidió además a las instituciones militares entregar la información requerida y colaborar con la investigación con plena transparencia.
El caso adquiere una dimensión adicional por la condición de Banguera como integrante de organizaciones étnicas y defensor de derechos humanos. Para la Defensoría, además de esclarecer la muerte, resulta necesario acompañar a la familia y a la comunidad mientras avanzan las actuaciones judiciales.
En medio de las versiones enfrentadas también han surgido llamados de líderes sociales de Nariño para que se determine si existió alguna actuación arbitraria. Alex González Osejo sostuvo que cualquier procedimiento de las Fuerzas Militares debe respetar los derechos humanos y que, si una investigación establece una irregularidad, esta debe ser sometida a la justicia.
La referencia a una posible ejecución extrajudicial es especialmente sensible en Colombia por los antecedentes de los llamados “falsos positivos”, en los que civiles fueron asesinados por integrantes de la Fuerza Pública y posteriormente presentados como bajas en combate. Sin embargo, esos antecedentes no permiten concluir por sí mismos que el caso de Banguera corresponda a esa modalidad.
Por ahora, tampoco puede establecerse únicamente con las versiones públicas si los $675 millones, los dólares, el arma y la embarcación reportados por el Gobierno estaban efectivamente relacionados con Banguera o si esos elementos corresponden a otra persona involucrada en el operativo. Ese vínculo deberá ser establecido mediante las pruebas de la investigación.
La identificación científica del cuerpo, los resultados de Medicina Legal, la necropsia, los informes del primer respondiente, los registros del operativo y los testimonios de quienes estaban en el lugar serán determinantes para reconstruir lo ocurrido.
También será necesario establecer qué sucedió inmediatamente antes de los disparos. Si existió un intercambio de fuego, deberá determinarse quién disparó, desde dónde, qué armas fueron encontradas y qué evidencia balística respalda esa versión. Si no hubo enfrentamiento, la investigación tendrá que establecer bajo qué circunstancias murió el joven.
La Defensoría ha evitado pronunciarse anticipadamente sobre esas preguntas y dejó la decisión en manos de la justicia penal ordinaria. Su intervención, por ahora, consiste en exigir que las diferentes hipótesis sean investigadas y que se preserve la integridad de las pruebas.
El caso de Keiner Banguera queda así entre dos relatos que todavía no han sido resueltos: el de un joven líder afrodescendiente cuya muerte es denunciada por organizaciones sociales como una posible actuación irregular de la Fuerza Pública, y el de un supuesto integrante de una estructura disidente abatido durante un enfrentamiento.
La investigación de la Fiscalía deberá determinar si esas dos versiones se refieren a la misma persona y, sobre todo, qué ocurrió realmente el 2 de octubre en el sector Arenal de El Charco. Hasta que esas pruebas sean conocidas, no puede afirmarse como hecho establecido que Banguera haya sido ejecutado extrajudicialmente ni que perteneciera a una estructura armada.
