La creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial abrió un nuevo frente de preocupación en Bogotá por la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes. El tema fue llevado al Concejo Distrital durante un debate de control político sobre ciberacoso y explotación sexual digital.
La concejal María Clara Name alertó sobre la falta de una ruta específica para enfrentar la circulación de este tipo de contenidos en instituciones educativas y pidió fortalecer las herramientas con las que cuentan docentes y directivos para responder ante estos casos.
La discusión tomó como referencia el creciente acceso de los menores a internet. Según las cifras de UNICEF citadas durante el debate, ocho de cada diez niños entre los 6 y 11 años utilizan internet, mientras que entre los adolescentes la proporción supera el 95 %.
El teléfono inteligente aparece como uno de los principales dispositivos utilizados por esta población. A esto se suma la presencia cotidiana de los menores en plataformas como TikTok, YouTube y Facebook, espacios en los que también pueden producirse contactos, intercambios de contenido y situaciones de acoso.
De acuerdo con la información presentada ante el Concejo, durante 2026 se registraron 1.489 reportes de violencia en entornos digitales contra menores. Bosa concentró 240 casos, Suba 191, Kennedy 153 y Ciudad Bolívar 130. Las cuatro localidades reunieron 714 reportes, cerca del 48 % del total.
Dentro de las modalidades señaladas aparecen el ciberacoso, el grooming, la sextorsión, la difusión no consentida de contenido íntimo y otras formas de explotación sexual digital. La información presentada también señaló que el 73,27 % de los agresores identificados correspondía a compañeros de las víctimas y otro 2,82 % a estudiantes de otros colegios.
Estas cifras deben leerse con una precisión: los 1.489 reportes no corresponden al mismo universo estadístico de los registros del Centro Cibernético Policial. Esta dependencia informó 257 incidentes relacionados con ciberacoso, grooming, difusión no consentida de contenido íntimo, sextorsión y explotación sexual de menores entre enero y agosto de 2026.
Precisamente, uno de los problemas identificados durante el debate fue la dispersión de las estadísticas entre diferentes entidades. Para los concejales, esta situación dificulta establecer con precisión cuántos menores han sido víctimas, dónde ocurrieron los hechos y cuáles son las modalidades que requieren una intervención prioritaria.
A este problema se suma la evolución de las herramientas tecnológicas. Name advirtió que la inteligencia artificial generativa permite manipular fotografías y producir imágenes sexuales falsas, un fenómeno frente al cual la Policía ha señalado un riesgo alto y que plantea nuevos desafíos para los colegios.
La preocupación no se limita a la creación de las imágenes. Una vez producidos, estos contenidos pueden circular entre estudiantes, redes sociales y servicios de mensajería, lo que aumenta la exposición de las víctimas y dificulta controlar su reproducción.
Name sostuvo que los colegios necesitan herramientas, directrices y capacitación para actuar cuando este tipo de material llegue a sus comunidades educativas. También pidió una respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a estas situaciones y señaló la ausencia de una ruta institucional específica para los delitos sexuales digitales.
La Administración Distrital explicó, por su parte, que existe una dificultad adicional para dimensionar el fenómeno: el ciberacoso no constituye un tipo penal independiente. Dependiendo de las circunstancias, las conductas pueden ser investigadas bajo figuras como acoso sexual, constreñimiento ilegal, injuria o violación de datos.
En Bogotá, entre enero y agosto de 2026, se registraron 866 víctimas de acoso sexual. El 83 % fueron mujeres y una cuarta parte de los casos correspondió a menores de edad. Estas cifras corresponden al acoso sexual y no deben confundirse con los registros específicos de violencia digital.
Frente al escenario, la Administración anunció medidas educativas que incluyen regulación del uso de celulares y pantallas en los colegios, formación docente en alfabetización digital crítica, fortalecimiento de habilidades socioemocionales y guías pedagógicas dirigidas a las familias. La estrategia busca intervenir tanto los riesgos digitales como la relación cotidiana de los estudiantes con la tecnología.
Al cierre del debate, Name pidió una mayor articulación entre las entidades y la construcción de bases de datos robustas para focalizar las acciones contra quienes vulneran los derechos de los menores. El reto para Bogotá no está únicamente en contabilizar los casos existentes, sino también en adaptar sus mecanismos de prevención y atención a una violencia digital que ahora puede utilizar inteligencia artificial para fabricar contenidos sexuales sobre menores que nunca fueron registrados en una situación de esa naturaleza
