Lo que comenzó como una disputa alrededor de las investigaciones de La Silla Vacía sobre Carlos Suárez escaló este 5 de octubre hasta convertirse en un asunto de libertad de prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, rechazó públicamente los señalamientos del presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol contra ese medio, su directora Juanita León y la revista Cambio.
Suárez, uno de los principales estrategas de la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia, había respondido a las publicaciones de La Silla con una extensa carta dirigida a León. En ella cuestionó la forma como el medio ha cubierto su trayectoria, sus relaciones empresariales y su llegada a la junta de la petrolera estatal.
El enfrentamiento tomó una dimensión distinta porque Suárez no se limitó a cuestionar datos concretos de las investigaciones. En su mensaje calificó a La Silla Vacía y Cambio como “portales activistas” y sostuvo que se “disfrazan” de periodismo. También afirmó que La Silla había declarado su enemistad con él y con el Gobierno de De la Espriella.
Pero hubo una frase que terminó concentrando la atención de la FLIP. Suárez afirmó que La Silla había decidido comportarse como un actor político y agregó que “los actores políticos reciben respuesta política”. Para la organización defensora de la libertad de prensa, esa expresión adquiere especial relevancia por la posición institucional que ocupa Suárez.
La FLIP sostuvo que esas expresiones buscan desacreditar el trabajo periodístico y presentar el escrutinio sobre quienes ejercen poder como una forma de confrontación política. Su argumento es que investigar, cuestionar o publicar reiteradamente información sobre funcionarios, asesores o personas cercanas al Gobierno no convierte automáticamente a un medio en adversario político.
El contexto importa. Suárez no es solamente un empresario o ciudadano que responde a una publicación que considera injusta. Preside la Junta Directiva de Ecopetrol y fue uno de los principales estrategas de la campaña presidencial de De la Espriella. Esa combinación hace que sus declaraciones tengan una dimensión institucional y política mayor.
La controversia se intensificó después de una investigación publicada por La Silla Vacía el 27 de septiembre sobre Suárez y sus vínculos empresariales y políticos antes de su llegada a la Junta de Ecopetrol. Posteriormente, el medio publicó nuevos contenidos sobre su entorno y las reacciones que generó ese cubrimiento.
En su respuesta, Suárez intentó sustentar su cuestionamiento con cifras. Afirmó que La Silla había realizado 74 publicaciones relacionadas con él entre diciembre de 2025 y octubre de 2026 y sostuvo que esos contenidos habían acumulado más de un millón de visualizaciones. También cuestionó las etiquetas utilizadas para describir su trayectoria y sus relaciones políticas y empresariales.
Suárez también dirigió sus críticas contra Cambio. Según su interpretación, esa revista y sus columnistas habrían reproducido el mismo relato de La Silla Vacía y posteriormente ese contenido habría sido amplificado por sectores políticos opositores al Gobierno. Es una caracterización hecha por Suárez dentro de su respuesta pública y no un hecho establecido independientemente.
La Silla Vacía respondió que Suárez tiene derecho a controvertir sus investigaciones, cuestionar sus métodos y presentar pruebas que contradigan sus publicaciones. El medio, sin embargo, marcó una diferencia entre el derecho a criticar al periodismo y la pretensión de decidir qué medios deben ser considerados legítimos o cuáles deben ser desacreditados.
El medio también señaló que las diferencias sobre una investigación pueden resolverse señalando qué dato es falso y presentando la evidencia correspondiente. En otras palabras, planteó que el debate debería concentrarse en hechos verificables y no en atribuir intenciones políticas al periodista o al medio.
La respuesta de La Silla añadió otro elemento: recordó que Suárez había anunciado que posteriormente hablaría sobre la financiación del medio y sobre supuestos nexos con Ecopetrol. El medio consideró especialmente relevante esa advertencia porque proviene del presidente de la junta de la empresa y la presentó como un asunto que podría comprometer la credibilidad institucional de Ecopetrol.
La FLIP fue más allá de la controversia específica y ubicó el episodio dentro de una secuencia. Según sus registros, desde enero ha documentado 14 agresiones que atribuye al presidente y a personas de su entorno político e institucional, entre ellas episodios de estigmatización, acoso judicial y obstrucción al trabajo periodístico.
La organización recordó que durante la campaña presidencial ya había advertido sobre señalamientos de De la Espriella y su equipo contra periodistas y medios a los que se presentaba como actores políticos o activistas. Para la FLIP, el episodio actual no puede analizarse completamente separado de esos antecedentes.
Después de la llegada del nuevo Gobierno, la Fundación también ha cuestionado restricciones relacionadas con el acceso a información y con la interlocución entre funcionarios y medios. Entre los asuntos mencionados por la organización está la diferenciación entre medios considerados “amigos” y “no amigos” y la posterior Directiva Presidencial 01 sobre las vocerías oficiales.
La FLIP identifica así una secuencia que considera preocupante: primero, periodistas señalados como activistas; después, medios diferenciados entre amigos y no amigos; y ahora, un medio presentado como enemigo del Gobierno y como actor político que recibiría una “respuesta política”.
La preocupación de la organización no se limita a La Silla Vacía. En su pronunciamiento señala que cuando desde posiciones de poder se presenta a la prensa como enemiga, el mensaje puede alcanzar a todo el gremio periodístico. El problema, según la FLIP, es el efecto que puede producir sobre periodistas que investigan a funcionarios o personas cercanas al poder.
Ese argumento se apoya en una diferencia fundamental entre la crítica periodística y la confrontación política. Un medio puede cometer errores, publicar información incorrecta o ser cuestionado por sus métodos. Pero, para la FLIP, esos desacuerdos no convierten por sí mismos al periodista en un actor político que deba recibir una respuesta desde el poder.
La controversia también ocurre en un momento en el que La Silla Vacía ha publicado investigaciones sobre la concentración de poder y las relaciones entre el Gobierno, sectores empresariales, medios y otros actores. El propio medio ha descrito una red de cuentas que, después de una de sus investigaciones sobre Suárez, difundió contenidos que cuestionaban a La Silla y a su directora.
Según esa investigación de La Silla, al menos 27 cuentas se activaron después de la publicación del 27 de septiembre y difundieron contenidos con una narrativa similar contra el medio y Juanita León. La Silla sostuvo que algunas de esas cuentas tenían vínculos previos con la estrategia digital de la campaña de De la Espriella. Esos son hallazgos publicados por el medio y deben distinguirse de hechos judicialmente establecidos.
En ese escenario, la expresión “respuesta política” adquiere una importancia adicional. La FLIP considera especialmente delicado que la frase provenga de quien ocupa la presidencia de la Junta de Ecopetrol y que esté dirigida contra un medio que precisamente ha venido investigando su trayectoria y su llegada a esa posición.
La Fundación no plantea que Suárez carezca del derecho a defenderse. Su llamado es otro: que se abstenga de estigmatizar a La Silla Vacía, a Juanita León o a cualquier periodista que investigue sus actuaciones. También le pidió al Gobierno rechazar públicamente esos señalamientos.
La FLIP solicitó además que ninguna entidad, funcionario o persona vinculada al ejercicio del poder público adopte represalias o tratamientos diferenciados contra medios por las investigaciones que publiquen. La organización convirtió así una disputa particular en una discusión sobre las condiciones generales para ejercer periodismo frente al poder.
El Gobierno de De la Espriella queda entonces ante una disyuntiva institucional que trasciende la disputa personal entre Suárez y León: permitir que las controversias con la prensa se desarrollen mediante respuestas públicas, datos y rectificaciones, o tolerar una dinámica en la que los medios que investigan al poder sean caracterizados como adversarios. La FLIP ya dejó planteada su posición: la relación entre Gobierno y prensa no debería organizarse bajo la lógica de medios “amigos” y “enemigos”.
Lo que empezó como una discusión sobre el contenido y la frecuencia de las investigaciones de La Silla Vacía terminó involucrando a una organización dedicada a defender la libertad de prensa y abrió un debate mayor sobre la relación entre el nuevo Gobierno y los medios. La pregunta que queda ya no es solamente si las investigaciones sobre Carlos Suárez son acertadas o cuestionables, sino cuáles deben ser los límites de la respuesta de quienes ejercen poder cuando son sometidos al escrutinio periodístico.
