El nombramiento de Adela Maestre Cuello como viceministra de Relaciones Exteriores plantea una pregunta sobre la coherencia de los criterios con los que el presidente Abelardo de la Espriella conforma su equipo: ¿cómo conciliar el discurso contra las «roscas» con una designación que vincula a una funcionaria de alto nivel con uno de sus adversarios políticos?
Maestre asumió el cargo el 15 de octubre, según informó la Cancillería. Abogada y diplomática, llega a la segunda posición de la cartera después de ocupar diferentes responsabilidades en el sector público y en escenarios internacionales. Su trayectoria incluye la embajada de Colombia en Paraguay, el consulado general en Santiago de Chile y funciones relacionadas con la integración regional.
El nombramiento tiene una particularidad política: Adela Maestre Cuello es prima hermana de Alfredo «Ape» Cuello Baute, representante a la Cámara por el Partido Conservador y dirigente político del Cesar con quien De la Espriella protagonizó un enfrentamiento público durante la campaña presidencial.
La relación familiar no constituye por sí misma una irregularidad ni demuestra que el congresista haya intervenido en la designación. Sin embargo, adquiere relevancia en el contexto de las declaraciones del mandatario contra las redes de influencia política y de las decisiones de su administración sobre funcionarios vinculados al Gobierno de Gustavo Petro.
El 13 de octubre, dos días antes de que Maestre asumiera la Vicecancillería, De la Espriella reiteró su compromiso con la transparencia en los procesos de selección. «Se acabaron las roscas, el mérito será la regla», afirmó durante un acto en la Superintendencia de Sociedades.
El presidente sostuvo también que las decisiones debían ser transparentes y que el Gobierno tenía que poder explicar cómo se habían tomado. Su mensaje fue presentado como parte de una política para impedir que los cargos y las decisiones públicas favorecieran intereses particulares.
Ese discurso contrasta con las controversias que acompañaron las primeras semanas de su administración. En agosto, varios nombramientos fueron reversados, frenados o terminaron en renuncias después de que se revisaran los antecedentes laborales y los vínculos de los candidatos con la administración anterior.
El diario El Colombiano documentó cuatro casos de personas que iban a ingresar al Gobierno y quedaron por fuera después de las revisiones. Los episodios incluyeron designaciones que no prosperaron y funcionarios que debieron abandonar sus aspiraciones a ocupar determinados cargos.
La revisión de antecedentes fue presentada como una medida para evitar que llegaran a la administración personas cuyas actuaciones anteriores resultaran incompatibles con los principios y lineamientos del nuevo Ejecutivo. No obstante, los casos también abrieron preguntas sobre el peso que debía tener la trayectoria profesional frente a la historia política o laboral de los candidatos.
Uno de los problemas de ese criterio aparece cuando haber trabajado durante una administración se convierte, por sí solo, en una señal negativa. La experiencia en el Gobierno Petro no demuestra necesariamente afinidad ideológica con el expresidente ni implica que un funcionario haya participado en decisiones cuestionables.
Para evaluar cada caso es necesario distinguir entre el desempeño profesional, la militancia política, las posiciones públicas, los posibles conflictos de interés y las actuaciones que puedan comprometer la idoneidad para un cargo. Sin esa diferenciación, la revisión de antecedentes puede confundirse con una depuración basada en la procedencia política.
En ese escenario, el nombramiento de Maestre introduce una comparación inevitable. Mientras algunos aspirantes fueron apartados o descartados por sus antecedentes en el Gobierno anterior, una funcionaria con un vínculo familiar con un adversario del presidente llegó a una de las posiciones de mayor responsabilidad en la Cancillería.
La comparación, sin embargo, no significa que ambos grupos deban recibir el mismo tratamiento. La pertenencia a una familia política y el desempeño profesional durante una administración son circunstancias distintas. Ninguna de las dos debería sustituir la evaluación individual de las capacidades, los antecedentes y la idoneidad de una persona.
La pregunta central es si el Gobierno aplicó criterios uniformes y verificables en todos los casos. Si Maestre fue seleccionada por su experiencia y sus capacidades, la administración debería poder explicar cuáles fueron los elementos de su hoja de vida que sustentaron la decisión, de la misma manera que tendría que justificar por qué descartó a otros candidatos.
El antecedente político entre el presidente y Ape Cuello hace más visible el interrogante. Durante la campaña, De la Espriella rechazó públicamente cualquier acercamiento con el congresista y cuestionó su influencia en el Cesar. También negó que existiera una alianza política entre ambos.
En mayo, el entonces candidato lanzó críticas contra el representante conservador y afirmó: «Ya basta de robarse al Cesar». Se trató de una acusación política formulada por De la Espriella, no de una conclusión judicial demostrada por esa declaración.
Posteriormente, cuando circularon versiones sobre un supuesto respaldo de Cuello a su candidatura para la segunda vuelta, De la Espriella rechazó la posibilidad de una relación política entre los dos. Esos antecedentes convierten el parentesco de Maestre en un dato relevante para examinar la coherencia de los mensajes del presidente, aunque no prueban que el congresista haya participado en el nombramiento.
La distinción es fundamental. No sería riguroso afirmar que Maestre representa una cuota de Ape Cuello sin evidencia de una recomendación, una gestión o un acuerdo. Tampoco sería válido cuestionar su capacidad para ejercer el cargo únicamente por pertenecer a una familia con presencia en la política regional.
La controversia debe centrarse, por tanto, en el procedimiento y las razones de la designación. ¿Quién propuso su nombre? ¿Qué criterios se evaluaron? ¿Qué experiencia específica se consideró determinante para ocupar la Vicecancillería? ¿Hubo recomendaciones de dirigentes políticos? Son preguntas que pueden resolverse con información oficial y no solo a partir de las relaciones familiares.
También resulta pertinente conocer si el Gobierno distingue entre los funcionarios que ocuparon cargos técnicos durante la administración Petro y quienes tuvieron responsabilidades de dirección política o participaron activamente en las decisiones del anterior Ejecutivo. Esa diferencia ayudaría a establecer si las salidas obedecieron a razones profesionales, políticas o a una combinación de factores.
La Cancillería, por su parte, destacó la experiencia jurídica, diplomática e internacional de Maestre. Su trayectoria ofrece elementos profesionales para evaluar la designación, aunque la información sobre su carrera no responde por sí sola a las preguntas sobre el procedimiento que llevó a su nombramiento.
La llegada de Maestre ocurre, además, en un momento en el que la política exterior colombiana atraviesa cambios importantes. El Gobierno ha buscado fortalecer las relaciones con Israel y ha anunciado el retiro de Colombia del Grupo de La Haya. La Vicecancillería tendrá responsabilidades en la ejecución de esa orientación, por lo que la selección de sus directivos también tiene relevancia política.
El caso se suma a otros nombramientos del Gobierno que han despertado cuestionamientos por vínculos personales, profesionales o familiares. En agosto, por ejemplo, la designación de Yoly Beatriz Illidge, primera esposa del presidente, como superintendente delegada para el Notariado generó debate público. La existencia de una relación personal no demuestra automáticamente una irregularidad, pero hace especialmente importante explicar los criterios de selección y las salvaguardas frente a posibles conflictos de interés.
La discusión sobre los nombramientos no se resuelve con la afirmación de que el parentesco no debe impedir el acceso al servicio público. Tampoco se resuelve excluyendo automáticamente a personas que trabajaron con un gobierno anterior. El principio de mérito exige evaluar capacidades, experiencia, requisitos legales y posibles incompatibilidades mediante criterios consistentes y susceptibles de verificación.
Por eso, el nombramiento de Adela Maestre Cuello no demuestra por sí solo que De la Espriella haya incumplido su promesa de acabar con las «roscas». Sí ofrece un caso concreto para examinar cómo aplica el Gobierno esa promesa cuando las relaciones familiares y las diferencias políticas se cruzan con la selección de altos funcionarios.
La respuesta dependerá de los hechos que puedan establecerse sobre el proceso. Si hubo una evaluación profesional documentada y no existió intervención política indebida, el parentesco no sería suficiente para cuestionar la designación. Si, por el contrario, se demuestra que operaron recomendaciones o acuerdos ajenos a los criterios anunciados por el Gobierno, el caso adquiriría otra dimensión.
Hasta ahora, la información disponible permite establecer el nombramiento, la trayectoria de Maestre, su parentesco con Ape Cuello y los enfrentamientos públicos entre el congresista y el presidente. No permite afirmar que el representante haya gestionado la designación ni que exista una irregularidad administrativa.
El reto para la administración de De la Espriella consiste en demostrar que el mérito es un criterio aplicado de manera uniforme, incluso cuando las relaciones familiares o las afinidades políticas no coinciden con las preferencias del mandatario. En esa prueba, la transparencia del procedimiento será tan importante como la hoja de vida de la funcionaria.
