La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió el occidente de Colombia enfrenta cuestionamientos por la demora en la puesta en marcha del Fondo Milagro, el mecanismo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella para financiar la recuperación de las comunidades damnificadas. Más de dos meses después de la emergencia, el fondo apenas celebró su primera reunión, de acuerdo con lo informado el 15 de octubre por su gerente, Jaime Uribe, ante el Congreso.
El dato vuelve a poner en discusión la distancia entre los anuncios del Gobierno y la ejecución de las medidas para atender a las víctimas. El Fondo Milagro fue presentado como una herramienta central para canalizar recursos hacia la reconstrucción de viviendas, la recuperación de infraestructura y la atención de las familias que perdieron sus hogares. Sin embargo, la información conocida hasta ahora muestra que su puesta en funcionamiento se ha extendido durante semanas.
La demora fue documentada por El País en un reportaje publicado el 10 de octubre, cuando se cumplieron dos meses del terremoto. La investigación describió dificultades administrativas, recursos pendientes de transferencia y una estructura de dirección que todavía no había comenzado a operar plenamente. Cinco días después, la declaración de Uribe ante el Congreso aportó un nuevo dato sobre el estado del mecanismo: su primera reunión se realizó el 15 de octubre.
El presidente De la Espriella anunció la creación del Fondo Milagro dos días después del terremoto. El propósito era concentrar recursos y coordinar las acciones de reconstrucción en los departamentos afectados. La magnitud de la emergencia exigía una respuesta que combinara atención inmediata, soluciones habitacionales, recuperación de servicios públicos y reparación de infraestructura. No obstante, el funcionamiento del instrumento anunciado por el Gobierno se convirtió en uno de los principales interrogantes sobre la respuesta institucional.
Uno de los puntos más sensibles es la diferencia entre el dinero anunciado y los recursos efectivamente disponibles para ejecutar las obras. El fondo tenía inicialmente asignados 624.600 millones de pesos, pero esos recursos todavía no habían sido transferidos en las condiciones descritas por el medio, debido a la falta del mecanismo fiduciario. La cifra refleja la dimensión financiera del anuncio, pero no debe confundirse con dinero ya desembolsado o invertido en la reconstrucción.
El 6 de octubre, durante una visita a Pereira, el mandatario aseguró que el fondo estaba listo. Para entonces, se había firmado una fiducia con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fiducoldex, seleccionada por el Ministerio de Hacienda para administrar los recursos. Sin embargo, el reportaje señaló que todavía había asuntos administrativos por resolver y que el fondo no había alcanzado una operación plena.
La administración fiduciaria también tiene un costo. De acuerdo con El País, se estimaba en alrededor de 3.500 millones de pesos anuales. La contratación de una fiduciaria puede ser necesaria para administrar recursos públicos bajo determinadas condiciones, pero el gasto adquiere especial relevancia en una emergencia en la que miles de familias esperan soluciones. La cuestión no es únicamente cuánto cuesta administrar el fondo, sino qué garantías existen para que los recursos se ejecuten oportunamente, con controles y resultados verificables.
Otro de los asuntos pendientes era la conformación de la dirección del Fondo Milagro. El presidente había anunciado a Jaime Uribe como gerente nacional desde agosto, pero el reportaje indicó que no se había posesionado al momento de su publicación. También señaló que el consejo directivo, previsto con ocho integrantes, todavía no había tomado posesión.
El consejo directivo tendría entre sus responsabilidades escoger una firma internacional para realizar una auditoría independiente sobre el uso de los recursos. Esa tarea es relevante porque la reconstrucción exige mecanismos de vigilancia capaces de establecer cuánto dinero se compromete, cuánto se paga, qué obras se ejecutan y cuáles son sus resultados. Sin información pública y periódica sobre esos aspectos, será difícil evaluar si el Fondo Milagro cumple los objetivos con los que fue anunciado.
La falta de claridad sobre la operación también afecta la posibilidad de hacer seguimiento a los compromisos regionales. El Gobierno había anunciado responsables para coordinar las labores en Valle del Cauca, Risaralda y Chocó. Según El País, Juan Manuel Muñoz fue designado para el Valle del Cauca; Ana María Cuartas, para Risaralda; y Leonidas Tobón, para Chocó. Al momento del reportaje, ninguno había podido posesionarse formalmente en esa función.
La situación plantea preguntas sobre la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades de los territorios afectados. La reconstrucción requiere establecer prioridades, definir responsables, organizar la contratación y articular los recursos nacionales con las necesidades de los municipios. Cuando las funciones administrativas no están claras o las instancias encargadas de tomar decisiones no han comenzado a operar, se dificulta conocer quién responde por los retrasos y qué entidad debe resolver los obstáculos.
Los problemas descritos no se limitan al funcionamiento administrativo del Fondo Milagro. En Cali, el reportaje registró el inicio de la demolición de 60 inmuebles afectados, financiada por la Alcaldía con recursos distritales y del Consorcio para la Reconstrucción de Colombia. Cada demolición tenía un costo estimado de entre 700 y 2.000 millones de pesos. Aunque esas intervenciones representaban acciones concretas, la atención de las edificaciones comprometidas era apenas una parte de las necesidades de recuperación.
En materia de vivienda, El País informó que se habían entregado diez unidades, mientras unas 9.000 familias estaban clasificadas en riesgo máximo por la pérdida de sus hogares. El medio también señaló que el proyecto para reconstruir 800 casas en El Cairo, Valle del Cauca, y las iniciativas de acueducto y alcantarillado en Buenaventura todavía no habían iniciado reuniones formales. Estos datos evidencian la dimensión de las tareas pendientes y la necesidad de convertir los anuncios de inversión en proyectos con cronogramas y responsables definidos.
En Risaralda, durante su visita a Pereira, De la Espriella reconoció los retrasos y los atribuyó a la lentitud del Estado y a la situación que, según su versión, había recibido de la administración anterior. Mientras se organizaba el Fondo Milagro, iniciativas privadas como Prorisaralda y organizaciones como el Banco de Alimentos y Cáritas habían comenzado a apoyar proyectos y a atender directamente a las personas afectadas. La participación de estas entidades muestra que la respuesta a la emergencia no dependía exclusivamente del mecanismo anunciado por el Ejecutivo.
En Chocó, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres había comenzado a pagar apoyos económicos el 11 de septiembre y había enviado materiales de construcción y maquinaria, según el reportaje. En Quibdó se había entregado la primera casa de un programa de 500 viviendas impulsado mediante una alianza entre el sector privado y el Estado. Sin embargo, los proyectos viales anunciados como parte del llamado «Plan Marshall» todavía no estaban definidos ni tenían responsables asignados.
El reportaje también recogió advertencias de la Procuraduría sobre las familias que quedaron fuera del registro de damnificados después del cierre de las inscripciones. Algunas de ellas seguían reparando sus viviendas con recursos propios. La exclusión de familias de los registros oficiales puede dificultar el acceso a los apoyos y agravar las condiciones de quienes no cuentan con medios para recuperar sus hogares. Por eso, además de la ejecución presupuestal, la respuesta estatal debe garantizar que los censos reflejen adecuadamente a las personas afectadas.
En ese contexto, el Fondo Milagro enfrenta una doble exigencia: demostrar que puede movilizar los recursos anunciados y asegurar que las ayudas lleguen a quienes las necesitan. Para responder a la primera, el Gobierno tendría que informar sobre las transferencias, las decisiones administrativas y los contratos. Para responder a la segunda, debería presentar resultados verificables en materia de viviendas reconstruidas, infraestructura recuperada y familias atendidas.
También resulta necesario precisar qué ocurrió durante la primera sesión. La información suministrada por Jaime Uribe ante el Congreso, según la cual el fondo se reunió por primera vez ese día, permite establecer un hito en su funcionamiento. Sin embargo, sin conocer el orden del día, las decisiones adoptadas, los compromisos fijados y las fechas previstas para ejecutarlos, no es posible concluir que la reunión haya resuelto los problemas descritos en los días anteriores.
La transparencia será determinante para establecer el alcance real de los avances. Una publicación periódica de los recursos disponibles, los pagos realizados, los proyectos aprobados y el estado de cada obra permitiría comparar las promesas oficiales con los resultados. También facilitaría identificar si las demoras obedecen a trámites administrativos, problemas de contratación, falta de coordinación entre entidades u otros obstáculos. Sin esa información, las explicaciones sobre el estado del fondo seguirán dependiendo de anuncios aislados.
El costo de los retrasos recae sobre comunidades que necesitan recuperar sus viviendas, servicios públicos y medios de vida. Aunque algunas alcaldías y organizaciones privadas han adelantado intervenciones, las necesidades descritas por El País superan las acciones puntuales. El Fondo Milagro fue anunciado precisamente como un instrumento para concentrar recursos y coordinar la reconstrucción; por eso, su desempeño debe evaluarse a partir de su capacidad de producir resultados y no únicamente de su creación o de las reuniones de sus responsables.
Más de dos meses después del terremoto, la principal pregunta es cuánto ha avanzado la reconstrucción con los recursos que el Gobierno anunció para ese propósito. La primera reunión del Fondo Milagro, reportada el 15 de octubre, actualiza la cronología de su puesta en marcha, pero deja abiertas preguntas sobre la ejecución financiera, la estructura administrativa y el inicio de los proyectos pendientes. Esos datos serán necesarios para determinar si el mecanismo comienza a responder a la emergencia o si persisten las dificultades señaladas en el reportaje.
Por ahora, la información publicada por El País el 10 de octubre y el dato posterior aportado por Uribe ante el Congreso permiten documentar un proceso de puesta en marcha que se prolongó durante más de dos meses. La evaluación definitiva requiere conocer las decisiones de la primera reunión y comprobar si los recursos anunciados se traducen en obras y ayudas efectivas. En una emergencia de esta magnitud, el indicador decisivo no es cuántas veces se anuncia un fondo, sino cuándo empieza a resolver las necesidades de las familias damnificadas.
