El nombramiento de Hatem Eduardo Dasuky Quiceno como asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes abrió una controversia sobre los criterios que aplica el Gobierno para seleccionar a sus funcionarios, después de que se conociera que el exdiplomático enfrenta un proceso penal por presuntos delitos sexuales.
La designación fue formalizada por la ministra Paola Holguín mediante la Resolución 0592 del 22 de septiembre de 2026. Dasuky asumió como asesor grado 12 del despacho ministerial y, según las publicaciones periodísticas que revelaron el caso, quedó encargado de coordinar el Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales de la entidad.
La controversia se hizo pública el 20 de octubre, cuando el medio El Armadillo divulgó información sobre el proceso judicial que afronta el funcionario. Dos días después, CAMBIO publicó nuevos detalles sobre la designación, las actuaciones judiciales y la respuesta de la cartera.
El proceso penal se relaciona con hechos que habrían ocurrido en 2019, cuando Dasuky se desempeñaba como ministro consejero de la Embajada de Colombia en Santiago de Chile. La Fiscalía le atribuye presuntas conductas contra Bianca Hincapié, quien trabajaba en esa misión diplomática.
De acuerdo con el escrito de acusación citado por CAMBIO, las conductas investigadas habrían incluido comentarios de contenido sexual, presiones relacionadas con la relación laboral y un presunto contacto físico de carácter sexual sin consentimiento. Estas afirmaciones corresponden a los hechos expuestos por la Fiscalía y deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
La Fiscalía le imputó formalmente los presuntos delitos de acto sexual violento en concurso con acoso sexual el 1 de agosto de 2024. Dasuky no aceptó los cargos, y el proceso fue asignado al Juzgado 43 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.
La actuación judicial avanzó hasta la etapa preparatoria, que precede al juicio oral y en la que se define, entre otros asuntos, cuáles pruebas podrán ser presentadas ante el juez. Según la información publicada por CAMBIO, la audiencia preparatoria más reciente reportada se realizó el 20 de octubre de 2026.
Hasta la fecha de las publicaciones consultadas no se había informado de una sentencia condenatoria contra Dasuky. Por ello, las acusaciones deben presentarse como parte de un proceso en curso y no como hechos cuya responsabilidad penal ya haya sido establecida.
La respuesta del Ministerio
Ante las preguntas sobre el nombramiento, el Ministerio de las Culturas afirmó que no había sido notificado de ninguna decisión judicial relacionada con el caso que le impidiera a Dasuky acceder al cargo o ejercer sus funciones.
La cartera también invocó la presunción de inocencia y el derecho al trabajo del funcionario mientras no exista una sentencia que establezca su responsabilidad. La respuesta situó la defensa de la designación en el ámbito de las restricciones legales conocidas por la entidad.
Sin embargo, la controversia no se limita a determinar si existe una prohibición judicial para ocupar el cargo. También plantea preguntas sobre los criterios de idoneidad, la evaluación de antecedentes judiciales y la responsabilidad institucional al realizar nombramientos en puestos de confianza.
Una relación profesional previa
La trayectoria de Dasuky incluye cargos en el servicio exterior colombiano y actividades de comunicación política. Fue cónsul general en Montreal y ocupó posiciones diplomáticas en Chile y El Salvador. También trabajó en la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe y participó en actividades relacionadas con el Centro Democrático.
Su relación profesional con Paola Holguín antecede al nombramiento. Ambos estudiaron Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y coincidieron en su trayectoria dentro del sector público durante el gobierno de Uribe.
Estos antecedentes permiten contextualizar la relación entre la ministra y su asesor, pero no demuestran por sí solos que la designación haya sido irregular. La discusión sobre el nombramiento depende también de los requisitos del cargo, las decisiones administrativas adoptadas y los criterios que la entidad utilizó para evaluar la situación judicial del funcionario.
La intervención de la Defensoría del Pueblo
El debate tomó una nueva dimensión el 22 de octubre, cuando la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional y a las entidades estatales revisar nombramientos y posibles vinculaciones de personas mencionadas en denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias contra las mujeres.
La entidad se refirió a varios casos conocidos públicamente, entre ellos el de un asesor del Ministerio de las Culturas que enfrenta un proceso penal por hechos presuntamente ocurridos durante su labor diplomática en Chile. También mencionó otras designaciones y posibles vinculaciones en entidades estatales.
La Defensoría aclaró que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y que la presunción de inocencia debe ser respetada. No obstante, sostuvo que ese principio no exime al Estado de actuar con debida diligencia al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública.
Entre sus recomendaciones, pidió establecer criterios claros, públicos y consistentes que tengan en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, el estado de las actuaciones judiciales, la naturaleza del cargo, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes.
El pronunciamiento abrió una discusión sobre la manera en que las instituciones deben equilibrar las garantías individuales de los funcionarios con sus responsabilidades de prevención y protección. La revisión de un nombramiento no equivale a declarar culpable a una persona, así como la presunción de inocencia no impide examinar los criterios administrativos utilizados para designarla.
Las preguntas que quedan abiertas
El caso de Dasuky deja planteados varios interrogantes sobre el procedimiento de selección. Entre ellos, qué información conocía el Ministerio antes de expedir la resolución, qué criterios aplicó para evaluar la situación y si consideró posibles riesgos institucionales relacionados con el cargo.
También está pendiente conocer si el Gobierno adoptará medidas adicionales tras el llamado de la Defensoría y si la cartera publicará información más detallada sobre los procedimientos de verificación que utiliza para nombrar asesores y otros funcionarios de confianza.
Por ahora, los hechos verificables son la designación del exdiplomático, la existencia de un proceso penal en curso, la defensa pública del nombramiento por parte del Ministerio y el llamado de la Defensoría a revisar este tipo de decisiones.
La controversia, por tanto, se desarrolla en dos planos que deben mantenerse diferenciados: el judicial, en el que se determinará si existe responsabilidad penal, y el institucional, en el que se discute qué estándares de diligencia y transparencia deben orientar los nombramientos en el Estado colombiano.
