Danilo Rojas Betancourth fue elegido presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el periodo 2026-2028, luego de que la Sala Plena de la entidad definiera su elección el 20 de octubre de 2026, en una decisión que determinará quién estará al frente de la institución durante los próximos dos años.
El magistrado asumirá oficialmente el cargo el próximo 5 de noviembre, cuando reemplazará a Alejandro Ramelli Arteaga en la dirección de la jurisdicción, responsable de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, de acuerdo con las competencias establecidas en el sistema de justicia transicional.
Durante la votación, Rojas obtuvo 23 de los 38 votos posibles, resultado que le permitió imponerse frente a los otros candidatos que participaron en el proceso de elección para la presidencia de la entidad.
Los magistrados Reinere Jaramillo Chaverra y Camilo Suárez Aldana también participaron en la contienda, en la que recibieron 11 y dos votos, respectivamente, mientras que los dos sufragios restantes fueron registrados en blanco.
La elección definió el nombre de quien tendrá a su cargo la conducción institucional de la JEP durante el periodo 2026-2028, una etapa en la que la jurisdicción deberá continuar con sus actuaciones judiciales y afrontar los desafíos administrativos y financieros relacionados con el cumplimiento de su mandato.
Rojas cuenta con una trayectoria en la administración de justicia que incluye su paso por el Consejo de Estado, corporación en la que se desempeñó como magistrado y llegó a ocupar la presidencia, desde donde participó en la dirección de uno de los principales tribunales de la estructura judicial colombiana.
Su experiencia profesional también comprende el trabajo que desarrolla actualmente en la Sección de Apelación de la JEP, instancia encargada de resolver recursos y revisar determinadas decisiones judiciales adoptadas dentro de los procedimientos de la jurisdicción.
Desde esa sección, el magistrado ha participado en actuaciones relacionadas con la aplicación de las normas de justicia transicional, un campo jurídico que exige examinar las responsabilidades derivadas del conflicto armado y las condiciones establecidas para quienes comparecen ante el tribunal.
En cuanto a su formación académica, Rojas es abogado de la Universidad Libre y cuenta con estudios de posgrado en Derecho, además de formación realizada en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de Alicante, en España.
Su llegada a la presidencia se produce en un momento en el que la JEP continúa con el desarrollo de sus procesos judiciales y debe mantener la coordinación entre sus distintas salas y secciones, así como la atención a las víctimas y el seguimiento de las obligaciones de quienes comparecen ante la jurisdicción.
Uno de los asuntos que podría incidir en la gestión de la nueva presidencia es la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de la entidad, especialmente ante las proyecciones presupuestales para 2027 que han sido objeto de reportes en medios de comunicación.
Según información publicada por Caracol Radio, para ese año se proyecta una reducción presupuestal de 181.000 millones de pesos, una cifra que plantea interrogantes sobre la financiación de las actividades administrativas y judiciales de la JEP, aunque su impacto concreto deberá establecerse a partir de los documentos presupuestales correspondientes.
La disponibilidad de recursos es relevante para el desarrollo de las funciones de la jurisdicción, que debe adelantar investigaciones, tramitar procedimientos, adoptar decisiones y garantizar la participación de las víctimas dentro de los mecanismos previstos por el sistema de justicia transicional.
La JEP fue creada a partir del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, con el propósito de establecer responsabilidades por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado y contribuir a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Dentro de ese marco, la entidad ha desarrollado procesos relacionados con secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores y otros hechos graves, mediante procedimientos que contemplan la participación de comparecientes y víctimas, así como la adopción de decisiones conforme a las competencias de cada instancia.
Otro antecedente de Rojas está relacionado con el caso de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar cuya permanencia dentro de la JEP fue respaldada mediante una decisión en la que participó el magistrado como integrante de la Sección de Apelación.
Ese asunto también dio lugar a actuaciones sobre la participación de algunos integrantes de la corporación, pues la Procuraduría recusó a Rojas y a otros cuatro magistrados en relación con el proceso, un mecanismo judicial que busca determinar si existen razones para cuestionar la intervención de un funcionario en un expediente específico.
La presentación de una recusación no equivale, por sí misma, a una sanción ni constituye una declaración de responsabilidad disciplinaria o penal, por lo que cualquier referencia a ese antecedente debe distinguir entre las actuaciones procesales y las decisiones definitivas que se hayan adoptado.
Con la elección de Rojas, la JEP tendrá una nueva presidencia encargada de coordinar la gestión institucional durante los próximos dos años, mientras avanzan los procedimientos judiciales relacionados con las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado.
El inicio de su mandato también coincidirá con la preparación del siguiente año presupuestal, un factor que puede resultar determinante para la planeación administrativa de la entidad y para la organización de las actividades necesarias para cumplir con sus responsabilidades.
Además de los asuntos financieros, la nueva presidencia deberá mantener la coordinación entre las dependencias de la jurisdicción y contribuir al desarrollo de las actuaciones que se encuentran en curso, en un escenario en el que las decisiones judiciales tienen consecuencias para las víctimas, los comparecientes y las instituciones involucradas en la implementación del acuerdo de paz.
La gestión de Rojas se extenderá hasta 2028, de acuerdo con el periodo anunciado para su elección, y estará marcada por la continuidad de los procesos de justicia transicional y por las decisiones administrativas que se adopten para garantizar el funcionamiento de la institución.
Con su posesión prevista para el 5 de noviembre de 2026, Danilo Rojas Betancourth se prepara para asumir la dirección de la Jurisdicción Especial para la Paz, desde donde deberá liderar la gestión institucional en una etapa importante para el avance de los procesos judiciales relacionados con el conflicto armado colombiano.
