Un presunto caso de racismo y brutalidad policial contra un adolescente de 17 años en el CAI de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, abrió un nuevo cuestionamiento sobre los procedimientos de la Policía Metropolitana de Bogotá. Daniel Pardo, deportista y bailarín, asegura que acudió a los uniformados para pedir ayuda después de un intento de hurto, pero terminó siendo víctima de agresiones físicas y verbales.
La denuncia fue divulgada por el concejal de Bogotá José Cuesta Novoa, quien pidió la intervención de la Personería y reclamó explicaciones a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana. El caso también fue conocido por la familia del menor, que ha cuestionado la actuación de los uniformados y exige que se esclarezca lo sucedido.
Según el relato de Daniel, cuando se dirigía a entrenar fue abordado por varias personas que presuntamente intentaron robarlo. Ante esa situación, buscó ayuda de una patrulla policial, pero asegura que terminó trasladado al CAI de Patio Bonito, donde habría comenzado una serie de hechos que ahora son objeto de denuncia.
El adolescente sostiene que fue sometido a una requisa, esposado y amenazado con ser incriminado mediante la supuesta implantación de sustancias ilícitas. También afirma que recibió golpes durante su permanencia en las instalaciones policiales y que uno de los uniformados lo habría sujetado por el cuello.
En su testimonio, Daniel señaló que durante el procedimiento recibió expresiones racistas. Entre ellas, atribuyó a uno de los policías el insulto «negro hijueputa». También aseguró que otro uniformado habría advertido que no le golpearan la cara para evitar que pudiera ser reconocido y que los agentes tuvieran problemas.
La familia cuestionó además que el menor no hubiera podido comunicarse con su madre durante el tiempo que permaneció en el CAI. Deisy Córdoba, madre del adolescente, afirmó que no recibió información sobre la situación de su hijo y manifestó preocupación por el trato que habría recibido mientras estaba bajo custodia policial.
La versión del joven incluye un segundo episodio de violencia después de que salió del CAI. Según su relato, varias personas que presuntamente habían participado en el intento de hurto volvieron a perseguirlo y trataron de atacarlo con machetes y cuchillos en las inmediaciones de la instalación policial.
Daniel asegura que los uniformados no intervinieron para protegerlo durante ese nuevo episodio. En medio de la persecución, dos compañeros que intentaron defenderlo habrían resultado heridos: uno recibió un machetazo en la parte posterior del cuello y otro fue apuñalado en el pecho.
El adolescente afirmó que tuvo que escapar y esconderse entre la vegetación para evitar que lo alcanzaran. En su relato, también señaló que terminó lanzándose a un caño como parte de su huida. Estos hechos hacen parte de la versión entregada por el menor y requieren corroboración mediante testimonios, registros médicos y otros elementos de prueba.
La Policía Metropolitana entregó una explicación preliminar diferente sobre la razón por la que Daniel llegó al CAI. Según la versión divulgada por la institución a El Espectador, el adolescente habría sido llevado para un procedimiento de identificación en medio de una aparente riña y fue dejado en libertad después de que los uniformados comprobaron que era menor de edad.
La institución también indicó que a otra persona que acompañaba al joven le incautaron un arma blanca y le impusieron un comparendo. Sin embargo, esa explicación no aclara si dicha persona estaba relacionada con el presunto intento de hurto ni responde de manera detallada a los señalamientos sobre las agresiones físicas y los insultos racistas.
La diferencia entre ambas versiones se concentra, inicialmente, en las circunstancias que llevaron al adolescente al CAI. Mientras Daniel y su familia sostienen que buscó protección después de un intento de robo, la Policía afirma que el procedimiento estuvo relacionado con una aparente riña y una identificación. La institución señaló que los demás hechos denunciados estaban en proceso de verificación.
Deisy Córdoba también afirmó que uno de los policías señalados habría agredido anteriormente a su hijo por su color de piel. La madre aseguró que conserva un video de ese episodio, por lo que pidió que se examine el material y se establezca si existieron quejas previas contra el uniformado o actuaciones institucionales relacionadas con ese antecedente.
La familia manifestó que acudió a la Personería de Bogotá para dejar constancia de lo ocurrido. Por su parte, José Cuesta solicitó públicamente que el organismo conozca el caso y adelante las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias. Hasta la información localizada para esta nota, no se había confirmado públicamente la apertura de una investigación disciplinaria ni la adopción de medidas concretas por parte de esa entidad.
En cuanto a la Fiscalía, la familia preparaba la documentación para llevar el caso ante ese organismo. No se había confirmado una denuncia penal formalmente radicada ni la apertura de una investigación. Por esa razón, no es posible presentar como un hecho que la Fiscalía ya esté investigando a los policías señalados.
El concejal José Cuesta calificó como inadmisible que un joven que busca protección termine, presuntamente, enfrentando golpes, amenazas y expresiones racistas por parte de quienes tienen el deber de garantizar sus derechos. El cabildante también relacionó la denuncia con otro caso de violencia que mencionó como antecedente y pidió que las autoridades actúen para evitar nuevas vulneraciones.
La controversia también fue abordada por Alejandro Lanz, codirector ejecutivo de Temblores ONG. El representante señaló que los procedimientos policiales deben ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, y recordó que las expresiones racistas no tienen justificación dentro de una actuación de las autoridades.
Lanz planteó que, si se confirma la existencia de una agresión anterior atribuida a uno de los uniformados, será necesario establecer si hubo una queja, quién tuvo conocimiento de ella y qué medidas se adoptaron. También señaló la importancia de revisar los registros del procedimiento, los turnos de servicio, las órdenes impartidas y las grabaciones disponibles.
La familia convocó un plantón frente al CAI de Patio Bonito para exigir que se esclarezcan los hechos y se investiguen las denuncias. La movilización busca llamar la atención sobre las presuntas agresiones y los señalamientos de racismo, además de reclamar garantías para el adolescente y los otros jóvenes que habrían resultado heridos.
El caso plantea interrogantes que todavía requieren respuesta: por qué llegó Daniel al CAI, qué ocurrió durante el procedimiento, si recibió atención y protección como menor de edad y cuál fue la actuación de los uniformados ante el presunto ataque ocurrido después. También será necesario establecer si existen videos, testimonios o registros médicos que permitan contrastar las versiones.
Por ahora, los señalamientos contra los policías no constituyen responsabilidades probadas. La versión del adolescente y de su familia debe ser contrastada con los resultados de las verificaciones institucionales y las eventuales investigaciones de los organismos competentes. La Policía, a su vez, deberá ofrecer información más detallada sobre el procedimiento y responder a las denuncias que no quedaron resueltas en su explicación preliminar.
