El sistema de medios públicos de Colombia vuelve a llamarse RTVC, después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunciara el 28 de octubre la recuperación de esa denominación, que había sido reemplazada por Inravisión durante la administración anterior. La decisión, presentada en el evento ‘El resurgir de la Señal de la Patria’, abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la identidad, la independencia y la orientación editorial de la radio y la televisión estatal.
El cambio ocurre apenas siete meses después de que el Gobierno de Gustavo Petro oficializara el regreso al nombre Inravisión. En abril de 2026, la administración de Hollman Morris justificó esa decisión como una reivindicación de la memoria histórica de la entidad que operó la radio y la televisión pública entre 1963 y 2004, así como un reconocimiento a los trabajadores que hicieron parte de esa institución.
La modificación de abril no fue solamente una estrategia de comunicación. La Asamblea de Accionistas aprobó el cambio de denominación y la decisión quedó registrada ante la Cámara de Comercio. La sociedad pasó a llamarse Inravisión – Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano S.A.S., sin que se modificara su naturaleza jurídica ni su vinculación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En octubre, De la Espriella anunció que la entidad recuperaría el nombre RTVC. Durante el acto, se presentó el nuevo letrero y el mandatario sostuvo que el regreso de esa denominación representaba una recuperación de la identidad de los medios públicos. Sin embargo, el anuncio no estuvo acompañado, hasta donde se conoce, de un soporte registral que permita confirmar que la reversión del nombre ya quedó formalizada ante la Cámara de Comercio.
La sucesión de decisiones deja una pregunta: ¿los cambios obedecen a una necesidad institucional o también buscan marcar distancia política con la administración anterior? Los dos gobiernos defendieron sus respectivas decisiones apelando a la memoria, la identidad y el fortalecimiento de los medios públicos, pero cada uno escogió una marca asociada a una etapa diferente de la historia de la radiodifusión estatal.
El nombre Inravisión corresponde a una entidad pública que fue liquidada en 2004. RTVC, por su parte, es la sociedad que se constituyó ese año para asumir las funciones de radio y televisión pública. Por eso, recuperar una denominación histórica no significa que haya vuelto a existir la misma persona jurídica que operó durante cuatro décadas.
La discusión también tiene una dimensión simbólica. El Gobierno de Petro presentó Inravisión como una reivindicación de la memoria institucional, mientras que De la Espriella relacionó el regreso de RTVC con el comienzo de una nueva etapa y con la identidad que, según su discurso, debe recuperar la televisión y la radio públicas. La reversión en un periodo de siete meses refuerza la percepción de que la marca se convirtió en un escenario de disputa política.
En el lanzamiento, el presidente sostuvo que la televisión pública no debe estar al servicio del mandatario de turno, de un partido ni de una sola manera de pensar. Aseguró que los contenidos deben representar tanto a quienes respaldan al Gobierno como a quienes están en la oposición. También anunció una programación centrada en historia, producción nacional, contenidos infantiles y juveniles, deporte, cine, cultura y memoria audiovisual.
De la Espriella afirmó que Señal Colombia debe recuperar un lugar central para las producciones nacionales y la historia del país; Canal Institucional debe acercar el Estado a los ciudadanos; Radio Nacional debe fortalecer la presencia de las regiones, y Radiónica debe respaldar a los artistas que comienzan sus carreras. Para Señal Memoria anunció la restauración de más de 2.000 horas de material fílmico y para RTVC Play planteó una apuesta por el cine colombiano.
El mandatario también aseguró que los medios públicos no deben convertirse en instrumentos de promoción política ni de adoctrinamiento. Sin embargo, sus declaraciones incluyeron una posición sobre contenidos que denominó «ideología de género», al afirmar que su Gobierno no permitirá que esa perspectiva llegue a niños y jóvenes a través de la televisión pública. Esa afirmación plantea interrogantes sobre cómo se definirán los límites editoriales y quién determinará qué contenidos responden al interés público.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el evento fue la intervención de Carlos Suárez, estratega de la campaña presidencial y presidente de la junta directiva de Ecopetrol. Aunque no se anunció un nombramiento suyo en RTVC, Suárez habló sobre la orientación cultural que, a su juicio, debería tener la nueva etapa de los medios públicos.
En una conversación con una periodista del sistema, a quien le preguntaron cómo hacer una «batalla cultural» desde esos medios, Suárez respondió que se trataba de «dejar la vergüenza» y hablar de Dios, valores, empresa, generación de riqueza y de la búsqueda de un mundo mejor para los hijos. Luego afirmó: «Ahora a través de las pantallas de RTVC tenemos la libertad de hacerlo».
La declaración genera una pregunta institucional: ¿qué papel desempeña Suárez en la definición de la estrategia de RTVC? Su cargo público conocido es el de presidente de la junta directiva de Ecopetrol, empresa estatal en la que participa como miembro de su órgano de administración. No se ha acreditado que tenga un cargo directivo o administrativo en RTVC ni que haya sido designado para decidir sobre su programación.
La estructura de RTVC establece competencias para sus órganos de dirección y para la Gerencia. De acuerdo con el organigrama institucional, la Gerencia General dirige la administración y ejecuta las decisiones de la Junta Directiva, mientras que la Subgerencia de Televisión tiene funciones relacionadas con el diseño y la definición de contenidos y programación de los canales, con base en las políticas institucionales y los estudios de audiencia.
Por tanto, las declaraciones de Suárez no equivalen a una decisión administrativa ni demuestran que tenga facultades para aprobar o vetar programas. Su cercanía política con el presidente y su intervención en el lanzamiento pueden darle influencia en el debate sobre la orientación del sistema, pero no sustituyen las competencias que corresponden a los órganos y funcionarios formalmente responsables.
El asunto adquiere otra dimensión cuando Suárez habla de utilizar las pantallas de RTVC para promover mensajes sobre Dios y determinados valores. Colombia es un Estado laico desde la Constitución de 1991, que reconoce la libertad de conciencia y establece que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. La laicidad no significa que la religión deba desaparecer de la conversación pública, sino que el Estado debe mantener neutralidad frente a las distintas creencias.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-059 de 2024, reiteró que el principio de laicidad implica separación entre el Estado y las iglesias, así como neutralidad frente a las distintas religiones. La jurisprudencia señala que las autoridades no pueden adoptar políticas cuyo propósito o efecto principal sea promover, patrocinar o beneficiar a una confesión particular en detrimento de las demás.
Esto no impide que RTVC informe sobre las religiones, produzca documentales sobre sus tradiciones, cubra celebraciones o abra espacios para que las comunidades expresen sus creencias. Esas actividades pueden hacer parte de una programación cultural, periodística y educativa. La dificultad aparece cuando un medio financiado con recursos públicos se plantea como instrumento para promover una fe o una determinada visión religiosa.
La diferencia está entre dar espacio al fenómeno religioso y asumir una misión de promoción religiosa. Una programación plural puede incluir voces católicas, evangélicas, judías, musulmanas y de otras confesiones, así como perspectivas ateas y agnósticas. Pero la neutralidad institucional exige que ninguna de esas posiciones sea presentada como la doctrina oficial del Estado ni reciba un privilegio injustificado.
Por eso, las palabras de Suárez no prueban que RTVC vaya a convertirse en un medio de difusión religiosa, pero sí abren una discusión sobre los criterios que orientarán sus contenidos. La pregunta no es si el estratega político puede hablar de Dios, pues está amparado por su libertad de expresión, sino si esa visión será trasladada a la programación institucional y bajo qué garantías de pluralismo y libertad de conciencia.
El debate sobre la nueva etapa también pasa por la participación de influenciadores y creadores de contenido cercanos al Gobierno. En su intervención, Suárez defendió el uso de formatos digitales y afirmó que se necesitan «reels, fotos, más influencers», al considerar que las redes sociales y los teléfonos celulares son escenarios centrales de la comunicación actual.
La presencia de creadores de contenido en un medio público no es, por sí misma, irregular. Las entidades estatales pueden contratar servicios de producción audiovisual, comunicación digital, divulgación y otras actividades relacionadas con sus funciones. La discusión está en la justificación de esos contratos, los procedimientos de selección, la experiencia de los contratistas, los productos entregados y la relación entre el objeto contractual y la misión institucional.
Una investigación de La Silla Vacía publicada el 6 de octubre informó que dos creadoras de contenido identificadas con la campaña de De la Espriella, Stefany Forero Amaya y Alejandra Montes Rojas, habían firmado contratos con Inravisión, como se denominaba entonces el sistema de medios públicos. El medio reportó que ambas habían participado en actividades digitales de respaldo al mandatario y que fueron invitadas a su posesión.
Según la información consultada por ese medio en el Secop, Forero firmó el 22 de septiembre un contrato por 15.906.053 pesos, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, para actividades relacionadas con el ecosistema digital de la entidad. La investigación indicó que el valor mensual equivalía aproximadamente a 4,8 millones de pesos.
En el caso de Montes, La Silla Vacía informó que suscribió el 25 de septiembre un contrato por 16.816.163 pesos, también hasta el 31 de diciembre. El objeto estaba relacionado con la realización audiovisual de contenidos de acuerdo con las necesidades del ecosistema digital de Inravisión. El medio señaló que su experiencia como creadora de contenido en favor de De la Espriella hizo parte de su trayectoria.
Esos datos permiten documentar la existencia de los contratos y la relación política que el medio periodístico describió entre las creadoras y el actual Gobierno. Sin embargo, por sí solos no demuestran que los contratos sean ilegales, que no se hayan ejecutado o que los productos no correspondan a las necesidades de la entidad. Para establecerlo sería necesario examinar los estudios previos, las obligaciones específicas, los informes de supervisión y los entregables.
La investigación también recordó que durante el Gobierno de Gustavo Petro hubo influenciadores cercanos al oficialismo que obtuvieron contratos en RTVC y otras entidades estatales. Entre los nombres mencionados en el debate público han estado creadores que respaldaban al entonces presidente y que participaron en estrategias de comunicación digital. La comparación plantea una pregunta sobre la continuidad de una práctica, aunque no significa que todos los contratos tengan el mismo objeto, valor o condiciones.
La discusión no debería reducirse a establecer si los contratistas simpatizan con el Gobierno de turno. El punto central es si los recursos públicos se destinan a servicios necesarios, si la selección se realiza con criterios verificables y si los contenidos cumplen una finalidad de servicio público, en lugar de favorecer la imagen de un mandatario, un partido o un movimiento político.
En el lanzamiento, Suárez también habló de una «batalla cultural» relacionada con la patria, la seguridad, la vida, la familia, la empresa y los valores. La expresión tiene una connotación política y cultural que merece ser examinada en el contexto de un sistema público cuya audiencia está integrada por ciudadanos con posiciones ideológicas, convicciones religiosas y formas de vida diferentes.
La nueva administración, por su parte, ha insistido en que RTVC no será un instrumento de propaganda. De la Espriella anunció una revisión de la contratación heredada y cuestionó que durante el último año de la administración anterior se hubieran firmado 1.051 contratos por más de 100.000 millones de pesos. También señaló que 87 de ellos se suscribieron entre el 6 y el 7 de agosto, en los últimos días del Gobierno anterior.
Esas cifras corresponden a afirmaciones del presidente sobre la contratación que su administración decidió revisar. La existencia de un volumen elevado de contratos o su suscripción al final de un periodo de Gobierno no demuestra automáticamente una irregularidad. Para establecer responsabilidades se requiere revisar cada proceso, sus justificaciones, la ejecución y los hallazgos de los organismos de control.
La administración de RTVC ya había anunciado en agosto una revisión de contratos y convenios, así como cambios en la programación. En septiembre informó sobre la terminación anticipada de algunos contratos de prestación de servicios, entre ellos los relacionados con actividades periodísticas, presentación y gestión de contenidos digitales. La entidad sostuvo que esas decisiones respondían a una reorganización de su modelo de operación y que trasladaría información a las autoridades competentes cuando correspondiera.
La revisión de la contratación es una función legítima de una nueva administración, pero debe realizarse con criterios objetivos y sin convertir la auditoría en una herramienta para perseguir a quienes tuvieron vínculos con el Gobierno anterior. De la misma manera, los contratos celebrados por la administración actual deben estar sujetos a los mismos estándares de transparencia, necesidad, idoneidad y rendición de cuentas.
En ese sentido, la presencia de influenciadores cercanos al nuevo Gobierno en el lanzamiento y la existencia de contratos con creadoras que respaldaron la campaña hacen necesario examinar el modelo que se está construyendo. La pregunta es si RTVC repetirá la contratación de figuras digitales vinculadas al oficialismo, ahora con una orientación política distinta, o si establecerá reglas claras que garanticen independencia y pluralidad.
Una política de contratación transparente debería permitir conocer quiénes son los contratistas, qué experiencia acreditan, qué actividades deben realizar, cuánto cuestan los servicios y cuáles fueron los productos entregados. También debería explicar cómo se seleccionan los perfiles y qué mecanismos impiden que los contratos se utilicen para financiar propaganda política o premiar respaldos electorales.
La independencia editorial tampoco se garantiza únicamente con declaraciones presidenciales. Requiere procedimientos, responsabilidades institucionales, criterios de selección de contenidos y protección para los equipos periodísticos y de producción. También supone que las voces críticas puedan participar, que la oposición tenga acceso a los espacios de deliberación y que la información no se subordine a la conveniencia del Gobierno.
La experiencia reciente de RTVC bajo la administración de Petro estuvo marcada por cuestionamientos sobre el pluralismo, la línea editorial y la contratación de creadores de contenido cercanos al oficialismo. Organizaciones y periodistas formularon denuncias sobre presuntas presiones y sesgos, mientras que la nueva administración ha anunciado investigaciones y revisiones. Esas controversias deben tratarse como denuncias y actuaciones sujetas a verificación, no como responsabilidades establecidas de manera automática.
El Gobierno de De la Espriella tiene ahora la oportunidad y la obligación de demostrar que aplicará los principios que dice defender. Si cuestiona la contratación de influenciadores del anterior Gobierno, deberá explicar también los criterios que justifican la contratación de creadores cercanos al actual. Si rechaza que RTVC sea una herramienta de propaganda, tendrá que garantizar que sus contenidos no se conviertan en una plataforma de promoción de su propia agenda política o cultural.
La misma exigencia se aplica a la orientación religiosa. Un medio público puede dar cabida a las expresiones de fe y a los debates sobre religión, pero debe hacerlo sin adoptar una creencia como identidad institucional. La libertad religiosa protege tanto a quienes quieren expresar su fe como a quienes no profesan ninguna. El pluralismo no consiste en reemplazar una voz dominante por otra, sino en garantizar que ninguna tenga privilegios por su cercanía al poder.
También será necesario aclarar qué papel tendrá Carlos Suárez en esta transformación. Su condición de presidente de la junta directiva de Ecopetrol no le otorga automáticamente atribuciones sobre RTVC. Si participa en la formulación de políticas o en decisiones de programación, el Gobierno y la entidad deberían explicar bajo qué figura, con qué competencias y con qué límites institucionales.
La pregunta sobre el nombre, por tanto, es apenas el comienzo. La recuperación de RTVC puede presentarse como una decisión de identidad y memoria institucional, pero la sucesión de dos cambios en siete meses obliga a examinar su dimensión política y los costos que pudo implicar. La entidad debería precisar si la reversión ya fue formalizada, qué trámites se requieren y cuánto cuesta modificar nuevamente su marca, documentos, plataformas y elementos institucionales.
En última instancia, la legitimidad de esta nueva etapa no dependerá del nombre que aparezca en la fachada ni de los mensajes pronunciados durante un lanzamiento. Dependerá de que la programación responda al interés general, de que los recursos públicos se contraten con transparencia y de que las decisiones editoriales no estén sometidas a los intereses de un partido, un Gobierno, una corriente ideológica o una confesión religiosa.
RTVC vuelve a su nombre, pero el desafío que enfrenta es demostrar que también puede construir una identidad pública que trascienda a los gobiernos. La independencia editorial, el pluralismo, la neutralidad religiosa y la rendición de cuentas serán las medidas concretas para evaluar si el anunciado «resurgir» representa una transformación institucional o solamente un nuevo capítulo en la disputa política por los medios estatales.
