El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene sobre la mesa una propuesta de reforma de la administración pública que pretende modificar profundamente la estructura del Estado colombiano. El borrador, elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, plantea pasar de 209 a 104 entidades mediante la eliminación, fusión o reorganización de 105 organismos. Sin embargo, la magnitud del cambio también ha abierto preguntas sobre su impacto fiscal, la creación de nuevas dependencias y la posibilidad de que la reforma termine trasladando la burocracia en lugar de reducirla.
El documento, de 36 páginas, contempla modificaciones en ministerios, departamentos administrativos, agencias, direcciones y superintendencias. La iniciativa se presenta como una estrategia para disminuir el tamaño del aparato estatal, eliminar duplicidades y reducir los gastos de funcionamiento. No obstante, el número de entidades que dejarían de existir no permite establecer por sí mismo cuánto dinero dejaría de gastar el Gobierno.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta está en la reorganización de los ministerios. El borrador plantea fusionar las carteras de Cultura y Deporte, así como las de Educación y Ciencia. Con estos cambios, las cuatro instituciones pasarían a funcionar bajo dos estructuras ministeriales, con el propósito de integrar responsabilidades que actualmente se encuentran distribuidas en diferentes sectores de la administración nacional.
La propuesta también contempla la creación de dos nuevos ministerios. El primero sería el Ministerio de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que asumiría funciones actualmente relacionadas con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El segundo sería el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanía y Familia, que integraría responsabilidades del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
De esta manera, aunque se plantea fusionar cuatro ministerios en dos, también se crearían dos nuevas carteras. El resultado sería mantener un total de 18 ministerios, pero con una distribución diferente de las competencias y las responsabilidades institucionales. La modificación, por tanto, no supondría una reducción en el número de ministerios, sino una reorganización de su composición.
Esta decisión plantea un primer interrogante sobre la coherencia entre el propósito de reducir el tamaño del Estado y la creación de nuevas instituciones. La constitución de un ministerio implica establecer una estructura de dirección, dependencias administrativas, oficinas jurídicas, equipos de planeación, comunicaciones y contratación, además de los cargos necesarios para su funcionamiento.
La creación de una nueva cartera no significa necesariamente que todos esos equipos deban duplicarse. Si las funciones y los funcionarios de las entidades que desaparezcan se integran de manera eficiente, podrían compartirse recursos y reducirse gastos administrativos. Sin embargo, para que esto ocurra, el Gobierno tendría que demostrar que las nuevas estructuras no reproducirán las dependencias que pretende eliminar.
El borrador también plantea una transformación de los departamentos administrativos. Actualmente existen seis: el DAPRE, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Dirección Nacional de Inteligencia.
La propuesta contempla reducir ese grupo a dos estructuras. Una sería el Departamento de Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo, que asumiría las funciones del actual DNP. La otra sería el Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, que ocuparía el lugar del DANE. Las competencias de las demás dependencias serían trasladadas o reorganizadas dentro de la nueva estructura ministerial y administrativa.
Este cambio también requiere examinar qué ocurriría con los funcionarios, los contratos, las oficinas y los recursos de las entidades que dejarían de existir. La desaparición de una institución en el organigrama no implica que sus responsabilidades desaparezcan. En muchos casos, estas deben ser asumidas por otra dependencia, que necesitará personal y recursos para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
En el aspecto fiscal, una de las cifras divulgadas sobre el plan de reorganización es un ahorro proyectado de 8,6 billones de pesos. Se trata de una suma considerable, aunque su impacto debe analizarse en relación con el tamaño del presupuesto nacional. Frente a un presupuesto de 634,9 billones de pesos para 2027, ese monto equivaldría aproximadamente al 1,35 % del gasto previsto para ese año.
La proporción muestra que el ahorro podría tener un efecto relevante sobre las finanzas públicas, pero no representaría por sí solo una transformación estructural del presupuesto nacional. Además, la cifra debe entenderse como una proyección y no como un resultado financiero que ya se haya materializado. Para establecer su alcance es necesario conocer los cálculos que la sustentan y las condiciones bajo las cuales se conseguiría.
También es importante diferenciar los 8,6 billones de pesos de otra cifra que apareció en la discusión sobre la reorganización estatal. Durante septiembre de 2026, congresistas del Centro Democrático promovieron una iniciativa para otorgarle facultades extraordinarias al presidente con el propósito de modificar la administración pública. En ese contexto se mencionó una meta de ahorro equivalente al 2 % del producto interno bruto, estimada entonces en aproximadamente 42 billones de pesos.
Aunque ambas cantidades se relacionan con propuestas de reducción del gasto estatal, no deben presentarse como si fueran el mismo cálculo. Los 42 billones correspondían a una meta planteada en una iniciativa anterior, mientras que los 8,6 billones fueron divulgados como ahorro asociado al plan de reorganización administrativa. La comparación exige tener en cuenta sus diferentes alcances y metodologías.
Uno de los principales problemas para evaluar la cifra de ahorro es que todavía se necesita conocer cuánto dinero provendría de cada medida. No es lo mismo reducir cargos directivos que eliminar contratos de prestación de servicios, integrar oficinas administrativas o cerrar sedes. Cada una de esas acciones tiene costos y consecuencias diferentes, y su impacto debe calcularse por separado.
Por ejemplo, una fusión podría permitir que dos entidades compartan sus oficinas jurídicas, financieras, de contratación y de talento humano. Si antes cada institución tenía equipos independientes, la integración podría disminuir el número de cargos y los gastos asociados a su funcionamiento. Pero si las dependencias se mantienen prácticamente intactas bajo una nueva dirección, el ahorro sería mucho menor de lo esperado.
También deben considerarse los costos de transición. Liquidar una entidad, trasladar funcionarios, integrar sistemas de información, reorganizar archivos y modificar contratos puede exigir recursos durante los primeros meses o años de implementación. Por eso, una reforma puede generar gastos adicionales en su etapa inicial antes de producir una eventual reducción permanente del presupuesto.
El riesgo de que se creen nuevos cargos durante el proceso es otro de los puntos que requieren atención. El proyecto de facultades extraordinarias contempla la posibilidad de modificar plantas de personal, suprimir empleos, trasladar funcionarios y reorganizar estructuras administrativas. Estas atribuciones permitirían ejecutar cambios profundos, pero también hacen necesario establecer controles sobre la cantidad de puestos que se crearían para poner en funcionamiento las nuevas dependencias.
La conformación de los ministerios propuestos podría implicar nuevos despachos, cargos de dirección, asesorías y equipos de apoyo. Si las funciones de las instituciones fusionadas se trasladan sin una reducción equivalente de sus estructuras administrativas, el resultado podría ser una burocracia reorganizada, pero no necesariamente más pequeña.
Un escenario de reducción efectiva requeriría eliminar cargos directivos duplicados, integrar las oficinas administrativas, disminuir los contratos que cumplen funciones repetidas y trasladar funcionarios sin reconstruir las dependencias anteriores. En cambio, si cada nueva institución conserva los equipos de las entidades que absorbe y crea otros para atender sus propias necesidades, el gasto podría mantenerse o incluso aumentar en determinados rubros.
Por eso, la discusión no debería limitarse al número de entidades que desaparecerían. También tendría que establecer cuántos cargos se suprimirían, cuántos se crearían y cuántos funcionarios serían trasladados. Una comparación entre las plantas de personal actuales y las proyectadas permitiría determinar si la reorganización representa una reducción efectiva de la nómina estatal.
La contratación también debería formar parte de esa evaluación. En ocasiones, los gastos de funcionamiento no se concentran únicamente en los empleados de planta, sino en contratos de prestación de servicios que cumplen labores permanentes o apoyan las actividades administrativas. Si una entidad desaparece, pero sus contratos se trasladan a otra dependencia sin modificaciones, el ahorro podría ser solamente nominal.
Otro indicador necesario es el costo de mantener las sedes, los servicios públicos, los sistemas tecnológicos y los equipos administrativos. La integración de organismos podría reducir estos gastos si permite compartir infraestructura y recursos. Sin embargo, si las nuevas dependencias mantienen instalaciones separadas y reproducen los mismos procesos, la reorganización no necesariamente se traducirá en una disminución significativa de los costos operativos.
La propuesta está relacionada, además, con el artículo 7 del proyecto de ley de ajuste fiscal radicado en el Congreso el 29 de octubre de 2026. Ese artículo busca otorgarle al presidente facultades extraordinarias durante seis meses para suprimir, fusionar o escindir ministerios y departamentos administrativos, modificar sus estructuras y reorganizar otras entidades nacionales.
Entre las atribuciones solicitadas también aparecen la posibilidad de trasladar competencias, reasignar funciones, crear entidades para asumir responsabilidades de organismos eliminados y realizar ajustes presupuestales y de plantas de personal. El alcance de estas facultades será determinante para establecer qué tanto margen tendría el Ejecutivo para ejecutar la reorganización sin tramitar cada modificación mediante una nueva ley.
Sin embargo, el borrador de Función Pública y el proyecto de ley son instrumentos diferentes. El primero contiene una propuesta de reorganización administrativa que todavía debe superar las revisiones correspondientes; el segundo busca obtener las herramientas legales para realizar los cambios. Por eso, ninguna de las dos iniciativas debe presentarse como una reforma completamente aprobada o ejecutada.
La Constitución establece que corresponde al Congreso determinar la estructura de la administración nacional, aunque puede otorgar facultades extraordinarias al presidente bajo las condiciones previstas constitucionalmente. En consecuencia, la aprobación de las atribuciones solicitadas y el alcance de su aplicación serán parte fundamental del debate legislativo.
La reforma también deberá explicar cómo garantizará la continuidad de los servicios públicos durante el proceso. La integración de entidades que atienden sectores como educación, ciencia, cultura, deporte, protección social y atención a la niñez no puede evaluarse exclusivamente desde el ahorro presupuestal. También debe establecerse si las nuevas dependencias tendrán capacidad para cumplir las responsabilidades que reciban y si la reorganización evitará vacíos administrativos.
Para comprobar que el plan cumple su objetivo, el Gobierno tendría que presentar una comparación detallada entre los gastos actuales y los proyectados. Esa evaluación debería incluir las plantas de personal, los contratos, los gastos administrativos, los costos de transición y el presupuesto necesario para mantener las funciones de cada institución. También tendría que mostrar cuánto se ahorraría en cada fusión o eliminación y en qué momento ese ahorro comenzaría a reflejarse en las cuentas públicas.
La discusión sobre la reforma administrativa de Abelardo de la Espriella, por tanto, va más allá de reducir de 209 a 104 el número de entidades nacionales. La propuesta puede abrir oportunidades para eliminar duplicidades y mejorar la coordinación institucional, pero también enfrenta el desafío de demostrar que las nuevas estructuras serán más eficientes y menos costosas. La creación de dos ministerios mientras se fusionan otras carteras y la posibilidad de modificar las plantas de personal hacen necesario examinar con especial atención el diseño de la reorganización.
En últimas, la diferencia entre una reducción real del Estado y un simple cambio de organigrama estará en los resultados financieros y administrativos. El Gobierno deberá demostrar que los cargos, contratos y gastos que desaparezcan no serán reemplazados por otros bajo nuevas denominaciones. Mientras no exista una metodología pública que permita verificar el ahorro neto y comparar las estructuras antes y después de la reforma, los 8,6 billones de pesos seguirán siendo una proyección cuya materialización dependerá de cómo se ejecute el proceso.
