La disputa por el poder en Israel adquirió una nueva dimensión después de las elecciones parlamentarias del 27 de octubre de 2026. El primer ministro Benjamín Netanyahu y su partido, el Likud, denunciaron que las formaciones políticas árabes habían robado los comicios mediante presuntas prácticas fraudulentas, una acusación que surgió cuando los resultados mostraban un avance histórico de esas fuerzas y una pérdida de la mayoría parlamentaria del actual Gobierno.
El señalamiento generó una controversia que trascendió las denuncias sobre posibles irregularidades en las urnas. La discusión puso en el centro de la política israelí el derecho de los ciudadanos árabes a participar en las elecciones, la legitimidad de sus representantes y la posibilidad de que sus partidos intervengan en la conformación de una mayoría alternativa a la encabezada por Netanyahu.
El 28 de octubre, un día después de la jornada electoral, el Likud publicó un comunicado en el que aseguró que las elecciones habían sido robadas por partidos árabes a los que acusó de apoyar el terrorismo y buscar la eliminación del Estado judío. La formación mencionó presuntos delitos de soborno, amenazas, violencia, falsificación y utilización de programas informáticos ilegales para movilizar votantes.
La colectividad exigió que la Policía israelí, el servicio de inteligencia interior Shin Bet y la Comisión Electoral Central investigaran los hechos. Según el partido, había entregado cientos de testimonios y otros elementos que, a su juicio, demostrarían la existencia de una operación para alterar los resultados. Sin embargo, la presentación de esas denuncias no significaba que las acusaciones estuvieran comprobadas ni que existiera evidencia de una manipulación generalizada de los comicios.
Netanyahu ya había cuestionado la participación de los votantes árabes durante la jornada electoral. En un video dirigido a sus simpatizantes, advirtió sobre el supuesto desplazamiento masivo de electores de comunidades árabes hacia las urnas y afirmó que activistas de Ra’am intentaban robarle las elecciones. También pidió a sus seguidores que salieran a votar por el Likud.
Una de las situaciones que alimentó las denuncias fue la detención de tres residentes de las comunidades beduinas de Segev Shalom y Ar’ara BaNegev, en el sur de Israel. La Policía informó que eran sospechosos de participar en una operación de compra de votos. Durante los registros de sus viviendas fueron encontrados sobres con decenas de miles de séqueles y papeletas de Ra’am, que presuntamente iban a ser distribuidos a cambio de votos para esa formación.
El caso dio lugar a investigaciones sobre posibles delitos electorales y posteriormente se reportaron más detenciones relacionadas con sospechas de irregularidades. No obstante, las autoridades debían establecer las responsabilidades individuales y determinar si existía una estructura organizada detrás de los hechos. Hasta ahora, esos procedimientos no demostraban que los dirigentes de los partidos árabes hubieran organizado un fraude nacional ni que los resultados generales hubieran sido alterados.
La diferencia entre las investigaciones y las acusaciones políticas se hizo evidente cuando representantes de la Comisión Electoral Central rechazaron las afirmaciones sobre un fraude generalizado. Dean Livne, director general interino de ese organismo, calificó de infundadas las denuncias de manipulación extendida, mientras que la Policía señaló que no había fundamentos para sostener que las elecciones habían sido robadas por los partidos árabes.
El Shin Bet también precisó que las investigaciones sobre una eventual interferencia extranjera tenían un alcance limitado y no implicaban a los ciudadanos árabes como comunidad. La aclaración resultaba relevante porque las declaraciones del Likud habían extendido las sospechas sobre el conjunto de las fuerzas políticas árabes, pese a que las pesquisas se concentraban en hechos y personas específicas.
La controversia adquirió otra dimensión cuando el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, solicitó al Shin Bet investigar sospechas de financiación extranjera que habría buscado influir irregularmente en la votación. Las informaciones difundidas por medios israelíes mencionaron a Catar como posible origen de esos recursos, aunque la solicitud de investigación no identificó públicamente a los responsables ni estableció que las sospechas estuvieran demostradas.
Catar rechazó las acusaciones de haber intervenido en las elecciones israelíes. Por su parte, las autoridades de seguridad indicaron que debían establecer si existieron aportes económicos ilegales y si estos tuvieron algún efecto sobre el proceso electoral. La investigación sobre una posible interferencia extranjera, por tanto, debía mantenerse separada de las afirmaciones del Likud sobre un supuesto robo de los comicios por parte de los partidos árabes.
El contexto que explica la intensidad de la disputa está en los resultados electorales. Con el conteo prácticamente concluido, el bloque de partidos que respaldaba a Netanyahu obtuvo 53 de los 120 escaños de la Knéset, el Parlamento israelí. Las fuerzas opositoras encabezadas por Gadi Eisenkot alcanzaron 48, mientras que las formaciones árabes consiguieron 19. Ninguno de los dos principales bloques tenía por sí solo los 61 diputados necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria.
La representación árabe quedó distribuida entre dos fuerzas principales. La Lista Conjunta, integrada por organizaciones políticas de distintas corrientes, consiguió 11 escaños, mientras que la Lista Árabe Unida, conocida como Ra’am y liderada por Mansour Abbas, obtuvo ocho. En conjunto, alcanzaron una representación histórica que casi duplicó los diez diputados que tenían en la legislatura anterior, convirtiéndose en un actor fundamental para las negociaciones políticas posteriores a las elecciones.
El resultado también reflejó una modificación en el equilibrio parlamentario. El bloque gubernamental, que había contado con 68 escaños en la legislatura saliente, quedó reducido a 53. Aunque el Likud continuó siendo la fuerza individual más votada, con 27 diputados, sus aliados no consiguieron reunir los apoyos suficientes para garantizar la continuidad de Netanyahu al frente del Ejecutivo.
La importancia de esos 19 escaños radica en que podrían permitir la construcción de una mayoría alternativa. Si los 48 diputados del bloque opositor consiguieran el respaldo de las dos formaciones árabes, reunirían 67 votos, seis más de los necesarios para gobernar. Sin embargo, esa posibilidad no estaba garantizada: varios partidos judíos de la oposición habían descartado cooperar políticamente con las organizaciones árabes, lo que dificultaba las negociaciones.
El principal beneficiado potencial de esa aritmética parlamentaria sería Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y dirigente de la oposición. Su partido, Yashar, consiguió 21 escaños y se convirtió en la segunda fuerza política del Parlamento. Para desplazar a Netanyahu necesitaría construir acuerdos con otras organizaciones, una tarea que incluye resolver las diferencias sobre la participación de los partidos árabes.
La posibilidad de una cooperación entre sectores judíos y árabes no es nueva en la política israelí, pero sigue siendo un asunto controvertido. En 2021, Ra’am participó en una coalición de Gobierno encabezada por Naftali Bennett y Yair Lapid, convirtiéndose en la primera formación árabe independiente que integró una alianza gubernamental de ese tipo. Aquella experiencia demostró que los partidos árabes podían tener un papel directo en la conformación del Ejecutivo, aunque también evidenció las resistencias que genera esa participación.
En esta ocasión, el avance electoral de las organizaciones árabes volvió a poner ese debate sobre la mesa. La Lista Conjunta y Ra’am tienen posiciones diferentes sobre cuestiones religiosas, sociales y nacionales, pero comparten una representación política de ciudadanos árabes israelíes que buscan mayor influencia en las decisiones del Estado. Sus dirigentes han defendido la posibilidad de intervenir en las negociaciones parlamentarias y de condicionar sus apoyos a compromisos sobre asuntos que afectan a sus comunidades.
Desde la oposición, las acusaciones de Netanyahu fueron interpretadas como un intento de desacreditar el resultado electoral y dificultar cualquier acercamiento con los partidos árabes. La Lista Conjunta rechazó los señalamientos y acusó al primer ministro de utilizar denuncias sin fundamento para debilitar la legitimidad de sus representantes. También pidió a las organizaciones opositoras que no aceptaran ese discurso y mantuvieran abierta la posibilidad de cooperar para reemplazar al actual Gobierno.
Mansour Abbas, dirigente de Ra’am, también rechazó las acusaciones contra su organización y defendió la necesidad de que cualquier sospecha de irregularidad fuera investigada por las autoridades competentes. La existencia de detenciones relacionadas con presunta compra de votos, sostuvo el debate, no podía convertirse automáticamente en una imputación contra todos los integrantes de una formación política ni contra el electorado árabe.
El presidente israelí, Isaac Herzog, llamó a investigar las denuncias y, al mismo tiempo, advirtió sobre el peligro de estigmatizar a una comunidad entera por posibles delitos individuales. Su posición reflejó la tensión entre dos responsabilidades institucionales: garantizar que cualquier irregularidad electoral sea esclarecida y proteger la legitimidad de la participación política de todos los ciudadanos.
El trasfondo de la controversia también está relacionado con la situación de los ciudadanos árabes de Israel, que representan aproximadamente una quinta parte de la población. Aunque tienen derecho a votar, presentar candidaturas y ocupar escaños en la Knéset, históricamente han enfrentado dificultades para conseguir que sus partidos sean aceptados como socios en las coaliciones de Gobierno. La discusión sobre su participación no se limita, por tanto, a la distribución de puestos parlamentarios, sino que involucra el alcance de su representación en las instituciones nacionales.
Netanyahu ha recurrido anteriormente a advertencias sobre la participación electoral árabe para movilizar a sus simpatizantes. Durante las elecciones de 2015, cuando buscaba su reelección, afirmó que los votantes árabes estaban acudiendo masivamente a las urnas y presentó esa participación como una amenaza para su proyecto político. El episodio generó críticas por asociar el ejercicio de un derecho democrático con un peligro para el país y volvió a ser recordado durante la campaña de octubre de 2026.
La repetición de ese discurso en la actual coyuntura ha llevado a analistas y opositores a plantear que el cuestionamiento de los resultados podría tener una finalidad política adicional a la investigación de los posibles delitos electorales. Según las interpretaciones recogidas por Reuters y The Guardian, Netanyahu podría estar intentando elevar el costo político de cualquier acuerdo entre Eisenkot y las formaciones árabes, al presentar esa eventual alianza como una amenaza para el carácter judío del Estado. Esa lectura corresponde a los analistas y críticos del primer ministro y no constituye una motivación demostrada.
El propio escenario parlamentario explica por qué esa discusión resulta especialmente sensible. Si los partidos opositores deciden negociar con las organizaciones árabes, podrían alcanzar una mayoría suficiente para intentar formar un nuevo Ejecutivo. Pero si mantienen sus exclusiones y rechazan esos acuerdos, Netanyahu podría encontrar oportunidades para negociar con diputados de otras fuerzas, buscar una coalición de unidad o prolongar las conversaciones hasta encontrar una salida a la falta de mayoría.
La investigación sobre las denuncias electorales seguirá siendo un factor importante en ese proceso. El juez Noam Sohlberg solicitó al Shin Bet presentar sus hallazgos sobre la posible interferencia extranjera en un plazo de una semana. Los resultados de esa indagación podrían aportar información sobre eventuales irregularidades, aunque no necesariamente modificarían la distribución de escaños ni demostrarían las acusaciones generales formuladas por el Likud.
De acuerdo con los resultados publicados tras el conteo de los votos, las fuerzas políticas árabes obtuvieron 19 diputados, el bloque de Netanyahu consiguió 53 y la oposición encabezada por Eisenkot alcanzó 48. La votación terminó sin que ninguno de los principales sectores consiguiera por sí solo la mayoría absoluta. La certificación formal de los resultados estaba prevista para el 4 de noviembre, mientras comenzaban las conversaciones para definir la próxima composición del Gobierno.
La controversia deja planteada una cuestión que va más allá de quién ocupará la oficina del primer ministro: hasta dónde puede llegar la disputa política por el poder sin poner en entredicho la legitimidad de los ciudadanos que participan en las elecciones. Las denuncias de fraude deben ser investigadas y, si se comprueban delitos, sus responsables deben responder ante la justicia. Sin embargo, atribuir a organizaciones enteras o a una comunidad los actos presuntamente cometidos por individuos requiere pruebas que hasta ahora no han sido presentadas públicamente.
Por ahora, Netanyahu enfrenta un Parlamento en el que perdió la mayoría que sostenía su Gobierno y en el que los representantes árabes tienen una capacidad de negociación sin precedentes. Las investigaciones electorales deberán establecer si existieron irregularidades y cuál fue su alcance. Mientras tanto, el debate sobre la legitimidad del voto árabe se convirtió en uno de los principales obstáculos y, al mismo tiempo, en uno de los elementos centrales de la disputa por el futuro político de Israel.
