Una Constitución federal y 50 constituciones estatales
Cuando se habla de la Constitución de Estados Unidos, generalmente se hace referencia al documento federal que establece la organización del Gobierno nacional, distribuye las competencias de sus instituciones y reconoce derechos fundamentales. Sin embargo, el sistema constitucional estadounidense tiene una característica que suele pasar inadvertida para quienes no están familiarizados con su funcionamiento: cada uno de los 50 estados cuenta también con su propia Constitución.
Las constituciones estatales establecen las reglas de organización de los gobiernos locales, las atribuciones de sus autoridades y determinadas garantías aplicables dentro de sus territorios. Aunque pueden reconocer protecciones adicionales a las establecidas por el ordenamiento federal, sus disposiciones no pueden contradecir la Constitución de Estados Unidos. Esta distribución de competencias, conocida como federalismo, explica por qué algunas decisiones relacionadas con educación, vivienda, elecciones y derechos civiles pueden variar considerablemente entre estados.
Por esa razón, una jornada electoral estadounidense no consiste únicamente en escoger presidentes, senadores, representantes o gobernadores. Dependiendo de los procedimientos previstos en cada territorio, los ciudadanos también pueden votar propuestas destinadas a modificar sus constituciones, aprobar nuevas leyes, derogar disposiciones existentes o decidir si una norma debe mantenerse vigente. Estos mecanismos no son iguales en todo el país y tampoco producen necesariamente las mismas consecuencias jurídicas.
La diferencia es importante. Una enmienda constitucional modifica el texto de la norma fundamental de un estado y generalmente requiere procedimientos más exigentes para ser aprobada o modificada posteriormente. Una iniciativa legislativa aprobada por votación popular, en cambio, incorpora una ley ordinaria al ordenamiento estatal. Un referendo puede utilizarse para decidir si una ley previamente aprobada debe conservarse o quedar derogada. Aunque los tres mecanismos permiten la participación directa de los electores, no deben confundirse.
Virginia: tres decisiones sobre derechos constitucionales
Virginia ofreció uno de los ejemplos más relevantes de las elecciones del 3 de noviembre. Sus votantes aprobaron tres enmiendas constitucionales relacionadas con los derechos reproductivos, el matrimonio y la restitución del derecho al voto de personas condenadas por delitos graves. Estas decisiones incorporan nuevas garantías al ordenamiento estatal y reflejan la importancia que pueden alcanzar las consultas populares en asuntos vinculados con derechos civiles.
La primera enmienda reconoce constitucionalmente la libertad reproductiva, incluyendo decisiones relacionadas con el embarazo, la anticoncepción y la atención médica reproductiva, dentro de las condiciones establecidas por el texto aprobado. Su alcance debe comprenderse en el contexto de las transformaciones jurídicas producidas después de que la Corte Suprema estadounidense eliminara, en 2022, la protección constitucional federal del derecho al aborto reconocida anteriormente en el caso Roe v. Wade. Desde entonces, los estados han adoptado regulaciones diferentes, algunas restrictivas y otras orientadas a establecer garantías dentro de sus propias constituciones.
La segunda enmienda elimina una disposición incorporada a la Constitución de Virginia en 2006 que prohibía reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo. Aunque esa prohibición había quedado sin aplicación después de la decisión de la Corte Suprema en Obergefell v. Hodges, de 2015, su permanencia en el texto estatal mantenía una contradicción entre la redacción constitucional y el derecho vigente. La nueva disposición prohíbe negar el matrimonio a dos adultos por motivos de sexo, género o raza, incorporando una protección expresa tanto para parejas del mismo sexo como para matrimonios interraciales.
La tercera enmienda modifica el procedimiento de restitución de derechos electorales de personas condenadas por delitos graves. Con la reforma aprobada, quienes hayan cumplido su período de encarcelamiento podrán recuperar el derecho al voto sin depender del procedimiento discrecional de restitución que existía anteriormente. La medida aborda una cuestión histórica en Estados Unidos: las consecuencias políticas de las condenas penales y las barreras que enfrentan determinadas comunidades para reincorporarse plenamente a la participación electoral.
Las tres propuestas recibieron el respaldo de los votantes, aunque su incorporación definitiva requiere completar los procedimientos oficiales correspondientes. Más allá de sus resultados, muestran cómo una ciudadanía puede intervenir directamente en la configuración de derechos reconocidos por la Constitución de su estado.
Massachusetts: nueve preguntas, pero ninguna enmienda constitucional
Massachusetts también sometió decisiones importantes a votación, aunque mediante procedimientos jurídicos diferentes. Los electores recibieron nueve preguntas estatales, la mayor cantidad presentada en una misma elección en más de tres décadas. Las primeras ocho correspondían a iniciativas legislativas y la novena a un referendo sobre una ley existente. Ninguna proponía modificar la Constitución de Massachusetts.
Entre las propuestas aprobadas se encuentra la ampliación de las obligaciones de acceso a documentos públicos para incluir a la Legislatura y la oficina del gobernador. La medida responde a debates prolongados sobre transparencia gubernamental y el acceso ciudadano a información relacionada con el funcionamiento de las instituciones estatales. También recibió respaldo una propuesta que permite a trabajadores del sistema público de defensa legal ejercer derechos de negociación colectiva.
Otra decisión importante fue la aprobación del registro electoral el mismo día de las elecciones, una medida que permitirá a las personas elegibles inscribirse y participar en una misma jornada, bajo los procedimientos establecidos por la nueva legislación. Su implementación está prevista para 2028, por lo que la aprobación electoral no significa que el sistema comience a utilizarse inmediatamente.
Los votantes también respaldaron la creación de un fondo destinado a la conservación de recursos naturales y rechazaron una propuesta para reemplazar las primarias partidistas tradicionales por un sistema abierto a candidatos de diferentes partidos. En materia de cannabis, la mayoría se pronunció contra la iniciativa que pretendía prohibir las ventas comerciales reguladas de marihuana recreativa, manteniendo así el marco legal existente. También se respaldó la continuidad de la legislación estatal sobre armas de fuego aprobada en 2024.
Durante la mañana del 4 de noviembre, las propuestas relacionadas con las reglas de devolución de excedentes tributarios y la construcción de viviendas unifamiliares en terrenos más pequeños todavía requerían seguimiento del escrutinio. La primera mostraba una tendencia al rechazo, mientras que la segunda registraba una competencia estrecha. Estos resultados deben distinguirse de las preguntas que ya habían sido proyectadas como aprobadas o rechazadas.
La experiencia de Massachusetts demuestra que las consultas populares pueden producir cambios importantes sin necesidad de modificar una Constitución. Una ley aprobada directamente por los votantes tiene efectos jurídicos relevantes, pero su naturaleza es distinta de la de una reforma constitucional, y su implementación puede requerir actuaciones posteriores de las autoridades estatales.
Por qué importa comprender estas diferencias
Para las comunidades migrantes y las personas que adquieren la ciudadanía estadounidense, entender estos mecanismos puede resultar especialmente útil. Las decisiones adoptadas en las elecciones estatales pueden afectar asuntos cotidianos como la vivienda, el acceso a documentos públicos, las condiciones laborales, la participación electoral y determinadas garantías civiles. En algunos casos, una propuesta que recibe menos atención mediática que la elección de un gobernador puede tener consecuencias más directas sobre la vida de una comunidad.
También es importante reconocer que no todas las personas residentes pueden participar en estas votaciones. La elegibilidad electoral depende de requisitos legales, entre ellos la ciudadanía estadounidense para las elecciones federales y estatales. Sin embargo, conocer las normas y los procesos de decisión sigue siendo relevante para quienes viven, trabajan y forman parte de comunidades afectadas por las políticas públicas, independientemente de su condición electoral.
Los resultados de Virginia y Massachusetts muestran dos maneras diferentes de ejercer la participación ciudadana. En el primer caso, los votantes decidieron incorporar garantías a la Constitución estatal; en el segundo, aprobaron o rechazaron propuestas de legislación ordinaria. Ambas experiencias forman parte de un sistema en el que la distribución del poder entre el Gobierno federal y los estados influye directamente en la forma como se reconocen, modifican y aplican los derechos.
Comprender esta organización permite leer las elecciones estadounidenses más allá de la competencia entre partidos. Las decisiones de una jornada electoral no solo determinan quién gobernará durante los próximos años, sino también qué reglas deberán seguir las instituciones y cuáles serán los mecanismos disponibles para que la ciudadanía participe en su transformación.
Nota editorial: Los resultados corresponden a la información disponible durante la mañana del 4 de noviembre de 2026. Algunas consultas permanecían pendientes de definición o certificación oficial.
