Una relación bilateral ante un nuevo equilibrio político
La recuperación demócrata del Congreso estadounidense, proyectada tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026, introduce nuevas condiciones institucionales para las relaciones entre Washington y Bogotá. El cambio ocurre mientras el gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella busca consolidar una relación estrecha con la administración de Donald Trump, particularmente en asuntos relacionados con seguridad, lucha contra el narcotráfico e inversión extranjera. Aunque la orientación diplomática de ambos gobiernos favorece la ampliación de determinados acuerdos, la composición del Congreso estadounidense puede influir en las condiciones presupuestarias y los mecanismos de supervisión bajo los cuales se desarrollen.
La cooperación entre ambos países no depende exclusivamente de las decisiones presidenciales. El Congreso estadounidense interviene en la aprobación de recursos destinados a asistencia exterior, puede establecer condiciones para su utilización y dispone de herramientas para examinar las actuaciones del Ejecutivo. Estas atribuciones adquieren especial importancia cuando los programas de cooperación involucran entrenamiento militar, suministro de equipos, operaciones de seguridad o instituciones que han sido objeto de denuncias por vulneraciones de derechos humanos.
El debate tampoco comenzó con la actual administración colombiana. Existen antecedentes documentados de legisladores estadounidenses y organizaciones comunitarias que han solicitado revisar el destino de la asistencia a las fuerzas de seguridad colombianas, especialmente durante períodos de movilización social y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
El antecedente de 2021: protestas, derechos humanos y financiación estadounidense
Durante el paro nacional colombiano de 2021, desarrollado bajo el gobierno de Iván Duque y en medio de la pandemia, las denuncias de violencia policial contra manifestantes generaron preocupación dentro y fuera del país. Organizaciones como Temblores y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) documentaron incidentes que incluían presuntos homicidios, lesiones oculares, violencia sexual y detenciones arbitrarias. Estos registros, elaborados por organizaciones de derechos humanos, contribuyeron a que legisladores estadounidenses cuestionaron la continuidad de determinadas formas de asistencia a las instituciones policiales colombianas.
El 14 de mayo de 2021, el representante demócrata James McGovern, de Massachusetts, encabezó una carta respaldada por 55 integrantes de la Cámara de Representantes y dirigida al entonces secretario de Estado, Antony Blinken. Los legisladores solicitaron suspender la asistencia directa estadounidense a la Policía Nacional colombiana, con excepción de los programas de formación en derechos humanos, y detener las ventas de armamento, equipos y servicios de entrenamiento destinados al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). La comunicación también reclamó medidas de responsabilidad institucional frente a las denuncias de abusos y garantías para el ejercicio del derecho a la protesta.
Las preocupaciones llegaron igualmente al ámbito municipal de Massachusetts. En julio de 2021, los entonces concejales de Boston Julia Mejía y Ricardo Arroyo impulsaron una resolución que instaba al Gobierno federal a proteger el ejercicio de la democracia en Colombia y evitar que los recursos estadounidenses contribuyeron a actuaciones contrarias a los derechos humanos. La iniciativa fue presentada ante el Concejo Municipal el 16 de julio y difundida públicamente el 21 de julio, con participación de organizaciones comunitarias como Colombianos New England y Migrante Boston Asamblea.
El documento recogía denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones y solicitaba respaldar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre sus planteamientos también figuraban el desmantelamiento del ESMAD y el traslado de la Policía Nacional colombiana del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia. La documentación disponible permite confirmar la presentación de la resolución y el respaldo público de sus promotores, aunque no establece por sí sola el resultado de su votación ni demuestra que la iniciativa haya producido una suspensión efectiva de recursos federales.
Ambas actuaciones tuvieron alcances institucionales diferentes. Mientras los integrantes del Congreso federal podían intervenir directamente en los debates sobre asistencia exterior y asignaciones presupuestarias, los concejales de Boston ejercían una función de incidencia política desde el ámbito municipal. Sin embargo, los dos antecedentes reflejan que las preocupaciones sobre la responsabilidad estadounidense en la financiación de fuerzas de seguridad colombianas habían alcanzado distintos niveles de representación política.
La cooperación de 2026 y el regreso de las preocupaciones sobre el ESMAD
Cinco años después, la cooperación en seguridad vuelve a ocupar un lugar destacado en la relación bilateral. En agosto de 2026, el Departamento de Estado estadounidense anunció su intención de trabajar con el Congreso para proporcionar un paquete de asistencia de 1.000 millones de dólares al nuevo gobierno colombiano. La propuesta fue presentada dentro de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad, combatir organizaciones criminales y promover oportunidades económicas. Sin embargo, un anuncio de asistencia no equivale necesariamente a la aprobación o desembolso completo de los recursos, cuya implementación está sujeta a procedimientos administrativos y presupuestarios.
En octubre de 2026, la Policía Nacional colombiana restableció la denominación ESMAD mediante una reorganización de sus unidades antidisturbios. La decisión reabrió discusiones sobre el uso de la fuerza durante las manifestaciones y las garantías institucionales para el ejercicio de la protesta social. Aunque no existe evidencia suficiente para afirmar que el paquete de asistencia anunciado por Washington esté destinado específicamente a financiar operaciones contra manifestantes, la combinación de una mayor cooperación en seguridad y el retorno de esta denominación plantea preguntas sobre los controles aplicables a los recursos y equipos suministrados.
Las inquietudes sobre derechos humanos también han aparecido en comunicaciones recientes de legisladores demócratas. En agosto de 2026, James McGovern y Joaquín Castro dirigieron una carta al presidente colombiano en la que expresaron disposición a mantener la cooperación bilateral, pero insistieron en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la protección de los derechos humanos y el reconocimiento de las necesidades de las comunidades rurales, afrocolombianas e indígenas. La comunicación muestra que la discusión no se reduce a mantener o suspender la asistencia, sino que incluye preguntas sobre sus condiciones y los resultados que deberían exigirse a las instituciones beneficiarias.
Estas posiciones no representan necesariamente un consenso de todos los integrantes del Partido Demócrata. La política exterior estadounidense comprende intereses de seguridad, comercio y cooperación que históricamente han recibido apoyo de legisladores de ambos partidos. Sin embargo, las comunicaciones de 2021 y 2026 permiten identificar una trayectoria de vigilancia legislativa sobre la relación con Colombia, particularmente cuando existen denuncias relacionadas con el comportamiento de las fuerzas de seguridad.
Migración, participación política y recursos naturales
La relación bilateral también involucra asuntos que exceden la cooperación militar. En Estados Unidos, el caso del activista colombiano Beto Coral, detenido por autoridades migratorias después de expresar críticas públicas al presidente colombiano, generó denuncias sobre una posible motivación política. Mientras las autoridades estadounidenses atribuyeron el procedimiento a cuestiones migratorias, Coral sostuvo que su actividad política había influido en lo ocurrido. El caso no permite concluir que exista una política general de persecución contra activistas colombianos, pero plantea interrogantes sobre las garantías de expresión y participación política de las personas migrantes.
En el ámbito económico, ambos gobiernos han promovido una agenda de cooperación relacionada con minerales críticos y proyectos extractivos. Los acuerdos anunciados en septiembre de 2026 abrieron discusiones sobre inversión extranjera, autorizaciones administrativas, protección ambiental y participación de las comunidades que habitan territorios donde podrían desarrollarse nuevas actividades. La existencia de instrumentos de cooperación no demuestra por sí sola que se hayan otorgado títulos mineros ni que determinados proyectos hayan recibido autorización definitiva. Sus consecuencias deberán evaluarse a partir de las decisiones concretas que adopten las autoridades de ambos países.
Estas cuestiones adquieren relevancia para comunidades colombianas que han enfrentado históricamente conflictos territoriales, desplazamiento, violencia y dificultades para participar en decisiones relacionadas con el uso de sus recursos naturales. Por ello, cualquier ampliación de la cooperación económica y de seguridad requiere examinar no solamente sus objetivos diplomáticos, sino también los mecanismos disponibles para garantizar transparencia, consulta y responsabilidad institucional.
Qué puede cambiar con el nuevo Congreso
El Congreso estadounidense cuenta con facultades para revisar las asignaciones presupuestarias destinadas a asistencia exterior, establecer condiciones para determinados programas, convocar audiencias de supervisión y solicitar información a las agencias federales. También participa en los mecanismos constitucionales relacionados con la autorización y financiación de actividades militares. Estas herramientas no significan que los legisladores puedan modificar unilateralmente todos los acuerdos diplomáticos, pero sí les permiten influir en las condiciones bajo las cuales se desarrollan determinadas políticas de cooperación.
La nueva mayoría demócrata podría utilizar estas atribuciones para examinar el destino de los recursos destinados a Colombia, solicitar información sobre los programas de entrenamiento y equipamiento, y evaluar el cumplimiento de condiciones relacionadas con derechos humanos. También podría impulsar debates sobre el alcance de la cooperación militar y sus consecuencias para las comunidades afectadas. No obstante, ninguna de estas actuaciones puede darse por realizada únicamente a partir del resultado electoral: dependerán de las prioridades legislativas, las negociaciones presupuestarias y las decisiones que adopten las comisiones competentes.
La experiencia de 2021 demuestra que la supervisión de la cooperación con Colombia no constituye una preocupación reciente ni exclusivamente partidista. Las solicitudes formuladas por congresistas federales y las iniciativas promovidas desde comunidades colombianas en Massachusetts muestran que la responsabilidad sobre el destino de los recursos públicos estadounidenses ya había sido objeto de cuestionamientos institucionales durante administraciones anteriores.
Para Colombia, el cambio de mayorías en Washington no implica necesariamente el final de los acuerdos impulsados por Trump y De la Espriella. Sí introduce un nuevo equilibrio de poder en el que la asistencia militar, los compromisos de derechos humanos, la protección de las comunidades y las condiciones de inversión podrán estar sujetos a mayores discusiones legislativas. El alcance de ese cambio dependerá de las decisiones concretas que adopten el Congreso, la Casa Blanca y el gobierno colombiano durante los próximos dos años.
Nota editorial: Este análisis corresponde a la información disponible el 4 de noviembre de 2026. Las proyecciones electorales, las propuestas de asistencia y los acuerdos bilaterales se distinguen de las decisiones oficialmente certificadas, aprobadas o ejecutadas.
