La Ley de Sometimiento superó uno de sus principales obstáculos legislativos este martes 3 de noviembre, luego de que el Senado de la República aprobara el proyecto con 57 votos a favor y 24 en contra. La decisión representa un avance para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, pero no garantiza que la iniciativa se convierta en norma, pues todavía depende de la discusión y aprobación de la Cámara de Representantes.
La votación en la plenaria del Senado se produjo en medio de una carrera contra el tiempo. El proyecto busca modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, cuya vigencia termina el 4 de noviembre. Por esa razón, el Congreso debe completar el trámite en un margen muy reducido.
La iniciativa corresponde al Proyecto 296 de 2026 Senado y 433 de 2026 Cámara. Fue presentada por el Gobierno con mensaje de urgencia y pretende establecer un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales.
Uno de los principales cambios frente a la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro es que el mecanismo no contempla negociaciones políticas ni reconocimiento de estatus político a las organizaciones que se acojan. En su lugar, establece condiciones para que sus integrantes abandonen las actividades criminales, entreguen armas, información y bienes, y respondan ante la justicia ordinaria.
La propuesta contempla beneficios judiciales condicionados al cumplimiento de compromisos verificables. Entre ellos se encuentran la entrega de información sobre las estructuras criminales, la colaboración con las autoridades, la contribución al esclarecimiento de hechos y la reparación de las víctimas.
En materia de penas, el texto aprobado en el Senado contempla reducciones de hasta el 50 % para integrantes sin funciones de mando y de hasta el 30 % para cabecillas. Para estos últimos se establece un mínimo de diez años de prisión, bajo las condiciones previstas en el proyecto.
El tratamiento de los responsables de reclutamiento de menores también tiene restricciones particulares. La iniciativa establece límites a los beneficios para quienes hayan participado en esa conducta, con el propósito de evitar que esa responsabilidad quede cobijada por las mismas reducciones previstas para otros integrantes de las organizaciones.
Otro de los asuntos que generó discusión fue el tratamiento de los testaferros y colaboradores financieros de las estructuras criminales. El proyecto contempla una posibilidad de suspensión condicional de la ejecución de la pena después de un periodo de prisión, siempre que se cumplan requisitos como la entrega de los bienes ilícitos, la presentación de un inventario patrimonial verificado por la Fiscalía y compromisos de justicia restaurativa.
Ese mecanismo fue cuestionado por sectores que consideran que podría traducirse en una reducción excesiva del tiempo efectivo de cárcel para quienes hayan contribuido a financiar organizaciones criminales. Desde la defensa de la iniciativa se argumenta que puede facilitar la recuperación de activos y la identificación de las redes económicas que sostienen esas estructuras.
Durante el trámite en el Senado también se introdujeron modificaciones. Una de las más relevantes fue la eliminación del artículo 25, que otorgaba facultades extraordinarias de contratación al Ministerio del Interior en el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
La aprobación en la cámara alta llegó después de que el proyecto superara una primera votación decisiva el 30 de octubre. Ese día, la plenaria negó una ponencia de archivo presentada por senadores del Pacto Histórico, con 45 votos en contra y 19 a favor. Posteriormente, respaldó el informe positivo con 48 votos a favor y cinco en contra.
Con ese resultado, la iniciativa continuó su discusión y logró completar el trámite en el Senado. Sin embargo, la situación en la Cámara de Representantes era más compleja, pues la plenaria todavía tenía pendiente buena parte del articulado.
La discusión en la Cámara había comenzado el lunes festivo 2 de noviembre, en una sesión que estuvo marcada por enfrentamientos entre congresistas y cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo. La oposición presentó una ponencia negativa para archivar el proyecto, pero fue derrotada con 102 votos en contra y 47 a favor.
Posteriormente, la ponencia positiva fue aprobada inicialmente con 90 votos a favor y 44 en contra. La votación generó controversia porque el representante Daniel Briceño, encargado de sustentarla, no había intervenido antes de que se abriera el registro de los votos.
Varios congresistas advirtieron que esa omisión podía constituir un vicio de trámite y abrir la puerta a demandas de inconstitucionalidad. La representante Catherine Juvinao solicitó reabrir la votación para que el ponente pudiera presentar el informe y se garantizara la deliberación.
La plenaria aceptó repetir el procedimiento. Después de la sustentación de Briceño y de las intervenciones de otros representantes, la ponencia positiva fue aprobada nuevamente, esta vez con 99 votos a favor y 39 en contra. Aunque sus promotores consideraron que la corrección evitaba una irregularidad, algunos opositores mantuvieron sus cuestionamientos.
La controversia procedimental se convirtió en uno de los riesgos para el futuro de la iniciativa. Si bien la Mesa Directiva y el Gobierno defendieron la legalidad de las actuaciones, los reparos de algunos representantes dejaron abierta la posibilidad de que el trámite sea cuestionado posteriormente ante la Corte Constitucional.
El debate también avanzó lentamente en la discusión del articulado. Al cierre de la sesión del lunes solamente se habían aprobado dos de los 29 artículos de la ponencia: el quinto y el decimocuarto. Los otros 27 continuaban pendientes, según el balance divulgado después de la plenaria.
La sesión se reanudó el martes 3 de noviembre a las nueve de la mañana, con la presión de completar la votación antes del vencimiento de la Ley de Orden Público. La cantidad de artículos pendientes y las diferencias sobre algunas disposiciones hicieron que el tiempo disponible se convirtiera en un factor determinante.
Entre los puntos que podían generar nuevas discusiones estaba el tratamiento de los testaferros. El representante Daniel Briceño defendió ajustes para ampliar de tres a seis años el periodo de prisión antes de que pudiera estudiarse la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esa modificación fue presentada como una respuesta a las críticas sobre los beneficios previstos para los colaboradores financieros de las organizaciones criminales.
El Gobierno también debía enfrentar las diferencias entre el texto aprobado por el Senado y el que eventualmente saliera de la Cámara. La eliminación del artículo 25 en la cámara alta, junto con los cambios que pudieran introducir los representantes, obligaría a revisar si ambas corporaciones terminaban respaldando el mismo articulado.
Si los textos resultaban diferentes, el Congreso tendría que conformar una comisión de conciliación. Sus integrantes deberían elaborar una versión unificada y someterla a votación en las dos plenarias, un procedimiento que también debía cumplirse antes de que el proyecto pudiera pasar a sanción presidencial.
El calendario legislativo dejaba poco margen para esas etapas. La Ley 418 de 1997 tiene como fecha de vencimiento el 4 de noviembre y el proyecto debía completar su recorrido antes de ese límite. La dificultad no estaba solamente en conseguir los votos, sino en garantizar que todas las decisiones se adoptaran siguiendo las reglas del procedimiento legislativo.
El riesgo de hundimiento, por tanto, no dependía exclusivamente de una eventual derrota en la votación del articulado. También podía producirse si la Cámara no alcanzaba a discutir y aprobar las disposiciones pendientes, si surgían nuevos obstáculos procedimentales o si no había tiempo para conciliar las diferencias entre los textos.
El representante Daniel Briceño advirtió que, si la iniciativa no lograba superar el Congreso, el Gobierno tendría que presentar un nuevo proyecto para establecer el marco jurídico de orden público que busca implementar. Esa posibilidad dejaría sin completar la reforma que el Ejecutivo considera una de sus herramientas para modificar el modelo de sometimiento de organizaciones criminales.
La aprobación del Senado constituye, en consecuencia, un respaldo legislativo importante, pero no equivale a la aprobación definitiva de la ley. La votación de 57 a 24 despejó el camino en una de las dos cámaras, mientras que la plenaria de representantes todavía debía resolver la discusión de fondo y los cuestionamientos sobre el trámite.
El desenlace dependerá de la capacidad del Congreso para completar las votaciones, resolver las diferencias entre las corporaciones y cumplir los plazos establecidos. Si la Cámara no consigue aprobar el articulado y completar los pasos posteriores antes del vencimiento del marco vigente, la iniciativa podría hundirse pese al respaldo que consiguió en el Senado.
