Un operativo de gran escala realizado por la fuerza pública en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander dejó 111 personas capturadas, de acuerdo con el balance entregado por la Fiscalía General de la Nación. La intervención, denominada Némesis, se llevó a cabo durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre de 2026 y hace parte de las acciones del Gobierno nacional para combatir las organizaciones criminales que operan en la frontera con Venezuela.
El resultado fue anunciado inicialmente por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó sobre la captura de 109 personas y la realización de 49 allanamientos. Sin embargo, el reporte posterior de la Fiscalía actualizó las cifras y confirmó 111 capturas y 58 diligencias de allanamiento y registro. De los detenidos, 42 tenían órdenes judiciales y 69 fueron capturados en flagrancia. Entre los procedimientos también se reportó la aprehensión de un menor de edad.
La operación se desarrolló en el marco de la campaña militar y policial Esparta, una estrategia anunciada por el mandatario para recuperar el control territorial del Catatumbo y enfrentar las estructuras armadas y delincuenciales que tienen presencia en Norte de Santander. El despliegue contó con la participación de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Ejército Nacional.
Según la información de las autoridades, las personas capturadas estarían relacionadas con siete organizaciones delincuenciales que operan en la región. Entre las estructuras identificadas aparecen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Tren de Aragua, La Familia P., Los Turcos, Los Mexicanos, Los Manilargos y Los de la F.
Las investigaciones vinculan a estas organizaciones con diferentes actividades delictivas, entre ellas homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes, extorsiones y hurtos. Las autoridades también buscan establecer las responsabilidades individuales de los detenidos y su participación en los hechos criminales que son objeto de investigación.
Las diligencias se concentraron en ocho comunas de Cúcuta y se extendieron a Villa del Rosario, San Cayetano y el corregimiento de La Parada. Los procedimientos fueron coordinados por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Seccional Norte de Santander, con apoyo de unidades de la Policía y el Ejército.
En materia de incautaciones, la Fiscalía reportó el decomiso de armas de fuego, proveedores, municiones, supresores y teléfonos celulares. También fueron encontrados más de 7.800 kilogramos de marihuana y 3.400 kilogramos de cocaína y bazuco, además de cuatro vehículos. En los procedimientos se recuperaron ocho motocicletas y mercancía cuyo valor fue estimado en aproximadamente 500 millones de pesos.
Entre los resultados destacados por los investigadores se encuentran cinco capturas de presuntos integrantes del ELN, quienes serían miembros del Frente de Guerra Urbano Nacional. Estas personas son investigadas por su posible participación en el ataque contra la subestación de Policía de Aguaclara, ocurrido en febrero de 2022, y en la preparación de un artefacto explosivo en julio de 2024.
A los cinco detenidos también se les relaciona con hechos de desplazamiento forzado y acciones vinculadas al reclutamiento ilícito de un niño de 12 años. La Fiscalía deberá establecer la responsabilidad de cada uno dentro de las investigaciones correspondientes.
Otro resultado estuvo relacionado con el Tren de Aragua. Durante el operativo fueron capturados tres hombres que, según las autoridades, estarían encargados de extorsionar a comerciantes y ciudadanos, además de coordinar actividades de distribución de estupefacientes en la zona.
La operación también permitió intervenir una presunta red dedicada a la comercialización irregular de medicamentos. De acuerdo con las investigaciones, sus integrantes habrían alterado productos vencidos, deteriorados o de uso institucional para venderlos como si estuvieran en condiciones aptas para el consumo.
A estos resultados se sumaron dos capturas en flagrancia relacionadas con una investigación por presunta explotación sexual de mujeres y menores de edad en un estudio webcam ubicado en el sector Las Américas, en Cúcuta. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para determinar las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades penales.
Los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías. La Fiscalía anunció que, dependiendo de las conductas atribuidas a cada persona, formulará imputaciones por delitos como concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, trata de personas, corrupción de alimentos, hurto y reclutamiento ilícito en grado de tentativa.
La operación Némesis constituye uno de los primeros resultados de la campaña Esparta, anunciada por De la Espriella el 3 de noviembre. La estrategia contempla cinco ejes: recuperación territorial, protección de la población, ofensiva contra las estructuras y economías criminales, integración de inteligencia y judicialización estratégica, y fortalecimiento de capacidades críticas de la fuerza pública.
El Gobierno señaló que la conducción de la campaña estará a cargo del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Dirección General de la Policía. Entre los objetivos mencionados se encuentran el ELN, el frente 33 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, y otras organizaciones ilegales que tienen presencia en la región.
La iniciativa también contempla el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia, la coordinación entre las autoridades militares y policiales y el trabajo de la Fiscalía para llevar ante la justicia a quienes integran las estructuras criminales. El propósito es afectar tanto sus capacidades armadas como las economías ilegales que financian sus actividades.
La puesta en marcha de Esparta ocurre después de una escalada de violencia en Cúcuta y el Catatumbo. Entre los hechos que antecedieron a las nuevas medidas se encuentra el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido el 26 de octubre, y un ataque con explosivos cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander que dejó cuatro policías heridos.
Ante ese panorama, el presidente había ordenado el 29 de octubre la militarización temporal de Cúcuta, con el despliegue de alrededor de 500 soldados de operaciones especiales urbanas. Las unidades realizan patrullajes y controles en coordinación con la Policía y la Fiscalía, con apoyo de vehículos blindados y capacidades de vigilancia de la Fuerza Aérea.
Dentro de las medidas anunciadas para la frontera también se encuentra la construcción de infraestructura de vigilancia y el establecimiento de barreras de control en sectores estratégicos, con el objetivo de dificultar el desplazamiento de grupos delincuenciales y reforzar la supervisión de los pasos no autorizados hacia Venezuela.
La campaña incluye, además, un componente social dirigido a la población de Cúcuta y el Catatumbo. El Gobierno anunció acciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios y señaló que realizará seguimiento diario a los resultados de Esparta y del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR).
La operación Némesis se suma a otros despliegues recientes del BOSUR. El primero de los operativos mencionados tuvo lugar en Barranquilla, el 16 de octubre, y dejó 72 capturados. Posteriormente, el 27 de octubre, una intervención en Antioquia reportó 149 detenciones. Con las 111 capturas de Norte de Santander, el Gobierno completa tres grandes operaciones dentro de esta línea de intervención contra las estructuras delincuenciales.
Los resultados de Némesis representan un nuevo despliegue de la fuerza pública en una región afectada por la presencia de organizaciones armadas, economías ilegales y disputas por el control territorial. Sin embargo, el alcance de la campaña Esparta deberá medirse no solo por el número de capturas e incautaciones, sino también por su capacidad para reducir los hechos violentos, proteger a la población civil y mantener la presencia institucional en Cúcuta y el Catatumbo.
