La disputa entre Laura Sarabia y Angie Rodríguez tuvo este lunes 9 de noviembre un primer desenlace judicial. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá concedió una acción de tutela presentada por la excanciller y ordenó a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) retractarse de varias afirmaciones que hizo en su contra.
La decisión amparó los derechos fundamentales de Sarabia a la honra, al buen nombre y a la rectificación. El despacho consideró necesario ordenar una corrección frente a los señalamientos que Rodríguez divulgó públicamente y que relacionaban a la excanciller con presuntas conductas irregulares en el entorno del entonces presidente Gustavo Petro.
El fallo establece que Rodríguez deberá firmar un documento con el texto de rectificación y leerlo íntegramente, con su propia voz, en una grabación de video. La diligencia tendrá que realizarse dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia.
El juzgado también contempló condiciones para cumplir la orden. La exdirectora del Dapre podrá realizar la grabación sin mostrar su rostro y tendrá la posibilidad de contar con asistencia técnica para producir el material audiovisual.
Los señalamientos que originaron la disputa
El enfrentamiento se hizo público durante octubre, cuando Rodríguez comenzó a formular acusaciones contra Sarabia en diferentes entrevistas con medios de comunicación. La exdirectora del Dapre cuestionó el papel que habría desempeñado su antecesora en el Gobierno y pidió que se investigaran presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Petro.
Uno de los señalamientos más delicados estuvo relacionado con la supuesta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el entonces presidente. Rodríguez sostuvo que Sarabia habría conocido aspectos de la vida privada del mandatario y que tendría fotografías y videos relacionados con esos episodios.
En una entrevista con Caracol Radio, Rodríguez afirmó que se había dado cuenta de que Sarabia supuestamente estaba chantajeando a Petro. Según su versión, la información privada que habría tenido en su poder habría sido utilizada para ejercer presión sobre el jefe de Estado.
La exdirectora del Dapre también relacionó esa supuesta presión con el nombramiento de Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido. Aseguró que la designación habría estado condicionada por la información que, según ella, la entonces funcionaria tenía sobre el presidente.
Rodríguez no limitó sus declaraciones a la vida privada del mandatario. También cuestionó la influencia que, según su versión, Sarabia habría ejercido sobre decisiones administrativas del Gobierno, particularmente en asuntos relacionados con las intervenciones a las EPS y la designación de sus interventores.
En ese capítulo, señaló que algunas instrucciones sobre el manejo de las entidades intervenidas habrían salido de la Casa de Nariño y atribuyó a Sarabia una participación en esas decisiones. Incluso mencionó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y al entonces asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo al explicar cómo, supuestamente, se transmitían esas directrices.
La respuesta de Laura Sarabia
Sarabia rechazó los señalamientos y cuestionó que Rodríguez presentara esas afirmaciones públicamente. La excanciller sostuvo que las acusaciones afectaban su reputación y acudió a los mecanismos judiciales para solicitar protección de sus derechos fundamentales.
La acción de tutela fue presentada por su defensa, encabezada por la abogada Lina Sandoval Echavarría. La solicitud buscaba que se protegieran los derechos a la honra, al buen nombre y a la rectificación frente a las declaraciones divulgadas por Rodríguez en entrevistas y espacios de comunicación.
Uno de los argumentos centrales de la reclamación fue que las afirmaciones de la exdirectora del Dapre presentaban como hechos una serie de imputaciones graves sobre la conducta de Sarabia, sin que existiera un respaldo suficiente para sostenerlas en esos términos.
La defensa también cuestionó que se vinculara a la excanciller con la supuesta facilitación de encuentros sexuales para Petro y con el presunto uso de información íntima para obtener o conservar posiciones dentro del Gobierno.
Rodríguez, por su parte, se opuso a las pretensiones de la tutela. Durante el trámite argumentó que algunos fragmentos de las entrevistas habían sido recortados y que se habían mezclado expresiones de los entrevistadores con sus respuestas, lo que, según su posición, podía generar interpretaciones diferentes de lo que realmente había manifestado.
Sin embargo, el juzgado concedió el amparo solicitado por Sarabia y estableció una obligación concreta de rectificación. La decisión se convirtió en el primer pronunciamiento judicial de este enfrentamiento sobre las declaraciones que enfrentaron a las dos exdirectoras del Dapre.
La investigación de la Fiscalía sigue su propio curso
El fallo de tutela se conoció en medio de otra actuación institucional relacionada con las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de mujeres durante el Gobierno Petro. La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal el 23 de octubre de 2026 para investigar posibles hechos ocurridos en el Dapre y otras entidades públicas.
La investigación surgió después de que se conocieran denuncias sobre supuestos contratos que habrían sido utilizados para pagar favores sexuales al entonces presidente. La información fue puesta en conocimiento de las autoridades y comenzó a ser examinada por un equipo especializado de la Fiscalía, bajo la dirección de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Dentro de esa indagación, el ente investigador anunció que escuchará las versiones de Angie Rodríguez y Laura Sarabia, debido a que ambas ocuparon la dirección del Dapre durante el Gobierno de Gustavo Petro y podrían aportar información sobre los hechos que se encuentran bajo revisión.
La Fiscalía también busca reconstruir la línea de tiempo de los contratos que estarían bajo sospecha. Según información conocida por Caracol Radio, parte de las contrataciones que se examinan se habría concentrado entre agosto de 2022 y abril de 2023, cuando Mauricio Lizcano estuvo al frente del Dapre.
De manera paralela, la Procuraduría abrió el 26 de octubre una indagación previa contra servidores públicos aún sin identificar del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. El organismo busca establecer si se presentaron posibles extralimitaciones de funciones, situaciones de acoso o violencia de género relacionadas con contratos y órdenes de prestación de servicios.
La existencia de estas investigaciones significa que las denuncias sobre posibles irregularidades administrativas y contractuales siguen un camino independiente del proceso de tutela. Por tanto, la decisión a favor de Sarabia no resuelve las eventuales responsabilidades penales o disciplinarias que puedan surgir de los hechos denunciados.
¿Qué significa el fallo para las dos exfuncionarias?
El pronunciamiento del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá representa una decisión favorable a Sarabia en primera instancia. La orden de retractación se refiere a las afirmaciones específicas que fueron objeto de la tutela y establece la forma en que Rodríguez deberá corregirlas públicamente.
Esto no significa que la justicia haya cerrado las investigaciones sobre las denuncias de contratación irregular ni que se hayan establecido responsabilidades penales de alguna de las dos exfuncionarias. Son asuntos distintos que deberán resolverse a partir de las pruebas y actuaciones de las autoridades competentes.
La decisión también deja abierta la posibilidad de que Rodríguez impugne el fallo, de acuerdo con los mecanismos previstos para este tipo de actuaciones constitucionales. En consecuencia, el resultado conocido este 9 de noviembre corresponde a una determinación de primera instancia.
Tras conocerse la decisión, Sarabia manifestó públicamente que respetaba el derecho a denunciar, pero que no permitiría que se difundieran afirmaciones que, a su juicio, construyeran historias falsas sobre ella. Su defensa destacó que el juzgado había protegido sus derechos fundamentales y ordenado la rectificación.
El caso, que comenzó como un enfrentamiento entre dos antiguas colaboradoras del Gobierno Petro, pasó así a tener dos escenarios judiciales: uno relacionado con la protección del buen nombre de Laura Sarabia y otro con las denuncias sobre posibles irregularidades en la contratación estatal.
Por ahora, el cumplimiento de la orden de retractación y el avance de las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría serán los próximos acontecimientos que marcarán el desarrollo de este episodio político y judicial.
