La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo continuará en la Fiscalía General de la Nación. La Corte Constitucional decidió este lunes 9 de noviembre de 2026, con una votación de siete contra dos, inhibirse de resolver el conflicto de competencias que enfrentaba al ente investigador con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La determinación representa un nuevo capítulo en un expediente que lleva varias décadas en los despachos judiciales y que busca establecer si el exmandatario tuvo alguna responsabilidad en los hechos de violencia ocurridos en el norte de Antioquia durante la década de 1990. Sin embargo, el alcance de la decisión debe precisarse: la Corte no declaró que la Fiscalía tuviera definitivamente la competencia para adelantar el proceso, sino que consideró que no estaban reunidos los requisitos para pronunciarse de fondo sobre la controversia.
Con esta determinación, el expediente permanece en la Fiscalía, que ya venía adelantando las actuaciones correspondientes. La Comisión de Investigación y Acusación, por su parte, no consiguió que el caso fuera trasladado a esa instancia del Congreso. La controversia institucional, no obstante, quedó sin una definición constitucional sobre cuál de las dos autoridades debería asumir la investigación.
La disputa entre la Fiscalía y la Cámara
El conflicto de competencias se originó cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó que la Fiscalía le entregara el expediente. La petición fue presentada el 26 de agosto de 2026 y estaba relacionada con la interpretación del fuero presidencial y las atribuciones constitucionales del Congreso para investigar a determinados altos funcionarios del Estado.
La Comisión consideró que debía asumir el conocimiento de la actuación porque dentro de los hechos investigados habría conductas que presuntamente se extendieron hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía como presidente de Colombia. Desde esa perspectiva, la investigación debía ser examinada por la instancia parlamentaria encargada de conocer las acusaciones contra el jefe de Estado y otros funcionarios aforados.
La discusión tenía como uno de sus puntos centrales la presunta conformación y promoción de estructuras paramilitares y la posible existencia de un concierto para delinquir agravado. La Comisión sostuvo que la temporalidad de las conductas atribuidas al exmandatario podía tener incidencia en la determinación de la autoridad competente para continuar con el expediente.
La Fiscalía se opuso al traslado y defendió que debía conservar la investigación. Su posición se fundamentó en que los principales hechos examinados correspondían al periodo en que Uribe fue gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, y no a su posterior ejercicio como presidente de la República. Por ello, consideró que el proceso debía permanecer bajo su conocimiento y tramitarse conforme a las disposiciones aplicables.
La controversia llegó a la Corte Constitucional para que determinara cuál de las dos instituciones debía continuar con el expediente. No obstante, la Sala Plena encontró que no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para resolver un conflicto de competencias de esa naturaleza. En consecuencia, se declaró inhibida y no adoptó una decisión que estableciera de manera definitiva la autoridad judicial o institucional competente.
Una decisión de siete votos contra dos
La decisión fue adoptada por la Sala Plena con siete votos a favor de la inhibición y dos salvamentos de voto. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien presentó la propuesta de decisión que finalmente obtuvo el respaldo mayoritario de los integrantes del tribunal.
Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, al expresar su desacuerdo con la determinación mayoritaria. Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cortés González presentó una aclaración de voto.
La votación refleja que la mayoría consideró que no existían las condiciones procesales para emitir un pronunciamiento de fondo. Por esa razón, el fallo no puede interpretarse como una decisión que haya validado de manera definitiva los argumentos de la Fiscalía frente al fuero del expresidente o que haya descartado las competencias de la Comisión de Investigación y Acusación.
El resultado práctico, sin embargo, es que el expediente no cambia de despacho y continúa en el ente investigador. La Fiscalía conserva las actuaciones que venía adelantando, mientras que la discusión sobre la autoridad que debería conocer el proceso no obtuvo una solución definitiva por parte de la Corte Constitucional.
Los hechos que originaron la investigación
El expediente está relacionado con tres episodios de violencia ocurridos en Antioquia entre 1996 y 1998. Uno de ellos es la masacre de La Granja, perpetrada el 11 de junio de 1996 en el municipio de Ituango, donde integrantes de grupos paramilitares asesinaron a varios habitantes de la región.
El segundo hecho corresponde a la masacre de El Aro, ocurrida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, también en Ituango. Durante la incursión paramilitar fueron asesinados habitantes, varias familias fueron desplazadas y se registraron incendios de viviendas y el hurto de ganado. Los hechos se convirtieron en uno de los episodios más graves de violencia contra la población civil en el norte de Antioquia.
La tercera línea está relacionada con el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos y abogado que había denunciado públicamente la violencia paramilitar en Ituango y las presuntas omisiones de las autoridades frente a esos hechos. Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín.
Las investigaciones buscan establecer si existieron responsabilidades de funcionarios públicos y posibles vínculos o actuaciones que facilitaran el accionar de estructuras paramilitares en esa región. En el caso de Uribe, los señalamientos se relacionan con su gestión como gobernador de Antioquia y con presuntas actuaciones frente a esos grupos. Se trata de hipótesis investigativas que deben ser examinadas por las autoridades competentes y que no equivalen, por sí mismas, a una declaración judicial de responsabilidad penal.
El recorrido judicial del expediente
El proceso ha pasado por diferentes autoridades debido a los cambios en la situación institucional de Uribe y a las discusiones sobre el fuero que le correspondía. En 2014, cuando llegó al Senado de la República, la Corte Suprema de Justicia asumió el conocimiento de las actuaciones, en consideración a su condición de congresista.
En agosto de 2020, después de que Uribe renunciara a su curul en el Senado, la Corte Suprema consideró que había perdido la competencia para continuar con el expediente y dispuso su remisión a la Fiscalía General de la Nación. La salida del Congreso modificó el escenario procesal y llevó a que el caso pasara al ente acusador.
La discusión que ahora llegó a la Corte Constitucional surgió seis años después de ese traslado. La Comisión de Investigación y Acusación planteó que debía asumir el expediente por la posible incidencia del fuero presidencial en algunos de los hechos investigados, mientras que la Fiscalía defendió la continuidad de su competencia por la época en que habrían ocurrido las conductas principales.
La decisión del 9 de noviembre deja vigente el escenario establecido desde 2020, aunque sin resolver de fondo la controversia constitucional. Por ello, el pronunciamiento no significa que la investigación haya terminado ni que se hayan cerrado las posibilidades de establecer responsabilidades por los hechos ocurridos en Ituango y Medellín.
¿Qué viene para el caso de Uribe?
El efecto inmediato es que la Fiscalía continuará conociendo el expediente y podrá avanzar en las actuaciones investigativas que correspondan. La decisión tampoco representa una condena contra el expresidente ni una declaración de inocencia sobre los hechos materia de investigación. Su alcance se limita a la controversia sobre la competencia institucional y a la imposibilidad de que la Corte Constitucional emitiera un pronunciamiento de fondo en esta oportunidad.
La diferencia es importante porque la discusión sobre el fuero y la autoridad encargada de investigar no reemplaza el análisis de las pruebas ni resuelve las hipótesis sobre la posible participación de Uribe en los hechos. Son asuntos jurídicos distintos: uno determina qué institución debe adelantar las actuaciones y el otro busca establecer si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales.
Tampoco debe confundirse la permanencia del expediente en la Fiscalía con una ratificación definitiva de que esa institución tiene competencia para investigar todos los aspectos del caso. La Corte se abstuvo de resolver ese punto y, por tanto, no existe en esta decisión una definición de fondo que cierre la discusión entre el ente acusador y la Comisión de Investigación y Acusación.
La investigación por las masacres de La Granja y El Aro y el asesinato de Jesús María Valle continúa así en manos de la Fiscalía, mientras permanece sin una respuesta definitiva la disputa institucional que motivó la intervención de la Corte Constitucional. El expediente, que involucra hechos ocurridos hace casi tres décadas, seguirá siendo uno de los procesos de mayor relevancia en el debate sobre las responsabilidades estatales frente a la expansión del paramilitarismo en Antioquia.
