Tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, las comunidades afectadas continúan enfrentando dificultades para recuperar sus condiciones de vida. La Defensoría del Pueblo advirtió que persisten barreras para acceder a vivienda, servicios de salud, educación y ayudas humanitarias, mientras el proceso de reconstrucción enfrenta un déficit de financiación de $50,08 billones.
El movimiento telúrico, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó 776.119 personas afectadas, agrupadas en 363.791 familias, de acuerdo con el Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 3 de noviembre. La entidad señaló que las dificultades administrativas, la falta de recursos y los problemas de coordinación institucional están retrasando la recuperación de las comunidades.
Las consecuencias humanas de la emergencia también continúan siendo considerables. Según el reporte situacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 27 de octubre, el terremoto dejó 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas. Las cifras reflejan la magnitud de una emergencia que afectó diferentes servicios e infraestructuras esenciales.
En materia de vivienda, el registro oficial contabiliza 104.049 inmuebles inhabitables, 19.149 destruidos y otros 119.748 con daños. A estas afectaciones se suman 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios afectados, además de daños en cientos de vías, acueductos y puentes.
Uno de los principales obstáculos identificados por la Defensoría está relacionado con el Registro Único de Damnificados. Actualmente no existe una ruta general para incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños posteriores a la fecha de cierre de la caracterización. La situación puede dejar por fuera de los programas de asistencia a familias que sí resultaron afectadas por el desastre.
El problema adquiere mayor dimensión por las inconsistencias encontradas en la clasificación de habitabilidad de las viviendas. En Risaralda se reportan más de 70.000 registros con inconsistencias, mientras que en Pereira, con corte al 7 de octubre, 3.098 familias todavía no habían cobrado el beneficio económico destinado a atender sus necesidades de alojamiento.
A las dificultades administrativas se suma el monto y la duración de los subsidios de arrendamiento. El apoyo establecido es de $1.050.000 mensuales durante tres meses, un periodo que resulta insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que pueden extenderse entre 12 y 18 meses. La Defensoría también advierte que la escasez de viviendas disponibles ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad.
La situación de quienes permanecen en alojamientos temporales tampoco está resuelta. El seguimiento de la entidad identificó 15 espacios activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda, donde permanecían 457 personas. Entre los problemas encontrados están las deficiencias de infraestructura y seguridad, además de la falta de protocolos claros para cerrar los albergues y garantizar alternativas habitacionales a quienes deben abandonarlos.
El acceso a los servicios de salud constituye otro de los puntos críticos. Aunque las autoridades sanitarias habilitaron sedes transitorias y anunciaron planes para reconstruir la red hospitalaria afectada, las verificaciones realizadas en terreno evidenciaron una reducción de la capacidad de atención y demoras en consultas especializadas, entrega de medicamentos y autorizaciones médicas.
En Quindío, el Hospital La Misericordia de Calarcá continuaba funcionando con daños en sus muros y rutas de evacuación. La institución registraba una reducción cercana al 50 % en su capacidad de personal e infraestructura, una situación que limita la prestación de servicios a la población que necesita atención después de la emergencia.
En Risaralda también se reportaron retrasos en autorizaciones, citas y entrega de medicamentos. A estas dificultades se suma la situación del Hospital Universitario San Jorge, que suspendió la prestación de servicios a afiliados de Nueva EPS, lo que representa otra barrera para las personas que requieren atención médica en medio del proceso de recuperación.
La educación es otro de los sectores en los que persisten dificultades. Aunque el Ministerio de Educación anunció que había recuperado el servicio para la totalidad de los estudiantes afectados, la Defensoría encontró que no todos habían regresado a clases presenciales ni contaban con instalaciones que ofrecieran condiciones adecuadas de seguridad.
En el Valle del Cauca, con corte al 15 de octubre, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales. La cifra evidencia que la recuperación del servicio educativo no se limita a garantizar alguna forma de continuidad académica, sino que también requiere restablecer espacios físicos seguros para los alumnos y docentes.
Uno de los casos identificados corresponde a la institución educativa San Bernardo, en Calarcá, donde más de 1.000 estudiantes recibían clases en 81 carpas. Las instalaciones presentaban dificultades de acceso a energía, baños y sistemas adecuados de drenaje. La Defensoría también encontró retrasos en la asignación de recursos para intervenir sedes educativas y problemas en el Programa de Alimentación Escolar, relacionados con alimentos en mal estado, entregas incompletas y demoras.
El informe también advierte sobre los riesgos que enfrentan mujeres, niñas, niños y adolescentes. Entre las dificultades identificadas están los obstáculos para activar oportunamente las rutas de atención frente a las violencias basadas en género y garantizar entornos seguros después de la salida de los alojamientos temporales. La entidad considera necesario incorporar medidas de protección específicas durante el proceso de recuperación.
Las comunidades étnicas también enfrentan barreras para ser reconocidas en los registros y acceder a las ayudas. La Defensoría insiste en que los mecanismos de caracterización y asignación de recursos deben incorporar enfoques diferenciales y territoriales, de manera que las particularidades de cada población no se conviertan en un impedimento para recibir atención.
La recuperación económica de las zonas afectadas representa otro desafío. La entidad encontró vacíos en las medidas destinadas a restablecer los medios de vida de la población campesina, los trabajadores informales y los pequeños emprendimientos. Para estos sectores, la reconstrucción de viviendas e infraestructura no es suficiente si no existen apoyos que permitan recuperar las actividades productivas y las fuentes de ingresos.
Sin embargo, uno de los hallazgos más preocupantes del balance tiene que ver con los recursos necesarios para financiar la recuperación. El costo estimado del Plan de Acción Específico (PAE) asciende a $58,29 billones, pero solamente $8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados. Esto significa que todavía existe una brecha de financiación de $50,08 billones, equivalente al 85,9 % del valor total estimado.
La Defensoría advierte que los recursos identificados incluyen anuncios de entidades públicas, cooperantes y empresas, pero no cuentan con una clasificación suficiente que permita establecer cuáles están disponibles, cuáles tienen apropiación presupuestal y cuáles se encuentran en ejecución. La inclusión de esos recursos en el documento de planificación tampoco significa que exista una asignación presupuestal efectiva para las intervenciones.
De acuerdo con el seguimiento de la entidad, la única fuente que cuenta con un monto y un cronograma ciertos corresponde a una adición al Presupuesto General de la Nación por $624.656 millones, provenientes de un crédito contingente con el Banco Mundial. La cifra contrasta con los $58,29 billones que se estiman necesarios para completar las intervenciones previstas en el plan de recuperación.
A las dificultades financieras se suman problemas de articulación institucional. La Defensoría identificó obstáculos en la coordinación entre el Fondo Milagro, creado para centralizar y administrar recursos destinados a la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la reactivación económica, y el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También señaló la necesidad de fortalecer la participación de la UNGRD en las decisiones sobre priorización de las intervenciones.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió establecer una ruta extraordinaria para actualizar, corregir e incorporar registros en el RUD, además de garantizar la entrega oportuna de los subsidios de arrendamiento y de los apoyos económicos. También recomendó que el cierre de los alojamientos temporales esté condicionado a la existencia de alternativas habitacionales dignas y seguras para las familias.
En educación y salud, la entidad solicitó priorizar la recuperación de instituciones educativas, centros de desarrollo infantil y hospitales, con diagnósticos técnicos, financiación y cronogramas verificables. Asimismo, pidió garantizar la continuidad de los tratamientos médicos, ampliar la atención psicosocial y asegurar que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales en condiciones de seguridad.
Las recomendaciones también incluyen reconocer como población de atención diferencial a las víctimas del conflicto armado, los firmantes del Acuerdo de Paz y las personas en proceso de reincorporación. La entidad considera necesario incorporar desde las primeras etapas de respuesta un enfoque de movilidad humana y doble afectación, para identificar a quienes, además de sufrir las consecuencias del terremoto, enfrentan desplazamiento forzado, confinamiento o migración.
Finalmente, la Defensoría insistió en que el proceso de recuperación debe contar con fuentes de financiación identificadas, responsables institucionales y cronogramas verificables. También pidió fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales y territoriales y acompañar la reconstrucción de infraestructura con medidas para recuperar los medios de vida y las capacidades de las comunidades.
A tres meses de la emergencia, el balance muestra que el desafío va más allá de reconstruir viviendas, hospitales, escuelas y vías. Las dificultades para acceder a las ayudas, la permanencia de familias en alojamientos temporales y la falta de recursos suficientes evidencian que miles de personas todavía no cuentan con condiciones para recuperar sus derechos y sus actividades cotidianas. Para la Defensoría, la principal lección del desastre debe ser incorporar la gestión del riesgo como una estrategia de desarrollo sostenible, con enfoques preventivos, diferenciales y territoriales.
