La revista británica The Economist publicó el 9 de noviembre de 2026 un análisis sobre los primeros meses de gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, en el que cuestiona los resultados de su estrategia de seguridad, las dificultades económicas de su administración y las señales de confrontación con sectores institucionales y críticos del Ejecutivo.
El artículo, titulado Colombia’s Trumpian president is taking no prisoners (El presidente trumpista de Colombia no toma prisioneros), presenta al mandatario como un dirigente populista de derecha que ha construido buena parte de su imagen pública alrededor de la mano dura contra las organizaciones criminales, la comunicación directa en redes sociales y una agenda de transformación política y cultural.
Uno de los aspectos que más llama la atención de la publicación es la manera en que De la Espriella acompaña y difunde los operativos de las fuerzas de seguridad. La revista describe al presidente con una pistola en el cinturón y un radio de comunicaciones en la mano, mientras participa en procedimientos nocturnos contra presuntos delincuentes.
En esos escenarios, el mandatario aparece frente a personas capturadas, a quienes dirige comentarios y frases que posteriormente se convierten en contenido para sus plataformas digitales. Una de sus expresiones recurrentes es «Bienvenido a la Patria Milagro», utilizada para presentar los resultados de su política de seguridad.
The Economist reconoce que esa estrategia de comunicación puede resultar atractiva para una ciudadanía cansada de la delincuencia y de la presencia de organizaciones criminales en diferentes regiones. Sin embargo, advierte que la espectacularidad de las operaciones no debe confundirse con una recuperación efectiva del control territorial.
«Se necesitará mucho más que videos de TikTok para quebrar la influencia que ejercen los grupos armados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal en amplias zonas del país», señala el análisis, que pone en duda que las imágenes difundidas por el Gobierno sean suficientes para demostrar transformaciones estructurales en materia de seguridad.
Para respaldar esa preocupación, la publicación recoge declaraciones de Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien considera modestos los cambios en la estrategia operacional. «Es esencialmente lo mismo: capturas, muertes, incautaciones», afirmó el experto al referirse a las acciones que viene desarrollando el Ejecutivo.
El artículo también menciona episodios como el confinamiento impuesto por una estructura criminal en Santa Marta, durante septiembre, que mantuvo a habitantes en sus viviendas y obligó al cierre de establecimientos comerciales. Aunque el presidente ordenó sobrevuelos militares, la situación evidenció las dificultades para garantizar condiciones de seguridad a la población.
En su balance, The Economist también examina la combinación de medidas que el Gobierno ha diseñado para enfrentar a las organizaciones armadas. Por una parte, se encuentra la ley de sometimiento, que contempla beneficios judiciales para integrantes de estructuras criminales que confiesen sus delitos, colaboren con las autoridades y entreguen sus bienes.
Por otra parte, está el estatuto antiterrorista, que busca ampliar las herramientas del Estado para declarar organizaciones como terroristas y congelar activos de quienes sean señalados de colaborar con ellas. La publicación describe esta combinación como una política de «zanahoria y garrote», aunque advierte sobre los riesgos que puede representar para sectores de la sociedad civil.
Las preocupaciones se relacionan con la posibilidad de que las facultades contempladas en esas iniciativas terminen afectando a activistas, organizaciones sociales y personas que ejercen oposición política. El interrogante está en cómo establecer controles suficientes para evitar que instrumentos diseñados contra estructuras criminales se conviertan en mecanismos de intimidación contra ciudadanos.
La situación económica constituye otro de los principales desafíos identificados por la revista. Colombia enfrenta una deuda pública cercana al 60 % del producto interno bruto y un déficit fiscal que podría alcanzar el 9,4 % del PIB en 2027, cifras que limitan la capacidad del Gobierno para financiar sus compromisos de seguridad y sus programas de inversión.
A ese escenario se suma el peso del servicio de la deuda, que compromete una proporción considerable del presupuesto nacional. The Economist también menciona las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para explorar un programa de financiación de hasta 20.000 millones de dólares, en medio de las dificultades fiscales que enfrenta el país.
El Gobierno presentó una denominada Ley de Rescate, que en la práctica contempla una nueva reforma tributaria y modificaciones al sistema de beneficios fiscales. Entre las propuestas se encuentran ampliar la base de contribuyentes del impuesto de renta, reducir algunos beneficios tributarios y disminuir la nómina estatal en un 20 %.
La iniciativa también plantea reducir la tarifa del impuesto de renta corporativo del 35 % al 31 % y establecer una tasa del 20 % durante 16 años para grandes inversionistas extranjeros. El Ejecutivo sostiene que estas medidas permitirían estimular la inversión y mejorar las condiciones para el crecimiento económico.
Sin embargo, la revista advierte que el proyecto enfrenta dificultades para conseguir respaldo político, incluso entre sectores que inicialmente podrían acompañar al Gobierno. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuestionó el contraste entre la identidad populista del mandatario y una propuesta económica que incluye medidas de ajuste fiscal y reducción del gasto público.
La gobernabilidad en el Congreso también aparece como un problema. Aunque el Ejecutivo cuenta con sectores aliados, el movimiento político del presidente tiene una representación propia limitada y necesita construir acuerdos con otras bancadas para sacar adelante sus principales iniciativas legislativas.
The Economist señala que De la Espriella ha mostrado resistencia frente a las prácticas tradicionales de negociación política, particularmente los acuerdos que involucran cargos y cuotas burocráticas. Esa postura puede responder a una de sus promesas de campaña, pero también dificulta la construcción de mayorías estables para aprobar las reformas.
El artículo recoge cuestionamientos de sectores políticos que han expresado inconformidad con la forma en que el Gobierno busca tramitar sus proyectos. Entre ellos aparecen diferencias con integrantes del Centro Democrático y advertencias del vicepresidente José Manuel Restrepo sobre las consecuencias que podría tener la falta de recursos para atender las obligaciones financieras del Estado.
Otro de los puntos examinados por la revista es la relación del presidente con las instituciones, los gremios empresariales y los medios de comunicación. La publicación menciona la salida del director del DANE, la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la ANDI y los señalamientos sobre una supuesta instrucción presidencial para impedir que los ministros se reunieran con el dirigente empresarial.
En el caso de la ANDI, la controversia se relaciona con las versiones sobre las restricciones a los encuentros entre funcionarios del Gobierno y representantes del gremio. The Economist presenta el episodio como una muestra de las tensiones entre el Ejecutivo y sectores empresariales que han cuestionado algunas de sus decisiones.
La publicación también menciona la salida de periodistas críticos del Gobierno de sus puestos de trabajo. Este asunto adquiere importancia dentro de la evaluación del estilo presidencial, debido a las inquietudes sobre la tolerancia del Ejecutivo frente a las posiciones contrarias y la independencia de los espacios informativos.
La comparación con Donald Trump aparece como uno de los ejes que atraviesan el análisis. The Economist encuentra semejanzas en la comunicación política, el uso de las redes sociales, la confrontación con contradictores y la presentación del presidente como un líder que busca recuperar el orden mediante decisiones contundentes.
La revista también incluye dentro de esa comparación algunas decisiones de carácter cultural y diplomático. Entre ellas menciona el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, la orden de retirar 47 obras del Museo Nacional y la apuesta gubernamental por una denominada contrarrevolución cultural.
En política exterior, el análisis se refiere al acercamiento de Colombia a la estrategia estadounidense del Escudo de las Américas, el traslado de drones Reaper MQ-9A desde África y el retiro de una candidatura colombiana a la Corte Penal Internacional. Estas decisiones son presentadas como parte de un giro en la orientación internacional del Gobierno y de su acercamiento a la administración estadounidense.
Uno de los señalamientos políticos más fuertes aparece en las advertencias sobre una posible tendencia autoritaria. The Economist recoge declaraciones del exministro Rafael Nieto, quien identifica señales de un populismo autoritario de extrema derecha, aunque considera que todavía existe margen para corregir el rumbo de la administración.
La publicación también observa el ambiente de movilización social que se prepara para el 19 de noviembre, cuando sectores del Pacto Histórico, sindicatos y organizaciones estudiantiles convocaron protestas contra los recortes presupuestales y algunas decisiones económicas del Ejecutivo. La respuesta presidencial frente a esas manifestaciones será otra prueba para medir la relación del Gobierno con sus contradictores.
El análisis no desconoce algunos aspectos favorables de la gestión. Entre ellos destaca la respuesta inicial del Gobierno al terremoto del 10 de agosto, que dejó más de 300 muertos y cuantiosos daños materiales. The Economist calificó de ejemplar la reacción inicial del presidente y sus ministros, aunque posteriormente cuestionó la lentitud de los avances en la reconstrucción a cargo del Fondo Milagro.
En conjunto, el artículo plantea que De la Espriella enfrenta una distancia importante entre la imagen de autoridad que proyecta y los resultados estructurales que necesita conseguir. La reducción de algunos indicadores delictivos, el despliegue militar y la comunicación de los operativos no resuelven por sí solos los problemas de control territorial, financiación estatal y presencia institucional en las regiones.
La evaluación de The Economist deja así una pregunta sobre el rumbo de la administración: si el presidente podrá convertir su estrategia de confrontación y liderazgo personalista en resultados sostenibles, al mismo tiempo que garantiza el funcionamiento de los contrapesos institucionales y construye acuerdos políticos para sacar adelante sus propuestas.
