El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente colombiano. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad cercana a los 103 kilómetros. Sus efectos alcanzaron diferentes lugares del país, pero en Buenaventura dejaron una emergencia que, tres meses después, no podía medirse únicamente por la intensidad del movimiento.
Las primeras semanas estuvieron acompañadas por balances de viviendas averiadas, familias damnificadas, edificaciones en riesgo y necesidades de atención. El 25 de septiembre, el Distrito informó el cierre del Registro Único de Damnificados (RUD) con 31.654 familias y 67.590 personas registradas como afectadas. La cifra permite dimensionar el alcance social de la emergencia, pero no explica por sí sola qué ocurrió con las construcciones ni por qué algunas respondieron de manera tan diferente al mismo evento.
Para comprender esa parte de la historia, Garúa entrevistó el 7 de septiembre, 28 días después del terremoto, a Anderson Muñoz Páez, ingeniero civil estructural con posgrado en ingeniería estructural y actual estudiante de doctorado, quien viajó a Buenaventura como parte de un equipo vinculado a la Pontificia Universidad Católica de Chile y a su Centro de Investigación CIGIDEN R+ (Centro de Investigación Interdisciplinaria en Riesgo, Resiliencia y Recuperación ante Desastres) para evaluar las condiciones encontradas después del sismo.
Su recorrido por los barrios Alberto Lleras y Alfonso López, en la comuna 3, mostró un panorama desigual. Había edificaciones con daños moderados y otras con afectaciones severas que comprometían su utilización. En algunos casos, explicó, hoteles, restaurantes, viviendas y otras construcciones presentaban condiciones que podían hacer necesaria una evaluación más profunda antes de permitir nuevamente su ocupación. En sectores de vivienda informal, la situación podía ser todavía más compleja: algunas estructuras de madera, mampostería y viviendas palafíticas presentaban daños importantes o habían colapsado.
No todos esos daños tenían el mismo origen ni podían interpretarse de la misma manera. En construcciones de concreto con muros de mampostería, el ingeniero observó afectaciones en zonas como las bases de columnas y las conexiones entre vigas y columnas, además de deformaciones y fisuras o colapsos de muros. En construcciones más sencillas de mampostería encontró también ausencia de elementos adecuados de confinamiento. En viviendas palafíticas identificó deficiencias en elementos destinados a proporcionar estabilidad lateral y en las conexiones entre distintas partes de las estructuras.
Estas observaciones no permiten atribuir todos los daños de Buenaventura a una única causa. Sí muestran algo fundamental para comprender un terremoto: la magnitud del sismo es solamente una parte del riesgo.
El riesgo que existía antes del 10 de agosto
En ingeniería y gestión del riesgo, un desastre no depende exclusivamente de que ocurra un fenómeno natural. También intervienen la exposición de personas, bienes y la vulnerabilidad de las construcciones ademas de las comunidades que reciben su impacto. Un terremoto no encuentra todas las edificaciones en las mismas condiciones.
En Buenaventura, parte de esa diferencia estaba construida desde antes.
Durante su recorrido, Muñoz encontró viviendas construidas mediante procesos de autoconstrucción y estructuras en las que no era evidente la aplicación de criterios técnicos de diseño sismorresistente. También observó edificaciones antiguas cuya respuesta frente al movimiento debía analizarse teniendo en cuenta la época y las condiciones bajo las cuales fueron construidas.
La autoconstrucción, sin embargo, no puede explicarse simplemente como una mala decisión individual. Construir una vivienda con asistencia profesional, materiales adecuados y cumplimiento de normas requiere recursos y acceso a conocimiento técnico. Cuando esas posibilidades son limitadas, las familias reproducen métodos que conocen, adaptan materiales disponibles y construyen progresivamente según sus posibilidades.
El terremoto no creó esas condiciones. Las encontró.
Por eso, hablar de vulnerabilidad en Buenaventura exige mirar simultáneamente la ingeniería y las condiciones sociales que determinan cómo se construye y quién puede acceder a una vivienda segura. La resistencia de una estructura depende de columnas, muros, conexiones y cimentaciones, pero la posibilidad de construirlas adecuadamente también depende de recursos, planificación, acompañamiento técnico y decisiones acumuladas durante décadas.
La Defensoría del Pueblo encontró pocos días después un panorama compatible con la gravedad descrita durante las evaluaciones técnicas. El 10 de septiembre informó que, durante recorridos por El Jardín, Miraflores, Lleras y Pampa Linda, había identificado más de 127 viviendas con riesgo inminente de colapso o daños estructurales severos. La entidad advirtió además sobre familias que permanecían en sectores de riesgo mientras buscaban alternativas de alojamiento.
La coincidencia entre ambos registros no significa que describan las mismas viviendas ni permite extrapolar sus resultados a toda Buenaventura. Sí confirma que, un mes después del terremoto, todavía existían sectores donde el daño estructural representaba un problema inmediato para las familias.
Reconstruir exige más que anunciar recursos
Para mediados de septiembre ya habían comenzado algunas medidas de recuperación. El Ministerio de Vivienda informó el 15 de septiembre la entrega de la primera de 30 viviendas proyectadas para familias afectadas por el terremoto y los primeros 20 bonos de apoyo inmediato dentro de un programa con miles de potenciales beneficiarios.
La precisión es importante. Una vivienda entregada no equivale a treinta viviendas terminadas, de la misma manera que anunciar un universo de beneficiarios no significa que todos hayan recibido ya una ayuda. En una emergencia de esta magnitud, diferenciar entre recursos anunciados, procesos iniciados y soluciones efectivamente entregadas permite observar la recuperación sin reducirla a una sucesión de cifras oficiales.
Hasta el 10 de noviembre, la información pública consultada no permitió corroborar cuántos apoyos económicos fueron efectivamente recibidos por las familias ni cuántas viviendas adicionales se entregaron. Esta falta de confirmación no permite concluir que las entregas no hayan ocurrido, pero sí impide establecer el alcance real de las medidas anunciadas.
A finales de septiembre, el proceso seguía abierto. La Procuraduría General de la Nación envió una comisión especial a Buenaventura para verificar en terreno la atención brindada a la población damnificada y los avances de la reconstrucción. Entre los asuntos objeto de seguimiento estaban la vivienda, los albergues, los servicios públicos, la salud, la educación, la alimentación y el acceso a las ayudas.
Noventa y tres días después del terremoto, por tanto, Buenaventura no puede describirse simplemente como una ciudad destruida ni como una ciudad reconstruida. Entre ambos extremos existe un proceso mucho más complejo: familias registradas como damnificadas, estructuras que necesitan evaluación, soluciones que comenzaron a implementarse y una discusión inevitable sobre cómo reconstruir.
Para Muñoz, esa discusión también debe incluir la manera en que se construyan nuevamente las viviendas. Colombia cuenta además con normas de construcción sismorresistente y lineamientos técnicos para determinadas tipologías de vivienda. El desafío no consiste solamente en que esas reglas existan, sino en que puedan traducirse en prácticas accesibles para territorios donde una parte importante de la construcción ocurre fuera de los procesos formales de diseño y supervisión.
Cuando las estructuras dejan de ser solamente estructuras
Durante la entrevista con Garúa hubo un momento en el que la conversación dejó de concentrarse exclusivamente en columnas, muros y conexiones. Al recordar lo que encontró durante su recorrido, Muñoz explicó que su experiencia profesional terminó inevitablemente atravesada por la dimensión humana de la emergencia.
“Yo crecí en un barrio pobre y he visto pobreza, pero lo que vi allá fue pobreza extrema. […] Es muy difícil quedarse solamente como ingeniero estructural. Uno también tiene que pensar como ser humano.”
Su reflexión surgió después de recorrer sectores donde encontró familias junto a viviendas destruidas y restos de estructuras de madera. Aunque su tarea era técnica, explicó que resultaba difícil separar la evaluación de las edificaciones de las condiciones en las que vivían las personas afectadas.
Esa mirada no sustituye una evaluación estructural ni convierte una experiencia individual en diagnóstico de toda la ciudad. Pero ayuda a entender por qué la reconstrucción de Buenaventura plantea una pregunta que va más allá de reparar aquello que se quebró el 10 de agosto.
Los terremotos no pueden evitarse. La vulnerabilidad (y por ende el riesgo) frente a ellos sí puede reducirse.
Eso implica evaluar correctamente las estructuras dañadas, impedir la ocupación de aquellas que representen peligro, reparar o reforzar cuando sea técnicamente posible y reconstruir con mejores condiciones cuando no lo sea. También implica que el conocimiento sobre construcción segura llegue a quienes históricamente han construido sus viviendas con los recursos y conocimientos disponibles.
El terremoto duró minutos. Parte de la vulnerabilidad que encontró llevaba años consolidándose.
Noventa y tres días después, el desafío de Buenaventura no consiste solamente en construir nuevamente paredes, techos y viviendas. Consiste en decidir si la reconstrucción devolverá a las comunidades al mismo punto de vulnerabilidad que existía antes del 10 de agosto o si la emergencia puede convertirse también en una oportunidad para reducir el riesgo antes del próximo terremoto
