La llegada de D’Mar Córdoba Salamanca a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) abrió una discusión sobre la manera en que el Estado colombiano cuenta y explica el conflicto armado. A menos de tres meses de su nombramiento, las comunicaciones de la entidad y sus actividades públicas muestran un énfasis en las víctimas de las antiguas FARC y en los integrantes de la Fuerza Pública afectados por la violencia guerrillera.
El debate no se limita a la incorporación de nuevos testimonios. También involucra el lenguaje utilizado para describir a los actores armados, la selección de episodios históricos y la forma en que se presentan las responsabilidades de guerrillas, agentes estatales y otros protagonistas de la confrontación. Para investigadores y antiguos funcionarios del Centro, estos elementos pueden modificar la interpretación pública de la historia.
Córdoba Salamanca asumió el cargo el 26 de agosto de 2026, luego de ser nombrado mediante el Decreto 1309 del 25 de agosto. Su designación fue presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella como una oportunidad para ampliar las voces que participan en la construcción de memoria y garantizar una mirada plural sobre las distintas experiencias del conflicto.
El nuevo director llegó con una trayectoria vinculada al derecho, el periodismo, la docencia y la asesoría legislativa. También había participado en espacios de opinión política y jurídica, entre ellos el programa radial La Hora de la Verdad. Su nombramiento generó cuestionamientos por sus posiciones anteriores frente a las guerrillas, el Acuerdo de Paz de 2016 y la interpretación del conflicto armado.
La discusión se conecta con la llamada «batalla cultural» promovida por el Gobierno. En un análisis publicado el 30 de agosto, la revista Cambio relacionó la llegada de Córdoba con esa estrategia política y examinó las preocupaciones de investigadores y organizaciones de víctimas sobre la orientación que podría adoptar el Centro.
Antes de asumir, Córdoba había defendido posiciones según las cuales las guerrillas debían ser entendidas principalmente como organizaciones terroristas y había cuestionado aspectos del Acuerdo de Paz. Esos antecedentes alimentaron las inquietudes sobre la posibilidad de que una visión política particular terminara influyendo en la orientación de una institución cuya misión exige documentar experiencias diversas.
El director, sin embargo, fijó públicamente una posición distinta sobre el alcance de su gestión. En su posesión afirmó que no llegaba a modificar, retirar ni reeditar los informes existentes y que su propósito era ampliar los archivos con testimonios de sectores que, según él, no habían tenido suficiente espacio. También reconoció expresamente la existencia del conflicto armado interno conforme al ordenamiento jurídico colombiano.
Córdoba mencionó entre sus prioridades a las personas afectadas por secuestros, reclutamiento forzado y despojo, así como a los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias. Sostuvo que no habría víctimas de primera y segunda categoría y que todas las organizaciones tendrían abiertas las puertas de la entidad.
La incorporación de esas experiencias responde a una necesidad legítima de memoria. Los militares y policías que fueron secuestrados, asesinados, desaparecidos o afectados por otras formas de violencia también son víctimas del conflicto y tienen derecho a que sus historias sean documentadas y reconocidas. La controversia aparece cuando esa ampliación se presenta como una corrección de una memoria anterior supuestamente excluyente.
Una revisión de la producción histórica del propio CNMH muestra que la victimización de integrantes de la Fuerza Pública ya había sido abordada antes de la llegada de Córdoba. La revista Cambio recordó investigaciones como el especial multimedia Recuerdos de selva, que documentó secuestros de militares y policías atribuidos a las FARC y al ELN entre 1976 y 2017, además de trabajos sobre tomas guerrilleras y otros episodios.
Por eso, el debate no puede plantearse como si antes de agosto de 2026 el Centro hubiera ignorado por completo a las víctimas de la Fuerza Pública. La pregunta es si la nueva dirección está ampliando el universo de testimonios sin desplazar otras experiencias o si está modificando las prioridades de divulgación hasta producir un relato más concentrado en determinados responsables.
Uno de los primeros cambios visibles se encuentra en el lenguaje de las comunicaciones institucionales. El uso de expresiones como «terroristas» para referirse a integrantes de las antiguas FARC o del M-19 enfatiza una calificación de sus acciones, pero no reemplaza la necesidad de identificar históricamente a las organizaciones, explicar su evolución y analizar el contexto en el que actuaron.
La discusión sobre las palabras tiene antecedentes en Colombia. Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe se promovió el uso de la categoría «terrorismo» en el discurso oficial, en detrimento de la expresión «conflicto armado». La investigadora María Emma Wills, citada por El País, advirtió que la recuperación de ese lenguaje puede simplificar la comprensión de un fenómeno que tuvo múltiples actores, causas y responsabilidades.
El problema no consiste en que una institución de memoria deba evitar la palabra terrorismo. Los actos terroristas y los crímenes cometidos por las guerrillas deben ser documentados y nombrados. La dificultad surge cuando esa categoría se convierte en la explicación general del conflicto y deja en segundo plano los factores políticos, sociales, económicos y militares que permiten comprender su desarrollo.
La selección de hechos también se ha convertido en motivo de discusión. En octubre, el CNMH publicó contenidos sobre el reconocimiento de los integrantes de la Fuerza Pública como víctimas, recibió a organizaciones de militares y policías y destacó testimonios de personas afectadas por secuestros atribuidos a las FARC. Estas actividades corresponden a la agenda pública que la entidad ha divulgado desde el cambio de dirección.
El 20 de octubre, por ejemplo, el Centro informó sobre una intervención de Córdoba en la Universidad Militar Nueva Granada, en la que defendió el reconocimiento de los miembros de la Fuerza Pública como víctimas bajo la Ley 1448 de 2011. El director señaló que los relatos de sus familias deben incorporarse a los archivos institucionales con la misma dignidad que los de cualquier otra persona afectada por la violencia.
La agenda también incluyó encuentros con sobrevivientes y familiares de víctimas. En septiembre, el director recibió al policía retirado John Fran Pinchao, quien permaneció secuestrado durante más de nueve años, y escuchó su testimonio sobre la importancia de preservar la memoria y evitar la repetición de esos hechos.
Sin embargo, la nueva dirección no ha concentrado todas sus actividades exclusivamente en las víctimas de las guerrillas. La página institucional registra encuentros con la periodista Jineth Bedoya, reconocida por su trabajo frente a la violencia sexual, con la Fundación para la Libertad de Prensa y con representantes del pueblo zenú. También divulgó iniciativas de memoria construidas con comunidades y víctimas de distintas características.
El episodio que ha generado uno de los cuestionamientos más recientes es el tratamiento de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. En el aniversario número 41, el CNMH rindió homenaje a Fanny González Franco, primera mujer magistrada titular de la Corte Suprema, asesinada durante la toma del M-19. La entidad destacó el testimonio de su sobrina nieta, quien atribuyó al grupo guerrillero la responsabilidad por su muerte.
El homenaje a la magistrada y el reconocimiento de su familia constituyen una acción de memoria legítima. La discusión se refiere a si la comunicación institucional sobre esos acontecimientos también incorpora las violaciones cometidas durante la retoma militar, entre ellas desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales que han sido objeto de investigaciones judiciales y de memoria.
El 11 de noviembre, Max Yuri Gil Ramírez, exdirector técnico del CNMH y director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, publicó en El País una columna en la que cuestionó el enfoque de las comunicaciones recientes del Centro. Según su interpretación, la entidad ha destacado la responsabilidad del M-19 y ha dejado en segundo plano los crímenes cometidos por agentes estatales durante la retoma.
Gil recordó, entre otros hechos, las denuncias sobre torturas a sobrevivientes, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, así como las responsabilidades que han sido objeto de decisiones judiciales. Su planteamiento es que la memoria de la toma no puede detenerse en la acción del M-19, sino que debe examinar también las decisiones del Gobierno y de la Fuerza Pública durante la operación militar.
La columna constituye una crítica de un antiguo funcionario del Centro y no una evaluación independiente de la totalidad de las publicaciones de la nueva dirección. No obstante, plantea un asunto central para la discusión: reconocer los crímenes de una organización armada no puede convertirse en una razón para reducir la visibilidad de las víctimas de otros actores o para relativizar responsabilidades estatales.
Las preocupaciones sobre la orientación del CNMH también aparecieron desde el momento del nombramiento. Organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos llevaron cuestionamientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al advertir sobre posibles riesgos para la memoria, la protección de los archivos y la garantía de pluralidad en el reconocimiento de las víctimas. Se trata de preocupaciones expresadas por esas organizaciones, no de una decisión de la Comisión que haya establecido la existencia de una vulneración.
La nueva dirección, por su parte, sostiene que su propósito es ampliar los relatos y no imponer una verdad oficial. Esa promesa deberá contrastarse con sus decisiones concretas: la continuidad de los informes anteriores, la financiación de nuevas investigaciones, la conservación de los archivos, la diversidad de testimonios y los criterios editoriales con los que se divulgan los episodios del conflicto.
El mandato del CNMH exige que la memoria no se convierta en una disputa por establecer qué víctimas merecen mayor reconocimiento o qué actor debe ocupar el centro de la historia. La institución debe documentar las violencias de guerrillas, paramilitares y agentes estatales, sin ocultar hechos ni distribuir responsabilidades según las preferencias del Gobierno de turno.
Por ahora, los elementos disponibles permiten identificar un giro en el énfasis de la comunicación pública y una controversia sobre el lenguaje y la selección de episodios. Todavía no demuestran que los informes históricos existentes hayan sido modificados, retirados o sustituidos por una versión oficial diferente. El propio director ha dicho que no pretende intervenir esos documentos.
La discusión sobre la llamada «guerra cultural» se resolverá, en buena medida, observando la evolución de la entidad. El contraste entre las publicaciones anteriores y posteriores a agosto de 2026, la agenda de investigaciones, el tratamiento de casos como el Palacio de Justicia y la participación de organizaciones de víctimas permitirá establecer si se trata de una ampliación efectiva de la memoria o de una reinterpretación que privilegia determinadas responsabilidades.
El desafío para el Centro Nacional de Memoria Histórica es demostrar que su promesa de pluralidad se traduce en una práctica institucional verificable. Escuchar a las víctimas de las FARC y reconocer a los integrantes de la Fuerza Pública no debería implicar silenciar a quienes padecieron crímenes de agentes estatales, paramilitares u otras estructuras armadas. La memoria democrática requiere que todas esas experiencias puedan ser conocidas, contrastadas y documentadas con rigor.
