Cerca de 200 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) se manifestaron este lunes 9 de noviembre en Tunja, durante la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Boyacá. La jornada terminó con la intervención de unidades antidisturbios de la Policía, el uso de gases lacrimógenos y dispositivos de aturdimiento, además de denuncias sobre presuntas agresiones y detenciones arbitrarias.
La concentración se desarrolló en inmediaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, donde el mandatario tenía previsto participar en un Consejo de Gobierno Ampliado y de Seguridad junto al gobernador Carlos Amaya, integrantes del gabinete nacional y alcaldes de los 123 municipios del departamento.
Los estudiantes llegaron al lugar con pancartas y arengas para expresar su rechazo a la presencia del jefe de Estado y a las políticas de su Gobierno. La movilización se produjo mientras se desarrollaba la agenda institucional del presidente en la capital boyacense.
De acuerdo con el reporte de Caracol Radio, la manifestación reunió a cerca de 200 personas y comenzó minutos antes del encuentro oficial. Los estudiantes permanecieron alrededor de diez minutos en el sector antes de que unidades de la Policía intervinieran para dispersarlos y alejarlos del escenario donde se encontraba el mandatario.
Otros reportes señalaron que algunos manifestantes intentaron acercarse al ingreso del Centro de Convenciones. Esa situación antecedió a la intervención de los uniformados, aunque las versiones publicadas no permiten establecer con precisión cómo se produjeron los primeros momentos de confrontación.
En el procedimiento participaron integrantes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), encargada de atender situaciones de alteración del orden público. Durante la intervención se utilizaron gases lacrimógenos y dispositivos de aturdimiento, según los registros y reportes divulgados por medios de comunicación.
La actuación policial generó momentos de tensión entre los uniformados y algunos manifestantes. Según Caracol Radio, los estudiantes se replegaron aproximadamente 50 metros hacia uno de los accesos de la universidad, desde donde continuaron expresando su inconformidad con la visita presidencial.
En medio de la jornada también se reportó la captura de una persona. Videos difundidos en redes sociales mostraron a varios uniformados reteniendo a un joven y trasladándolo hacia el interior de las instalaciones, situación que motivó cuestionamientos de dirigentes políticos y representantes de la comunidad académica.
Durante la tarde, los estudiantes permanecieron en inmediaciones de la Cámara de Comercio. Caracol Radio informó que algunos realizaron un sancocho mientras esperaban la salida del presidente, en medio de un amplio dispositivo de seguridad de la Policía y el Ejército.
La protesta no estuvo motivada únicamente por el rechazo a la presencia de De la Espriella. En un pronunciamiento divulgado el mismo lunes, la Maestría en Derechos Humanos de la UPTC señaló que la movilización también expresaba inconformidad por asuntos nacionales y regionales que afectan a distintos sectores de la población.
Entre los motivos mencionados estaban los anuncios de recortes presupuestales para Boyacá y las preocupaciones por la autonomía universitaria. Los estudiantes también cuestionaron el aumento de los costos de los insumos agrícolas y las medidas relacionadas con el IVA a productos de la canasta familiar.
El pronunciamiento académico incluyó además la preocupación por la violencia que afecta a diferentes territorios del país. La Maestría defendió la movilización como una expresión de participación ciudadana y del derecho de los estudiantes a manifestar sus posiciones frente a las decisiones del Gobierno.
Tras los hechos, la Maestría en Derechos Humanos rechazó las actuaciones policiales denunciadas y manifestó preocupación por el presunto uso desproporcionado de la fuerza. En particular, cuestionó el lanzamiento de gases lacrimógenos, las posibles agresiones contra manifestantes y las detenciones que podrían haber sido arbitrarias.
El programa académico pidió a las autoridades verificar de manera inmediata la situación jurídica y las condiciones de las personas detenidas. También reclamó garantías para el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de los estudiantes involucrados en la protesta.
La Maestría solicitó, además, que se adelante una investigación independiente sobre los procedimientos policiales y que se establezcan las posibles responsabilidades derivadas de la intervención. Su pronunciamiento recordó que la protección de la protesta pacífica es una obligación de las autoridades y no una concesión del Estado.
En el documento también se invocaron el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones que reconocen el derecho a reunirse y manifestarse públicamente de manera pacífica.
Las denuncias tuvieron repercusiones en el escenario político. La senadora Esmeralda Hernández cuestionó el uso de gases y dispositivos de aturdimiento contra los manifestantes y sostuvo que la respuesta institucional había sido desproporcionada frente a una concentración que, según su versión, se desarrollaba pacíficamente.
El senador boyacense John Amaya también rechazó el procedimiento y pidió explicaciones por la detención del joven que aparece en los videos divulgados en redes sociales. El congresista señaló que el estudiante habría sido agredido físicamente por uniformados, una afirmación que requiere ser contrastada mediante una investigación y los testimonios correspondientes.
Otros dirigentes regionales, entre ellos el senador Walter Rodríguez, conocido como ‘Wally’, y el exalcalde de Tunja José Luis Bohórquez, expresaron su rechazo a la intervención policial y respaldaron el derecho de los estudiantes a manifestarse.
Por su parte, la información publicada por medios locales indicó que la intervención se produjo cuando algunos manifestantes intentaron aproximarse al recinto donde se desarrollaba la reunión. Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado una reconstrucción oficial detallada que permita establecer las circunstancias exactas del procedimiento y las razones específicas para utilizar los dispositivos de dispersión.
Tampoco se conocía un balance oficial definitivo sobre el número de personas detenidas, los posibles lesionados o la existencia de daños materiales. Aunque Caracol Radio informó de una captura, la Maestría en Derechos Humanos pidió verificar la situación de los estudiantes detenidos, por lo que es necesario que las autoridades aclaren cuántas personas fueron trasladadas y bajo qué figura jurídica.
La actuación de la Policía también reabrió la discusión sobre las condiciones en las que la fuerza pública puede intervenir durante una manifestación. La existencia de tensiones o de intentos de acercamiento a un recinto oficial no elimina la obligación de proteger a quienes participan pacíficamente y de justificar cualquier uso de la fuerza bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La jornada se desarrolló mientras De la Espriella adelantaba su segunda visita oficial a Boyacá. El encuentro con las autoridades departamentales y municipales estaba orientado a revisar asuntos de seguridad, infraestructura, movilidad y desarrollo regional, en el marco de la estrategia gubernamental denominada ‘El Milagro de las Regiones’.
La reunión institucional continuó después de la intervención policial y se realizó a puerta cerrada en el Centro de Convenciones. La presencia de un amplio dispositivo de seguridad acompañó la agenda presidencial, mientras los manifestantes permanecían en los alrededores del lugar.
El episodio también tiene antecedentes en las diferencias entre el Gobierno y sectores de la comunidad universitaria. En septiembre, estudiantes de la UPTC ya se habían movilizado en Tunja para rechazar los planteamientos presidenciales sobre un protocolo que permitiría el ingreso de la fuerza pública a las universidades en determinadas circunstancias.
Por ahora, el caso deja pendientes varias explicaciones: el balance completo de personas detenidas o lesionadas, las razones operativas que llevaron a dispersar la concentración, la identificación de los mandos responsables del procedimiento y las respuestas de la Policía, la Alcaldía de Tunja y las directivas de la UPTC. La investigación de las denuncias será clave para establecer si durante la intervención se respetaron las garantías de los manifestantes y los límites legales del uso de la fuerza.
