La iniciativa del Centro Democrático para reglamentar la doble conformidad judicial abrió una controversia que va más allá de la discusión sobre las garantías de las personas condenadas por primera vez en segunda instancia. El punto más delicado está en el artículo 15 del Proyecto de Ley 282 de 2026 Senado, que contempla restablecer excepcionalmente la oportunidad de presentar un recurso extraordinario de casación en procesos anteriores a la eventual entrada en vigencia de la norma.
La discusión se intensificó porque las cuatro condiciones establecidas en esa disposición coinciden con el recorrido judicial de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. La senadora María Clara Posada, autora de la iniciativa, defendió que la propuesta no tiene nombre propio y aseguró que alrededor de 242 personas se encuentran en una situación semejante.
Sin embargo, hasta ahora no se conoce un registro público que permita comprobar esa cifra, identificar los procesos incluidos o establecer cuántas personas cumplen simultáneamente todos los requisitos del artículo. La diferencia es sustancial: no basta con haber sido condenado en segunda instancia para acceder al mecanismo excepcional que propone el proyecto.
El número de 242 fue mencionado por Posada durante una entrevista con Caracol Radio, en la que respondió a los cuestionamientos del periodista Daniel Coronell sobre las coincidencias entre el articulado y el caso de Santiago Uribe. La congresista sostuvo que ese era el último cálculo que había estudiado y que la iniciativa buscaba corregir una situación que afectaría a otras personas condenadas bajo el régimen provisional de impugnación especial.
La afirmación de la senadora constituye, por ahora, la principal referencia pública sobre la cantidad de posibles beneficiarios. Pero no equivale a una certificación de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo o del Consejo Superior de la Judicatura. Tampoco permite establecer si las 242 personas cumplen todas las condiciones del artículo 15 o si se trata de un universo más amplio de ciudadanos que, en opinión de la autora, han enfrentado dificultades para ejercer plenamente sus garantías procesales.
El proyecto, identificado como Proyecto de Ley 282 de 2026 Senado, fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera el 10 de noviembre. La iniciativa todavía debe continuar su trámite legislativo, por lo que sus disposiciones no están vigentes y sus eventuales beneficiarios no tienen actualmente un derecho adquirido a presentar una nueva casación por esa vía.
Los cuatro requisitos que definen el universo de beneficiarios
El artículo 15 no está dirigido a todas las personas condenadas ni a todos los ciudadanos que hayan presentado una impugnación especial. Según la explicación del articulado durante la entrevista, establece cuatro condiciones que deben concurrir para recuperar excepcionalmente la oportunidad de acudir a casación.
La primera consiste en haber sido condenado por primera vez en segunda instancia por un tribunal. Se trata de personas que recibieron una absolución en primera instancia y cuya situación cambió cuando el superior revocó esa decisión y dictó una condena.
La segunda exige que el condenado haya promovido una impugnación especial contra esa primera sentencia condenatoria. Este mecanismo permite solicitar una revisión de la condena, en cumplimiento del derecho a la doble conformidad reconocido por la jurisprudencia constitucional.
La tercera condición es que la impugnación especial haya terminado con la confirmación total o parcial de la condena. Es decir, que la revisión judicial no haya revocado completamente la decisión condenatoria y que el resultado haya mantenido la responsabilidad penal, al menos en parte.
La cuarta exige que la persona no haya contado con una oportunidad autónoma y efectiva para ejercer el recurso extraordinario de casación, debido a una regla jurisprudencial que lo consideró improcedente, innecesario, absorbido, subsumido o extinguido por la impugnación especial.
Este último requisito es particularmente importante porque delimita el alcance de la disposición. No se refiere simplemente a quienes no presentaron una casación o perdieron ese recurso, sino a quienes, después de acudir a la impugnación especial, encontraron cerrada la posibilidad de ejercer una casación autónoma por la interpretación judicial aplicada a su proceso.
El caso de Santiago Uribe: coincidencia en los cuatro puntos
El recorrido judicial de Santiago Uribe permite observar por qué el artículo 15 despertó sospechas. El 13 de noviembre de 2024 fue absuelto en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Un año después, el 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión y lo condenó por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
La defensa presentó una impugnación especial contra la condena. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió ese mecanismo el 3 de junio de 2026 y confirmó la sentencia condenatoria, imponiendo una pena de 28 años y tres meses de prisión. La providencia quedó identificada como SP499-2026.
Dos días después, el 5 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa, al considerar que no procedía una nueva revisión por esa vía después de haberse resuelto la impugnación especial. Esa secuencia es la que permite establecer la coincidencia entre el caso de Santiago Uribe y las cuatro condiciones descritas en el artículo 15.
La controversia no se limita a la posibilidad de presentar un recurso adicional. El artículo 18 del proyecto también contempla una disposición relacionada con la libertad durante el trámite de la casación excepcional. En la entrevista, Coronell planteó que esa regla podría tener consecuencias inmediatas para Santiago Uribe, quien se encontraba privado de la libertad en una guarnición militar.
Posada respondió que la disposición no produciría una excarcelación generalizada y que estaría condicionada a la situación de libertad que tuviera la persona cuando se resolvió la impugnación especial, además de no existir otra medida de detención vigente. La eventual aplicación de esa regla dependería del texto definitivo que aprobara el Congreso y de la interpretación judicial correspondiente.
¿Dónde están las otras 241 personas?
La pregunta central sigue sin respuesta documental: ¿quiénes son las otras personas que, según la senadora, se encuentran en condiciones similares? Para comprobarlo sería necesario conocer, como mínimo, los números de radicación de los procesos, los tribunales que dictaron las primeras condenas, las fechas de las impugnaciones especiales y las decisiones que las resolvieron.
También habría que identificar las providencias en las que se negó la posibilidad de presentar casación por considerarla absorbida o improcedente después de la impugnación especial. Sin ese último elemento no es posible afirmar que una persona cumple la totalidad de los requisitos, aunque haya recibido una condena por primera vez en segunda instancia y posteriormente haya acudido a la doble conformidad.
La información pública consultada no permite establecer cuántas personas cumplen simultáneamente esas cuatro condiciones. Tampoco permite determinar cuántas tienen un recorrido judicial idéntico al de Santiago Uribe y cuántas presentan diferencias sustanciales, por ejemplo, en la fecha de la condena, el régimen procesal aplicable, el tribunal que conoció el caso o la manera como se resolvió la impugnación.
Por eso, no es correcto convertir automáticamente la cifra de 242 en el número de personas que recibirían el beneficio específico del artículo 15. La cifra debe presentarse como una estimación de la autora del proyecto, pendiente de verificación mediante información judicial individualizada.
La doble conformidad y el origen del debate
La iniciativa tiene como antecedente la Sentencia C-792 de 2014, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció la necesidad de garantizar que una primera condena pueda ser revisada integralmente por una autoridad judicial distinta. El tribunal exhortó al Congreso a regular el asunto, pero durante años el Legislativo no expidió una regulación integral.
Ante ese vacío, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema desarrolló mecanismos transitorios para permitir la impugnación especial de las primeras condenas dictadas en segunda instancia. La propuesta de Posada busca reemplazar ese régimen provisional por reglas legales y coordinar la doble conformidad con el recurso extraordinario de casación.
La discusión, por tanto, tiene una dimensión constitucional legítima. Una persona que recibe su primera condena después de haber sido absuelta debe contar con una oportunidad real de controvertirla. Pero esa garantía no resuelve automáticamente la pregunta sobre si corresponde reabrir términos para presentar casación en procesos que ya tuvieron una impugnación especial y una decisión de la Corte Suprema.
En el debate de la Comisión Primera, la senadora Esmeralda Hernández cuestionó que la iniciativa se tramitara como ley ordinaria y advirtió sobre sus posibles efectos en el caso de Santiago Uribe. Su proposición para archivar el proyecto fue derrotada y la iniciativa continuó su trámite.
El debate legislativo también debe considerar los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica. Una nueva oportunidad procesal puede estar justificada si busca corregir una vulneración de garantías, pero debe tener criterios generales, verificables y aplicables sin distinciones políticas o personales.
La prueba que falta
Para despejar las dudas, la senadora María Clara Posada debería entregar el soporte del cálculo de 242 personas y explicar qué entidades o bases de datos utilizó para construirlo. También sería necesario que precisara si el número corresponde a personas que cumplen las cuatro condiciones del artículo 15 o a un grupo más amplio de condenados que, según su interpretación, no tuvieron acceso a una revisión integral.
La Corte Suprema de Justicia podría aportar información decisiva mediante una relación estadística de los procesos en los que se presentó una impugnación especial y posteriormente se negó la casación por las razones contempladas en el proyecto. Esa información permitiría identificar cuántos casos existen, en qué periodos ocurrieron y qué diferencias procesales presentan.
Una comparación de los expedientes también permitiría determinar si Santiago Uribe es uno entre cientos de personas en una situación equivalente o si su proceso constituye un caso excepcional que coincide de manera particularmente precisa con la redacción de la norma.
Por ahora, lo que se puede afirmar es que el caso de Santiago Uribe encaja en las cuatro condiciones explicadas públicamente durante la discusión del proyecto. Lo que no se ha podido demostrar con información independiente es que existan otras 241 personas con el mismo recorrido o que todas ellas tengan derecho a recuperar la oportunidad de presentar casación bajo el artículo 15.
La diferencia entre una cifra anunciada y un universo comprobado es el centro de esta controversia. Si el propósito del proyecto es corregir una desigualdad procesal que afecta a cientos de ciudadanos, el Congreso debería contar con evidencia suficiente para identificar a sus destinatarios y medir sus consecuencias. Si no existe esa información, la afirmación de que hay 242 beneficiarios seguirá siendo una declaración de la autora, no un dato judicial verificado.
El trámite legislativo apenas comienza su siguiente etapa en la plenaria del Senado. Antes de que la iniciativa avance, la discusión debería incluir una respuesta concreta sobre cuántas personas cumplen cada requisito, cuántas los reúnen todos y cuántas tienen una situación verdaderamente comparable con la de Santiago Uribe. Sin ese ejercicio, será difícil evaluar si el artículo 15 resuelve un problema general de garantías judiciales o si termina produciendo un efecto concentrado en un número reducido de procesos.
