La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las amenazas recibidas por integrantes de Tercer Canal, luego de que una persona desconocida realizara una llamada telefónica el lunes 9 de noviembre y lanzara una advertencia contra los trabajadores del medio de comunicación. La organización alertó sobre el riesgo que representa este tipo de intimidaciones para el ejercicio periodístico y la libertad de prensa en Colombia.
De acuerdo con la información divulgada por la FLIP, la comunicación se produjo hacia el mediodía y estuvo dirigida contra el equipo de Tercer Canal. Durante la llamada, el interlocutor lanzó una amenaza colectiva en la que exigió que los integrantes del medio dejaran de trabajar: «Les toca callarse a los del Tercer Canal, o nos los vamos a llevar a todos».
La advertencia generó preocupación por la seguridad de los periodistas y colaboradores, debido a que no estuvo dirigida exclusivamente contra una persona, sino que involucró al conjunto del equipo de trabajo. La expresión utilizada plantea un riesgo para la integridad de quienes participan en las actividades informativas del canal.
La FLIP advirtió que las amenazas tienen consecuencias que van más allá de la intimidación directa. Cuando un medio de comunicación recibe este tipo de mensajes, sus integrantes pueden verse obligados a modificar sus rutinas laborales, limitar desplazamientos y adoptar medidas extraordinarias para protegerse, situaciones que también afectan el desarrollo normal de su trabajo.
En este caso, el equipo periodístico tuvo que modificar sus dinámicas de trabajo como respuesta a la amenaza. La situación evidencia cómo las intimidaciones pueden interferir directamente en la labor de los medios y generar condiciones de inseguridad para quienes cubren asuntos de interés público.
La organización defensora de la libertad de prensa señaló que estos hechos no deben entenderse como episodios aislados de intimidación. Las amenazas contra periodistas buscan generar temor y transmitir un mensaje que puede extenderse a otros medios de comunicación: informar sobre determinados asuntos podría tener consecuencias para quienes ejercen esa labor.
Uno de los principales riesgos de este escenario es la autocensura. Cuando los periodistas consideran que su seguridad puede estar comprometida por desarrollar investigaciones, publicar información o abordar determinados temas, pueden terminar restringiendo sus contenidos o evitando ciertas coberturas. De esta manera, las amenazas también afectan el derecho de la ciudadanía a recibir información.
El pronunciamiento de la FLIP se produce en un contexto de preocupación por las agresiones contra periodistas en Colombia. Según los registros de la organización, durante 2026 se habían documentado 149 amenazas contra trabajadores de medios de comunicación.
Esta cifra representa el 38 % del total de agresiones registradas por la Fundación en lo corrido del año. El dato refleja la dimensión de una problemática que compromete las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico y plantea desafíos para las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos hechos.
La situación de Tercer Canal se suma así a un panorama en el que las amenazas continúan siendo una de las principales formas de presión contra la prensa. Además de poner en riesgo a las personas directamente afectadas, estas intimidaciones pueden repercutir en las decisiones editoriales y en la posibilidad de que los medios desarrollen sus labores sin interferencias.
Ante la gravedad del caso, la FLIP hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adelante una investigación con celeridad y establezca quién está detrás de la llamada intimidatoria. La organización considera fundamental que las autoridades identifiquen a los responsables y esclarezcan las circunstancias en las que se produjo la amenaza.
La investigación deberá permitir establecer el origen de la comunicación y determinar las posibles responsabilidades penales. La identificación de quienes realizaron la amenaza resulta fundamental para evitar que este tipo de conductas permanezcan en la impunidad y para prevenir nuevas intimidaciones contra el equipo periodístico.
La Fundación también solicitó la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, a la que pidió adoptar medidas de protección para los integrantes de Tercer Canal. El requerimiento incluye garantizar condiciones de seguridad para el equipo de trabajo y las instalaciones del medio de comunicación.
La protección de los periodistas resulta especialmente importante cuando las amenazas involucran a varias personas y no existe claridad sobre el alcance de los riesgos. Por eso, las medidas institucionales deben responder a las características de la intimidación y ofrecer garantías para que los trabajadores puedan continuar desarrollando sus actividades.
El caso también plantea interrogantes sobre las condiciones en las que los medios de comunicación ejercen su labor en entornos de amenaza. La libertad de prensa no se limita a la posibilidad de publicar información, sino que requiere que periodistas, reporteros, editores y demás trabajadores puedan hacerlo sin temor a sufrir represalias.
Cuando una amenaza busca silenciar a un medio completo, sus efectos potenciales trascienden a los trabajadores directamente afectados. La ciudadanía también resulta perjudicada, porque la intimidación puede limitar la circulación de información y debilitar el papel de los medios como actores fundamentales del debate público.
Por esa razón, la FLIP insistió en la necesidad de una respuesta institucional que no se limite al rechazo público de los hechos. La investigación judicial y las medidas de protección son componentes necesarios para enfrentar las amenazas y evitar que los responsables utilicen la intimidación como mecanismo para restringir el trabajo periodístico.
Hasta el momento, la información divulgada por la Fundación no permite establecer quién realizó la llamada ni cuáles fueron las motivaciones detrás de la advertencia. Tampoco se han identificado públicamente los posibles responsables. Estos aspectos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes durante las investigaciones correspondientes.
La amenaza contra Tercer Canal vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los periodistas frente a las presiones y las intimidaciones. Los 149 casos documentados por la FLIP durante 2026 muestran que el problema mantiene una dimensión preocupante y que las garantías para informar siguen siendo un desafío en el país.
Mientras avanzan las actuaciones de las autoridades, la prioridad está en proteger a los integrantes del medio, esclarecer el origen de la amenaza y garantizar que puedan continuar con su trabajo. La advertencia contra Tercer Canal constituye un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de defender la libertad de prensa y evitar que el miedo se convierta en una herramienta para silenciar a los medios de comunicación.
