La polémica por los millonarios salarios de los funcionarios del Fondo Milagro terminó con la salida de su gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este viernes 13 de noviembre que aceptó la renuncia del directivo, cuya gestión había quedado en el centro de los cuestionamientos por la estructura administrativa de la entidad y el avance de los recursos destinados a atender a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La decisión fue anunciada por el propio mandatario a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que dejó claro que la salida del funcionario respondió a una solicitud suya. “Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto”, manifestó De la Espriella.
El presidente también defendió la determinación y aseguró que su administración no pretende ocultar los errores que se presenten en el funcionamiento de las entidades públicas. “Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato”, agregó en su pronunciamiento.
La salida de Uribe se produjo después de que se conocieran los salarios de los funcionarios del Fondo Milagro, una estructura creada para coordinar y ejecutar los recursos destinados a la reconstrucción de las regiones afectadas por el movimiento sísmico. La información fue divulgada después de que la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, obtuviera mediante un derecho de petición detalles sobre la planta de personal y las remuneraciones de sus integrantes.
Entre los datos que generaron mayor controversia aparece el salario del propio gerente, que ascendía a $39.441.454 mensuales. La cifra superaba incluso la remuneración de un ministro del Gobierno nacional, establecida en aproximadamente $30,7 millones. Otros cargos directivos también tenían asignaciones de $36 millones, mientras que diferentes coordinaciones recibían pagos superiores a los $30 millones.
De acuerdo con la información conocida, la estructura de personal contemplaba 27 cargos asignados y una nómina mensual cercana a los $765 millones. El costo de funcionamiento de la entidad se convirtió así en uno de los principales puntos de discusión, especialmente porque el Fondo tiene como misión atender una emergencia que dejó miles de viviendas destruidas o averiadas y cientos de miles de personas afectadas.
La controversia llevó al presidente a intervenir directamente. El jueves 12 de noviembre, después de conocerse los valores de la nómina, De la Espriella manifestó que esas remuneraciones no correspondían a las instrucciones de austeridad impartidas por su administración. “Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO!”, escribió.
En el mismo pronunciamiento, el mandatario anunció que había ordenado reversar los salarios y adoptar medidas correctivas. La reacción presidencial se produjo en medio de críticas de sectores de oposición y de cuestionamientos sobre la pertinencia de una estructura administrativa con remuneraciones de ese nivel para una entidad cuya finalidad es responder a las necesidades de las comunidades damnificadas.
El representante a la Cámara Duvalier Sánchez había solicitado públicamente la salida de Uribe, al considerar que su continuidad era insostenible frente a los cuestionamientos sobre los salarios y los resultados de la gestión. El congresista también puso en duda la experiencia del gerente para dirigir un organismo encargado de coordinar un proceso de reconstrucción de semejante dimensión.
Sin embargo, las críticas no se limitaron a la remuneración del directivo. Otro de los asuntos que puso bajo presión a la gerencia fue el nivel de ejecución de los recursos. Según la información entregada por el propio Fondo a la Comisión Accidental Bicameral del Congreso, el Consejo Directivo había aprobado un presupuesto de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias.
De ese total, la entidad reportó procesos contractuales por $7.440 millones, una cifra equivalente aproximadamente al 1,19 % del presupuesto aprobado. Los recursos estaban concentrados en trabajos de demolición en Pereira y Cali, dos de las ciudades afectadas por el terremoto. El dato abrió interrogantes sobre la velocidad con la que el Gobierno estaba convirtiendo los recursos disponibles en intervenciones concretas.
La situación también generó diferencias sobre la manera de medir los avances del Fondo. Es necesario distinguir entre presupuesto aprobado, procesos contractuales, compromisos presupuestales y pagos efectivos. Son categorías diferentes y no representan necesariamente el mismo nivel de ejecución. Precisamente, los cuestionamientos de congresistas y sectores políticos se concentraron en la necesidad de conocer cuánto dinero había llegado realmente a los beneficiarios y qué resultados podían comprobarse en los territorios.
La rendición de cuentas ante el Congreso fue otro de los aspectos que debilitó la posición del gerente. Uribe había sido citado por la Comisión Accidental Bicameral, encargada de hacer seguimiento a la reconstrucción, pero volvió a excusarse de asistir presencialmente el 11 de noviembre. En esa oportunidad argumentó que debía acompañar una actividad del presidente en Roldanillo, Valle del Cauca, relacionada con la entrega de beneficios de vivienda.
La ausencia generó nuevas críticas porque los congresistas buscaban explicaciones sobre la utilización de los recursos y el avance de las intervenciones. Era, además, una nueva inasistencia presencial del funcionario a una citación de la comisión, que había solicitado información detallada sobre la contratación, los programas de vivienda y las acciones adelantadas para atender a las familias afectadas.
El contexto de la emergencia explica la dimensión de los cuestionamientos. El terremoto del 10 de agosto dejó miles de viviendas destruidas y averiadas, además de comunidades con necesidades urgentes de alojamiento, infraestructura y servicios básicos. El Registro Único de Damnificados y los balances institucionales reflejaban una población afectada que superaba ampliamente las capacidades de respuesta inmediata de los municipios.
En materia de vivienda, los avances también habían generado preocupación. La información divulgada por EL PAÍS señalaba que el Gobierno había entregado 21 viviendas de las 1.119 ofrecidas a los damnificados. Aunque el proceso de reconstrucción requiere etapas técnicas, administrativas y contractuales, el contraste entre las necesidades de las comunidades y los resultados reportados aumentó la presión sobre las entidades responsables.
Los cuestionamientos también alcanzaron la forma como se organizó el Fondo Milagro. La estructura contemplaba más de 100 cargos en su organigrama, aunque la información divulgada sobre la nómina identificaba 27 puestos asignados. La diferencia entre los cargos proyectados y los efectivamente ocupados abrió interrogantes adicionales sobre el tamaño que podría alcanzar la entidad y los costos futuros de su funcionamiento.
El Gobierno tendrá ahora que definir quién asumirá la dirección del organismo y cómo garantizará la continuidad de los procesos que estaban bajo responsabilidad de Uribe. La salida del gerente no modifica por sí misma el presupuesto aprobado ni resuelve las dificultades administrativas y contractuales que enfrenta el Fondo. Tampoco elimina la obligación de explicar el destino de los recursos y los resultados alcanzados desde su creación.
La controversia deja también una pregunta sobre los mecanismos de control interno y supervisión presidencial. De la Espriella aseguró que no había autorizado las remuneraciones y ordenó reversarlas una vez se hicieron públicas. Sin embargo, la discusión sobre cómo se estructuró la nómina, quién aprobó las asignaciones y qué instancias intervinieron en esas decisiones todavía requiere explicaciones documentadas.
Por ahora, la renuncia de Jaime Andrés Uribe constituye la primera consecuencia política directa de la polémica por el funcionamiento del Fondo Milagro. El presidente asumió públicamente la decisión de solicitar su salida y presentó la determinación como una corrección frente a los errores detectados. No obstante, la responsabilidad administrativa sobre las decisiones adoptadas durante la gestión deberá establecerse con base en los documentos y procedimientos correspondientes.
El principal desafío para el Gobierno será demostrar que el cambio en la gerencia se traduce en avances concretos para las comunidades afectadas. La reconstrucción exige que los recursos aprobados se conviertan en contratos, obras, viviendas y soluciones verificables. La salida del directivo cierra una etapa de cuestionamientos sobre la dirección del Fondo, pero deja pendiente la evaluación de sus resultados y la atención de las familias que todavía esperan respuestas.
La nueva dirección tendrá que responder por una tarea que va más allá de reorganizar la nómina: acelerar las intervenciones, garantizar la transparencia en la contratación y entregar información clara sobre el uso de los recursos públicos. En ese sentido, la renuncia de Uribe no representa el cierre de la controversia, sino el comienzo de una nueva etapa de exigencias sobre el Fondo Milagro y la capacidad del Gobierno de cumplir sus compromisos de reconstrucción.
