El reconocimiento del Gobierno de Estados Unidos a la política antidrogas de Abelardo de la Espriella abrió un nuevo capítulo en la relación entre Bogotá y Washington. El subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Thomas G. DiNanno, destacó los resultados de la administración colombiana durante sus primeros tres meses, especialmente las acciones contra cabecillas de organizaciones narcoterroristas y la firma de órdenes de extradición. Sin embargo, ese respaldo contrasta con los registros oficiales de incautaciones, que muestran una disminución considerable de los decomisos de cocaína, y con la decisión de la Casa Blanca de mantener a Colombia en la categoría de países que han incumplido demostrablemente sus compromisos de lucha contra las drogas.
El pronunciamiento de DiNanno fue divulgado el 12 de noviembre por el Departamento de Estado, después de una visita que el funcionario realizó a Colombia entre el 1 y el 7 de noviembre. Durante su estadía se reunió con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora; el ministro de Justicia, Iván Cancino; la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo, y representantes de la Fuerza Pública. El encuentro tuvo como propósito profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad y fortalecer las acciones conjuntas contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
En el balance de la visita, el Departamento de Estado señaló que DiNanno reconoció los resultados alcanzados por el Gobierno de De la Espriella en sus primeros tres meses. La valoración estuvo relacionada con la neutralización de líderes de estructuras narcoterroristas y la firma de órdenes de extradición, dos acciones que Washington considera relevantes para debilitar las organizaciones criminales. También respaldó el compromiso colombiano de aumentar significativamente la erradicación de cultivos de coca y la interceptación de cargamentos de cocaína.
La declaración, sin embargo, no significa que Estados Unidos considere superados los problemas de Colombia en materia de narcotráfico. En el mismo pronunciamiento, la administración de Donald Trump dejó claro que espera avances adicionales en la reducción de la producción y el tráfico de cocaína, así como en el desmantelamiento de las organizaciones criminales. La diferencia entre reconocer determinadas operaciones y certificar una mejoría general de la política antidrogas es fundamental para entender el alcance del mensaje de Washington.
La primera contradicción aparece al comparar los elogios del funcionario estadounidense con los registros de incautaciones publicados por el Ministerio de Defensa y analizados por EL PAÍS. Entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre de 2026, las autoridades decomisaron 94.868 kilogramos de sustancias ilícitas. La cantidad fue 45 % inferior al promedio registrado durante el mismo periodo de los cuatro años anteriores, lo que convirtió ese intervalo en el de menor volumen de incautaciones de los últimos cinco años.
La reducción fue todavía más significativa cuando se examinó exclusivamente la cocaína. Durante esas semanas se decomisaron 63.310 kilogramos, una cantidad 47 % inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025 y 58 % menor frente a la de 2024. El comportamiento de este indicador resulta especialmente relevante porque la cocaína constituye uno de los principales productos del narcotráfico colombiano y uno de los asuntos centrales de la cooperación entre los dos países.
Los registros de septiembre tampoco mostraron una recuperación. Una revisión de la base de datos del Ministerio de Defensa realizada por La Silla Vacía encontró que durante ese mes se incautaron 36.635 kilogramos de cocaína, el resultado mensual más bajo desde diciembre de 2021, cuando se decomisaron 28.733 kilogramos. La publicación también examinó el promedio de los últimos 12 meses para evitar que una variación excepcional de un solo mes distorsionara la lectura de la tendencia.
Ese promedio pasó de 82.361 kilogramos en agosto a 78.077 en septiembre. La diferencia fue de 4.284 kilogramos y representó una de las mayores reducciones de la serie histórica analizada por el medio. El comportamiento indica que la disminución no se limitó a un resultado mensual aislado, sino que también se reflejó en el acumulado móvil de los decomisos.
La situación presenta, no obstante, diferencias entre sustancias. Mientras las incautaciones de cocaína y marihuana disminuyeron, las de base de coca alcanzaron en septiembre los 12.322 kilogramos, el registro mensual más alto desde que existen datos en la serie consultada por La Silla Vacía. Esta variación obliga a evitar interpretaciones generales sobre el comportamiento de todas las operaciones antidrogas a partir de un único indicador.
Los datos plantean una pregunta sobre el alcance de los resultados que destacó DiNanno. La neutralización de cabecillas y la firma de órdenes de extradición son actuaciones que pueden tener efectos sobre las estructuras criminales, pero no necesariamente producen un incremento inmediato de las toneladas decomisadas. De igual manera, el respaldo a un compromiso de aumentar la erradicación y las interceptaciones no equivale a confirmar que esas metas ya se hayan cumplido.
También es necesario distinguir entre la cantidad de droga incautada y el volumen real de cocaína que producen y comercializan las organizaciones ilegales. Una disminución de los decomisos no demuestra automáticamente que haya aumentado la producción o que más cargamentos estén llegando a los mercados internacionales. Puede responder a cambios en las rutas, variaciones en los volúmenes movilizados, dificultades de inteligencia, menor actividad operacional o modificaciones en las capacidades de interdicción. Para establecer qué está ocurriendo se requiere contrastar las incautaciones con los indicadores de producción, cultivos, erradicación y destrucción de laboratorios.
En ese contexto, el reconocimiento estadounidense tiene un componente diplomático que merece examinarse. La administración Trump necesita mantener una relación de cooperación con Colombia en asuntos de seguridad, inteligencia, extradición y control territorial. El respaldo público a determinadas actuaciones del Gobierno de De la Espriella contribuye a fortalecer ese acercamiento, especialmente después de las diferencias que marcaron la relación bilateral durante la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, no existen elementos suficientes para afirmar que el elogio de DiNanno haya sido diseñado para ocultar los resultados desfavorables de las estadísticas.
La visita del subsecretario también tuvo una dimensión operativa. Durante su paso por Colombia, Estados Unidos entregó simuladores de entrenamiento para el uso de armas de fuego a la Escuela Internacional de Entrenamiento Policial y destacó el ejercicio militar conjunto Southern Vanguard, en el que participaron cerca de 800 integrantes de las fuerzas de ambos países. Estas actividades muestran que Washington busca profundizar la cooperación en seguridad y que el acercamiento no se limita a declaraciones públicas.
El otro elemento que explica la aparente contradicción es la descertificación antidrogas. Colombia permanece en la categoría failed demonstrably, una denominación utilizada por el Gobierno estadounidense para señalar que un país no realizó esfuerzos suficientes para cumplir sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas. La determinación fue adoptada por Donald Trump en septiembre de 2025 y se mantuvo en la evaluación correspondiente a septiembre de 2026, pese al cambio de administración en Bogotá.
La decisión de 2026 debe entenderse a partir del periodo que examina Washington. La evaluación comprende los 12 meses anteriores y, por tanto, recoge principalmente los resultados del Gobierno de Gustavo Petro. De la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026, cuando ya estaba prácticamente cerrado el periodo de referencia utilizado para la determinación estadounidense. Por esa razón, la Casa Blanca mantuvo la calificación negativa, pero dejó abierta la posibilidad de reconsiderarla si la nueva administración demuestra avances durante el siguiente año.
El propio Trump explicó esa posición en el documento publicado en el Federal Register. Allí sostuvo que Colombia podía recuperar su condición como socio de seguridad prioritario en el hemisferio y manifestó que consideraría levantar la categoría de incumplimiento demostrado si el país avanzaba en la erradicación agresiva de cultivos de coca y el desmantelamiento de las redes narcoterroristas. El mandatario atribuyó la continuidad de la medida a los resultados del Gobierno anterior, aunque dejó planteada una evaluación condicionada al desempeño de De la Espriella.
Esta explicación permite entender por qué los elogios de noviembre no modificaron automáticamente la situación de Colombia. DiNanno se refirió a actuaciones recientes del nuevo Gobierno, mientras que la descertificación responde a una evaluación institucional de un periodo anterior. Son pronunciamientos que tienen objetos y tiempos diferentes. El primero reconoce acciones concretas; el segundo mantiene una calificación sobre el cumplimiento de compromisos antidrogas.
La descertificación tampoco significa que Estados Unidos haya suspendido toda la cooperación con Colombia. La legislación estadounidense permite que el presidente autorice la continuidad de la asistencia cuando considera que mantenerla es vital para los intereses nacionales. Trump utilizó esa excepción para evitar que la decisión afectara de manera general la ayuda al país, lo que permitió mantener recursos y programas de cooperación en seguridad. El Congreso estadounidense conserva, además, un papel determinante en la aprobación de las partidas presupuestales.
En consecuencia, Colombia enfrenta una situación particular: mantiene una calificación negativa en la evaluación antidrogas, pero continúa siendo considerada un socio relevante para los intereses de seguridad de Estados Unidos. La cooperación puede continuar mientras Washington mantiene la presión política para que el Gobierno colombiano demuestre resultados medibles. Esa combinación permite a la Casa Blanca respaldar determinadas actuaciones de De la Espriella sin renunciar a los mecanismos de evaluación y exigencia que aplica a sus aliados.
La conveniencia diplomática también se observa en la agenda de prioridades que Washington está promoviendo. La administración Trump ha insistido en la erradicación de cultivos de coca, la interceptación de cargamentos y el desmantelamiento de las estructuras criminales. Estos objetivos no son nuevos, pero adquieren una importancia particular en el momento en que el Gobierno colombiano busca recuperar la certificación y fortalecer su relación con Estados Unidos. El reconocimiento de DiNanno puede leerse como un incentivo para continuar esa agenda, no como una declaración de que las metas ya se alcanzaron.
En septiembre, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) había advertido que la evaluación estadounidense debía analizarse teniendo en cuenta tanto los indicadores heredados como las nuevas exigencias de Washington. Su análisis destacó que el problema de los cultivos seguía siendo estructural: la última medición oficial disponible situaba el área sembrada con coca en aproximadamente 261.000 hectáreas al cierre de 2024, un incremento del 3,5 % frente al año anterior. También señaló que la erradicación manual cerró 2025 con 8.051 hectáreas, un 14 % menos que en 2024.
Esas cifras ayudan a explicar por qué la Casa Blanca no considera suficiente el anuncio de operaciones contra cabecillas o la firma de órdenes de extradición. Para Estados Unidos, la evaluación también debe reflejar una reducción de la capacidad de producción de cocaína y de las redes que permiten llevarla a los mercados internacionales. La captura de un jefe criminal puede representar un golpe operacional, pero no necesariamente implica la desaparición de la estructura, de sus finanzas, de sus laboratorios o de sus rutas de comercialización.
La diferencia entre los resultados operativos y los indicadores estructurales es, precisamente, uno de los puntos centrales del debate. El Gobierno puede mostrar operaciones exitosas, capturas, neutralizaciones y órdenes judiciales, mientras las estadísticas de incautación registran una tendencia descendente. Ninguno de esos datos debe analizarse de manera aislada. Para determinar si existe una transformación de la política antidrogas será necesario establecer si las acciones contra las organizaciones se traducen en menos cultivos, menor producción potencial, más destrucción de infraestructura criminal y una reducción sostenida de los flujos de cocaína.
A esa discusión se suma el anuncio de la Operación Tormenta, presentado por el Gobierno el 9 de noviembre. Según el balance oficial, la operación permitió destruir 274 laboratorios e incautar 5.748 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 1.875 kilogramos de base de coca. Son resultados que pueden respaldar el argumento gubernamental sobre la actividad de la Fuerza Pública, pero corresponden a una operación específica y no permiten, por sí solos, revertir la tendencia observada en los registros nacionales de incautaciones.
También hay que considerar que el reconocimiento de Washington se produce en un momento en el que la cooperación bilateral tiene implicaciones presupuestales. El 7 de agosto, el Departamento de Estado anunció su intención de trabajar con el Congreso en un paquete de seguridad para Colombia por 1.000 millones de dólares. La iniciativa representa un volumen importante de recursos, pero su desembolso depende del trámite y la aprobación legislativa. Por eso, el acercamiento diplomático y el respaldo a la nueva administración también tienen una dimensión práctica para la continuidad de la asistencia estadounidense.
El escenario político en Washington, sin embargo, introduce otra variable. Después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, los demócratas consiguieron la mayoría en ambas cámaras, aunque todavía quedaban contiendas pendientes de definición. Los comités de apropiaciones tienen un papel fundamental en la discusión de los recursos de cooperación. Además, un grupo de congresistas demócratas expresó reparos frente a la política de fumigación impulsada por el Gobierno colombiano, una de las medidas que podría generar diferencias en el debate sobre la asistencia.
Por esa razón, el reconocimiento de DiNanno no debe confundirse con una garantía de que Colombia recuperará la certificación o recibirá automáticamente todos los recursos anunciados. La decisión antidrogas corresponde al Ejecutivo estadounidense, pero la financiación de buena parte de la cooperación depende también del Congreso. La administración de De la Espriella tendrá que mantener interlocución con diferentes sectores políticos de Washington y demostrar que sus compromisos pueden convertirse en resultados verificables.
La diplomacia colombiana también ha intentado recomponer los canales de diálogo con los legisladores estadounidenses. En ese contexto, el canciller Omar Bula envió el 10 de noviembre una carta a dirigentes del Partido Demócrata para disculparse por comentarios anteriores que había publicado en redes sociales sobre figuras de esa colectividad. El episodio muestra que el Gobierno reconoce la importancia de mantener interlocución con las distintas fuerzas políticas de Estados Unidos, especialmente ante las decisiones presupuestales que se avecinan.
El desafío para el Gobierno colombiano consiste ahora en demostrar que los reconocimientos operacionales tienen correspondencia con una mejoría de los indicadores generales. Si la neutralización de cabecillas y las órdenes de extradición forman parte de una estrategia que busca debilitar las organizaciones, sus efectos tendrán que observarse también en la reducción de la producción, el tráfico y la capacidad financiera de esas estructuras. De lo contrario, las diferencias entre los anuncios oficiales y los registros estadísticos seguirán alimentando los cuestionamientos sobre los resultados de la política antidrogas.
La eventual recuperación de la certificación dependerá, entonces, de una evaluación que vaya más allá de los pronunciamientos diplomáticos. Washington tendrá que determinar si Colombia consiguió reducir efectivamente los cultivos ilícitos, aumentar la erradicación, mejorar las interceptaciones y debilitar las organizaciones responsables del narcotráfico.
Para De la Espriella, el reconocimiento de DiNanno representa un respaldo a su agenda de seguridad, pero también implica una exigencia: convertir las operaciones destacadas por Estados Unidos en resultados estadísticos sostenidos. Por ahora, los elogios y la descertificación conviven con una reducción documentada de las incautaciones, una circunstancia que deja abierta la discusión sobre la efectividad de la estrategia antidrogas y sobre el peso que está teniendo el acercamiento político entre Bogotá y Washington.
