La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que Myanmar cometió genocidio contra la población rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el norte del estado de Rakáin. La decisión, adoptada por nueve votos contra seis, resolvió el fondo de la demanda presentada por Gambia bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
El fallo es significativo porque la CIJ atribuyó al Estado de Myanmar la responsabilidad internacional por esos actos. El tribunal determinó que las acciones de las fuerzas de seguridad eran atribuibles al Estado y que vulneraron las obligaciones asumidas por Myanmar bajo la Convención.
La Convención define el genocidio como ciertos actos cometidos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, por ser ese grupo. Entre esos actos están matar a sus integrantes, causarles daños físicos o mentales graves, imponer condiciones de vida orientadas a su destrucción física, impedir nacimientos o trasladar por la fuerza a sus niños a otro grupo.
Por eso, para establecer genocidio no basta con probar asesinatos o desplazamientos masivos: también debe demostrarse esa intención de destruir al grupo. La CIJ evaluó las pruebas en conjunto y concluyó que la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá del norte de Rakáin era la única inferencia razonable que explicaba el patrón de conducta examinado.
La Corte tuvo por probados asesinatos intencionales a gran escala y daños físicos y mentales graves contra integrantes de la comunidad. También examinó la violencia sexual, los ataques contra niños y las agresiones contra personas que huían; para determinar que se cometieron actos genocidas, no consideró necesario fijar una cifra definitiva de víctimas.
Myanmar sostuvo que sus operaciones fueron una respuesta antiterrorista a ataques de la Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). La CIJ consideró esa explicación, pero concluyó que no daba cuenta de todas las pruebas y que no descartaba la intención genocida; el Gobierno de Myanmar rechazó la decisión y cuestionó cómo se valoró la evidencia y el estándar aplicado.
La sentencia también encontró que Myanmar incumplió su obligación de prevenir el genocidio, al no actuar ante el riesgo de que personas que acompañaban a las fuerzas de seguridad cometieran actos genocidas. Además, determinó que el Estado violó su deber de castigar los delitos previstos por la Convención y de contar con legislación que le permita cumplir esas obligaciones.
No todas las alegaciones de Gambia prosperaron. La CIJ no encontró probado que Myanmar hubiera incitado directa y públicamente a particulares a cometer genocidio mediante los mensajes examinados, pues consideró que las pruebas no establecían suficientemente la intención específica exigida ni que esos mensajes fueran un llamado directo a cometerlo.
Como parte de las reparaciones, el tribunal ordenó a Myanmar adoptar medidas para facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de las personas rohinyás desplazadas, tanto dentro como fuera del país, además de propiciar la reunificación familiar. También dispuso la devolución o reposición de bienes perdidos o dañados y medidas para buscar a las personas desaparecidas.
Las reparaciones ordenadas incluyen, además, rehabilitación física y psicológica para quienes sufrieron daños y protección contra la discriminación y la persecución. La CIJ estableció que Myanmar debe compensar a las víctimas por los perjuicios que no puedan repararse mediante restitución, pero dejó para una etapa posterior la definición de los montos y mecanismos concretos.
El fallo también exige que Myanmar investigue de manera efectiva a las personas razonablemente sospechosas de cometer actos prohibidos por la Convención durante las operaciones de 2017. Si las pruebas lo justifican, el Estado deberá procesarlas y sancionarlas; la decisión no condena penalmente por sí misma a generales ni a otros funcionarios.
Esa diferencia es central: la CIJ juzga disputas entre Estados, mientras que la responsabilidad penal de personas se determina en procesos penales separados. En este caso, el tribunal declaró responsable a Myanmar como Estado y le ordenó cumplir las obligaciones de investigación, prevención y reparación que derivan de la Convención.
La historia rohinyá es objeto de debate, pero no era el asunto jurídico que debía resolver el tribunal. La comunidad, mayoritariamente musulmana, ha vivido históricamente en el norte de Rakáin; las fuentes académicas describen vínculos antiguos de la región con Bengala y otras zonas del golfo de Bengala, además de migraciones durante el periodo colonial británico.
También hay discusión sobre cuándo se consolidó el término rohinyá como identidad étnica y política: adquirió mayor presencia pública desde la década de 1950. Las autoridades de Myanmar suelen negar esa identidad y describir a sus integrantes como bengalíes, mientras que los rohinyás se reconocen como un grupo étnico propio con raíces en Rakáin; esta controversia se ha vinculado a su exclusión de la ciudadanía y de otros derechos.
Para la CIJ, la cuestión decisiva fue si los rohinyás constituyen un grupo protegido por la Convención y si Myanmar cometió contra ellos actos con intención genocida. La Corte reconoció a los rohinyás como grupo étnico protegido y concluyó que las operaciones de 2017 tuvieron como objetivo destruir una parte sustancial de esa población en el norte de Rakáin.
La decisión es definitiva y vinculante para Myanmar, pero la CIJ no tiene una fuerza propia para imponer su cumplimiento. Si el Estado incumple, la cuestión puede llevarse al Consejo de Seguridad de la ONU, donde las medidas dependerán de las decisiones políticas de sus miembros; la ejecución de las reparaciones y el retorno de las personas desplazadas siguen siendo desafíos centrales.





