El comunicado de la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico puso una respuesta institucional a la controversia que rodea a la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín. El texto, fechado en Bogotá el 19 de noviembre de 2026, informa que el movimiento llevará las denuncias a su instancia interna de ética.
La Comisión Nacional de Ética Provisional fue convocada para el lunes 23 de noviembre con el propósito de asumir el caso. Según el comunicado, deberá abordar las denuncias relacionadas con la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales atribuidos a la congresista.
La convocatoria abre una revisión partidista, pero no constituye una decisión sobre la responsabilidad de Estrada. La Comisión tendrá que examinar los señalamientos dentro de las competencias y procedimientos internos del movimiento, de acuerdo con lo anunciado por la Coordinación.

En el mismo pronunciamiento, el Pacto Histórico solicitó a Estrada presentar su renuncia a la Cámara de Representantes. El comunicado argumenta que así podría asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes.
La dirección del partido sustenta la petición en la gravedad de los hechos denunciados y en las evidencias que, según afirma, se conocieron públicamente. La solicitud es una postura política de la colectividad; no equivale a una renuncia presentada ni aceptada por la Cámara.
El comunicado señala expresamente que el trámite debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Esa reserva es relevante porque la verificación institucional de documentos y la presentación de denuncias no reemplazan una decisión judicial o disciplinaria sobre la conducta de la congresista.
El Pacto Histórico también reafirmó su compromiso con la honestidad, la transparencia y la integridad en la función pública. Para respaldar esa declaración, el documento menciona los artículos 15, 43 y 44 de los estatutos del movimiento y su Código de Ética.
La frase “Ningún interés individual puede estar por encima de los principios y valores que sustentan nuestro proyecto político” enmarca el mensaje como una defensa de la responsabilidad interna del partido. A la vez, la dirección tendrá que aplicar sus procedimientos de manera compatible con las garantías que el mismo comunicado reconoce.
Las denuncias se refieren, entre otros soportes, a un supuesto título de Ingeniería de Minas y Metalurgia atribuido a la Universidad Nacional. La sede Medellín informó que revisó sus registros físicos y digitales y no encontró constancia de que Estrada fuera estudiante o egresada del programa; también afirmó que el registro del diploma presentado para verificación no fue expedido por esa sede.
La Universidad de Antioquia se pronunció sobre otro documento atribuido a esa institución. Dijo que no ofrece ni ha ofrecido Ingeniería de Minas y que el diploma y el acta de grado a nombre de Estrada no fueron expedidos por la universidad.
También surgieron cuestionamientos sobre un diploma de bachiller atribuido a la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, en Caramanta. El colegio afirmó que sus registros no indican que Estrada hubiera culminado allí la educación media y desconoció la autenticidad del diploma y el acta que circularon con su nombre.
La polémica incluye documentos que habrían sido usados para acreditar requisitos de un contrato con la DIAN por 78 millones de pesos en 2025. Una denuncia presentada por la senadora Jennifer Pedraza pidió investigar presuntas falsedades documentales, fraude procesal y otras posibles conductas, además de inconsistencias en fechas y registros profesionales; corresponde a las autoridades verificar esos señalamientos.
Las actuaciones reportadas incluyen denuncias ante distintas entidades y una investigación disciplinaria de la Procuraduría. La Universidad Nacional, por su parte, confirmó que había puesto los hechos relacionados con el diploma atribuido a esa institución en conocimiento de las autoridades; esas actuaciones siguen siendo distintas de una sentencia que declare responsabilidad.
La petición de renuncia también tiene una dimensión política para el Pacto Histórico, que busca responder a la crisis y definir quién ocuparía la curul si se acepta la salida. La Constitución permite reemplazar vacantes bajo determinadas condiciones, pero contempla la silla vacía para algunos delitos y cuando se cumplen requisitos procesales específicos; la sola denuncia por presuntas falsedades no determina automáticamente que se active esa figura.
El siguiente paso anunciado por el comunicado es que la Comisión de Ética asuma el expediente el 23 de noviembre. Su revisión partidista podrá definir la respuesta interna del movimiento, mientras las entidades competentes deberán establecer si hubo irregularidades y qué consecuencias —si alguna— corresponden conforme a la ley.





