La suspensión de la programación regional e informativa de las 20 Emisoras de Paz abrió un nuevo frente de controversia alrededor de la política de medios públicos del Gobierno de Abelardo de la Espriella. La Defensoría del Pueblo pidió reevaluar la decisión y garantizar la continuidad de estos espacios.
El pronunciamiento de la entidad se produjo después de que las emisoras dejaran de transmitir sus contenidos informativos, culturales y pedagógicos producidos desde los territorios. En su lugar, las estaciones comenzaron a emitir programación musical centralizada desde Bogotá.
Para la Defensoría, el caso tiene una particularidad que diferencia a estas estaciones de otras frecuencias de la radio pública. Las Emisoras de Paz fueron creadas en cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz de 2016, con el propósito de contribuir a la convivencia y la reconciliación en zonas afectadas por el conflicto.
El organismo recordó que estos medios tienen entre sus objetivos promover el reconocimiento de los derechos de las víctimas y realizar pedagogía sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Por ello, considera que su funcionamiento no puede ser tratado únicamente como un asunto ordinario de programación de la radio pública.
La decisión de suspender los contenidos regionales fue adoptada por Inravisión, denominación que asumió el Sistema de Medios Públicos en el actual Gobierno. La medida comenzó a implementarse el 18 de agosto y fue comunicada a los responsables de las emisoras, según reportes, mediante un mensaje de WhatsApp.
El Gobierno justificó la transformación de la programación como parte de una revisión integral del Sistema de Medios Públicos. El Ministerio TIC anunció el fin de lo que calificó como un “aparato de propaganda” y planteó revisar contenidos, contratos y convenios para avanzar hacia una nueva programación.
La Defensoría no cuestiona la facultad del Gobierno para revisar la programación de los medios estatales. Su llamado apunta a que cualquier modificación tenga en cuenta el carácter especial, territorial y diferencial de las Emisoras de Paz y los compromisos adquiridos por el Estado con el Acuerdo Final.
Uno de los principales argumentos del organismo es que estas emisoras permiten que las comunidades históricamente afectadas por la violencia tengan un espacio para contar sus propias realidades. La programación regional también facilita el acceso a información de interés público en territorios donde las condiciones geográficas y de seguridad dificultan la presencia de otros medios.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, también cuestionó la suspensión y advirtió sobre sus efectos en el acceso a información local. Según la organización, la medida afecta a unas 463.000 personas, particularmente comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas.
El debate también ha llegado al terreno de la libertad de prensa. La FLIP señaló que la suspensión de la producción territorial puede debilitar un modelo de radio descentralizada que había permitido la participación de comunidades y la difusión de asuntos que difícilmente encuentran espacio en los medios nacionales.
En las propias regiones también existe preocupación por la pérdida de contenidos construidos alrededor de las necesidades locales. En Ituango, por ejemplo, la emisora desarrollaba espacios dedicados a la población campesina, la cultura, la música autóctona y el medioambiente, además de llegar a numerosos municipios y veredas de su área de cobertura.
Otro aspecto de la controversia es laboral. Alrededor de 105 personas, entre periodistas y personal técnico, trabajan vinculadas a las Emisoras de Paz mediante contratos de prestación de servicios, por lo que la suspensión también ha generado incertidumbre sobre la continuidad de sus empleos y contratos.
La discusión ya llegó al Congreso. El representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, radicó una citación a debate de control político para que la ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela María Mora, expliquen las razones de la suspensión y sus efectos.
El caso también adquirió una dimensión judicial después de que el senador Iván Cepeda presentara una acción de tutela contra la suspensión temporal de las emisoras. Esto significa que la controversia podría terminar siendo examinada por los jueces desde la perspectiva de los derechos fundamentales y las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.
La Defensoría, por ahora, no ordenó la reactivación de las emisoras, pero sí formuló un llamado institucional al Ministerio TIC y a Inravisión para reevaluar prioritariamente la decisión y adoptar las medidas necesarias para garantizar su continuidad. El Gobierno deberá ahora responder a una discusión que va más allá de la programación radial: involucra el acceso a la información, la comunicación territorial, la libertad de prensa y los compromisos del Estado con la construcción de paz.
