El traslado de 20 internos considerados de alta peligrosidad desde Barranquilla hacia Bogotá se convirtió en la primera imagen contundente de la política penitenciaria que el presidente Abelardo de la Espriella pretende implementar en Colombia. La operación, además de buscar sacar a determinados presos de sus lugares habituales de reclusión, mostró una estética que recordó inmediatamente a los procedimientos utilizados por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador con sus megacárceles.
Los internos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad. En las imágenes divulgadas por el Gobierno aparecieron con la cabeza rapada, uniformes penitenciarios, esposas y sometidos durante el operativo, una presentación que generó comparaciones con los traslados masivos de pandilleros salvadoreños hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT.
El grupo no corresponde a una sola organización criminal. Entre los internos señalados por las autoridades figuran integrantes o cabecillas de estructuras como Los Pepes y Los Costeños, organizaciones con presencia en la región Caribe. El objetivo declarado por el Gobierno es impedir que continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión.
De los 20 presos trasladados, diez permanecían en comisarías de Policía de Barranquilla y los otros diez estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de esa ciudad. La operación buscó sacarlos de esos espacios y redistribuirlos posteriormente en establecimientos penitenciarios del país.
La decisión fue presentada por De la Espriella como parte de una política para terminar con lo que denomina las “zonas de confort” de los delincuentes dentro de las cárceles. El argumento oficial parte de un problema que desde hace años afecta al sistema colombiano: organizaciones criminales que consiguen mantener comunicaciones y, en algunos casos, coordinar extorsiones y otras actividades desde prisión.
Pero el traslado también tiene una dimensión política. La forma en que fueron exhibidos los internos convierte la operación penitenciaria en una demostración pública de autoridad estatal. La cabeza rapada, los uniformes, las cadenas y el despliegue de custodios evocan las imágenes con las que Bukele convirtió los traslados de pandilleros en uno de los símbolos de su política de seguridad.
La comparación, sin embargo, debe hacerse con cuidado. Colombia no tiene actualmente un equivalente del CECOT ni ha adoptado el régimen de excepción salvadoreño. Lo que existe es una estrategia de traslados y aislamiento de internos considerados de alta peligrosidad, acompañada por un proyecto mucho más amplio de transformación del sistema penitenciario.
Ese proyecto contempla la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad. La intención del Gobierno es concentrar allí a los internos de mayor peligrosidad, reducir su capacidad de comunicación con el exterior y evitar que los centros penitenciarios continúen funcionando como puntos de coordinación de estructuras criminales.
La propuesta también contempla mecanismos para bloquear las comunicaciones móviles dentro de las prisiones. El Gobierno considera que cortar ese canal es fundamental para impedir que los cabecillas continúen impartiendo órdenes a sus organizaciones desde las celdas. La estrategia incluso incluye la posibilidad de utilizar buques cárcel para aislar a determinados capos.
La llamada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad plantea utilizar instalaciones flotantes para aumentar el aislamiento de los presos considerados de mayor peligrosidad. Aunque la propuesta fue retomada por la actual administración, la idea ya había sido considerada durante el Gobierno de Gustavo Petro y tampoco constituye por sí sola una copia del sistema penitenciario salvadoreño.
El cambio más profundo, sin embargo, no estaría en los edificios sino en la institución encargada de administrarlos. De la Espriella ha planteado la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y su sustitución por un nuevo esquema de custodia y administración penitenciaria.
La propuesta contempla una participación mayor de personal con experiencia en la Fuerza Pública y la posibilidad de que operadores privados intervengan en la administración de las nuevas cárceles. El planteamiento busca romper con el modelo actual, al que el Gobierno atribuye problemas de corrupción, control criminal dentro de los establecimientos y deficiencias en seguridad.
Sin embargo, hay una paradoja en el momento actual: el Gobierno pretende acabar con el INPEC, pero es precisamente esta institución la que está ejecutando los traslados y buena parte de las operaciones que constituyen el comienzo de la nueva política penitenciaria. El director del organismo, Diego Fernando Gutiérrez Rojas, incluso fue ratificado por la nueva administración.
En las primeras semanas del Gobierno se han producido más de 400 reubicaciones de internos, de acuerdo con reportes publicados sobre la política penitenciaria de la nueva administración. El movimiento muestra que la transformación no se limita a las futuras megacárceles: mientras esas instalaciones se proyectan, el Gobierno ya está utilizando las cárceles existentes para aplicar una política de mayor aislamiento.
El problema es que construir cárceles más grandes y endurecer la custodia no garantiza por sí mismo que disminuya el poder de las organizaciones criminales. Ecuador ofrece un ejemplo reciente de los límites de esta estrategia. El Gobierno de Daniel Noboa construyó la cárcel El Encuentro, en Santa Elena, bajo un modelo inspirado explícitamente en las prisiones de máxima seguridad salvadoreñas.
El proyecto ecuatoriano nació precisamente con la intención de crear establecimientos capaces de concentrar a presos peligrosos y recuperar el control estatal sobre un sistema penitenciario dominado por organizaciones criminales. Noboa había anunciado dos nuevas prisiones de máxima seguridad en 2024 y señaló al modelo de El Salvador como una de sus referencias.
Pero la experiencia de El Encuentro comenzó a acumular denuncias que ponen en duda la capacidad de una infraestructura de máxima seguridad para resolver por sí sola la crisis carcelaria. Reportes publicados en 2026 señalan denuncias de torturas y muertes, además de problemas relacionados con enfermedades, atención y condiciones de los internos.
El caso ecuatoriano deja una advertencia para Colombia: una cárcel puede tener muros más altos, mayor vigilancia y restricciones severas de comunicación, pero si el Estado no garantiza personal suficiente, atención médica, protocolos de control y mecanismos independientes de supervisión, la infraestructura puede terminar reproduciendo o agravando los problemas que pretendía solucionar.
La experiencia de El Salvador plantea un riesgo todavía mayor. El Gobierno de Bukele logró una reducción extraordinaria de la violencia y convirtió el CECOT en el símbolo internacional de su estrategia contra las pandillas, pero el régimen de excepción también ha sido objeto de graves denuncias por detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y violaciones al debido proceso.
Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado casos de abusos dentro del régimen de excepción salvadoreño, incluidos malos tratos, condiciones inhumanas de detención y afectaciones al debido proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también mantiene preocupaciones sobre los efectos del régimen en los derechos humanos.
El debate se ha intensificado en 2026. Amnistía Internacional advirtió que lo que comenzó como una medida temporal contra las pandillas se transformó en un sistema permanente de suspensión de garantías y denunció detenciones arbitrarias masivas y graves violaciones de derechos humanos que, según la organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
A esto se suma la situación de los procesos judiciales. Reportes recientes han denunciado juicios masivos con garantías limitadas, dificultades para la defensa y acusaciones basadas en elementos cuya solidez ha sido cuestionada por abogados y organizaciones de derechos humanos. Desde 2022, más de 92.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción salvadoreño, según esos reportes.
El desafío para Colombia será, por tanto, evitar que la lucha contra el crimen organizado convierta el castigo penitenciario en un espectáculo de sometimiento. La seguridad de las cárceles y la protección de la sociedad son obligaciones del Estado, pero también lo son la integridad de las personas privadas de la libertad, el debido proceso y la supervisión de las autoridades que ejercen el poder de custodia.
El traslado de los 20 internos es apenas una pieza de un proyecto mucho mayor. La secuencia que plantea el Gobierno puede resumirse en cuatro pasos: aislar a los considerados de mayor poder criminal, construir megacárceles de máxima seguridad, restringir las comunicaciones y sustituir el actual modelo institucional del INPEC.
La pregunta central será si esa transformación consigue controlar realmente a las estructuras criminales o si termina trasladando el problema de unas cárceles a otras. Ecuador demuestra que una prisión inspirada en el modelo Bukele puede enfrentar graves dificultades incluso después de ser presentada como símbolo de la recuperación del control estatal.
Colombia tiene además una diferencia fundamental frente a El Salvador: cualquier reforma penitenciaria debe desarrollarse dentro del marco constitucional, judicial y de derechos humanos colombiano. El éxito de las megacárceles no debería medirse únicamente por la dureza de sus protocolos, sino por su capacidad para impedir que las organizaciones criminales operen desde prisión sin convertir a los centros de reclusión en espacios de abusos sin control.
Por ahora, las imágenes de los presos rapados y encadenados representan el primer capítulo de una política que pretende transformar por completo el sistema penitenciario. El Gobierno busca que las nuevas megacárceles y la eventual desaparición del INPEC marquen una ruptura con el modelo actual. El resultado dependerá de si esa ruptura consigue combinar seguridad, control efectivo y respeto por los derechos fundamentales, algo que las experiencias de Ecuador y El Salvador muestran que no está garantizado.
