El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso el nuevo Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, una cifra que supera en cerca de $59 billones el proyecto que había radicado la administración de Gustavo Petro y que las comisiones económicas devolvieron. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, lo bautizó como el “presupuesto de la verdad”, al sostener que corrige errores y faltantes del proyecto anterior.
El nombre escogido por el ministro es, precisamente, uno de los primeros puntos de controversia. Gómez afirmó que el presupuesto anterior estaba desfinanciado y que no contemplaba adecuadamente obligaciones como salud, pensiones, universidades, subsidios energéticos, elecciones y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El Gobierno sostiene que su nueva propuesta busca reflejar la situación fiscal real del país.
Sin embargo, el nuevo proyecto abre una pregunta difícil de eludir: si el Gobierno consideraba que el presupuesto anterior tenía un problema de financiación, ¿por qué la solución consiste en presentar uno todavía mayor? La respuesta oficial es que ambos proyectos parten de bases diferentes y que el primero omitía o subestimaba obligaciones importantes. Pero la discusión queda abierta porque el nuevo presupuesto también aumenta el déficit y el endeudamiento.
La comparación nominal muestra un incremento de aproximadamente 10 % frente a los $575,6 billones planteados por Petro. Pero el Gobierno insiste en que no se trata simplemente de gastar más, sino de incorporar compromisos que, según su diagnóstico, estaban ausentes del proyecto anterior. Esa explicación deberá ser revisada por el Congreso partida por partida.
El segundo gran interrogante tiene que ver con el recorte de $21,9 billones anunciado por el Ejecutivo. El Gobierno ya había planteado un ajuste para contener el crecimiento del gasto y presentó ese esfuerzo como una señal de austeridad. Sin embargo, el recorte fue anunciado después de la reformulación presupuestal, lo que abre una discusión sobre el orden de las decisiones.
La pregunta es sencilla: si el Ejecutivo sabía que necesitaba reducir el gasto, ¿por qué no incorporó desde el principio ese recorte en el proyecto que presentó al Congreso? Una explicación posible es que el ajuste presupuestal y la aprobación del proyecto son procesos diferentes. Pero desde el punto de vista de transparencia fiscal, los congresistas tendrán que conocer con precisión qué partidas serán recortadas antes de determinar cuánto cuesta realmente el presupuesto.
El propio ministro ha anunciado que el ajuste deberá ser concretado mediante las decisiones fiscales correspondientes. El Gobierno, además, prepara una Ley de Ajuste Fiscal equivalente a unos $47 billones, alrededor de 2,2 puntos del PIB, con la intención de contener el déficit y el crecimiento de la deuda.
Esto significa que el presupuesto que acaba de llegar al Congreso no puede analizarse aisladamente. Para determinar si es sostenible habrá que estudiar simultáneamente el proyecto presupuestal, el recorte anunciado, la futura ley de ajuste y las medidas tributarias con las que el Ejecutivo pretende completar sus cuentas.
El problema se vuelve más complejo al observar el comportamiento de la deuda. El nuevo proyecto contempla un aumento significativo del servicio de la deuda, que pasaría de alrededor de $100 billones en 2026 a más de $150 billones en 2027, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Hacienda. Ese rubro representaría cerca de una cuarta parte del presupuesto.
Así, una parte considerable del incremento presupuestal no se traduce en nuevas políticas públicas ni en mayor inversión. El dinero adicional se destina, en buena medida, a pagar obligaciones adquiridas previamente, incluidos intereses y vencimientos. De hecho, la inversión pública prevista para 2027 sería inferior a la contemplada en el proyecto anterior, al pasar a unos $86,9 billones.
La situación también plantea interrogantes sobre la promesa de austeridad con la que llegó el nuevo Gobierno. De la Espriella había planteado durante la campaña la necesidad de reducir el tamaño del Estado y el gasto público. Ahora, su primera propuesta presupuestal asciende a $634,9 billones, mientras el Ejecutivo anuncia simultáneamente un recorte.
La contradicción, sin embargo, debe analizarse con cuidado. Un presupuesto más grande no necesariamente significa que haya aumentado el gasto discrecional del Gobierno. Si buena parte del incremento corresponde a obligaciones legales, deuda, pensiones o salud, el margen para aplicar austeridad es mucho menor. El verdadero examen será identificar cuánto del gasto adicional es obligatorio y cuánto responde a decisiones propias de la nueva administración.
Otro punto sensible es la financiación tributaria. El Gobierno ha anunciado cambios fiscales y se ha planteado la eliminación del impuesto al patrimonio, mientras algunos sectores cuestionan cómo se reemplazarían los ingresos que actualmente genera ese gravamen. La senadora Esmeralda Hernández calculó ese recaudo en alrededor de $5 billones y cuestionó que se plantee eliminarlo mientras el Estado enfrenta un déficit creciente.
La discusión no consiste solamente en determinar si el impuesto al patrimonio es conveniente o perjudicial para la inversión. La pregunta fiscal es qué ingreso sustituirá los recursos que se dejen de recaudar. Si el Gobierno reduce una fuente de ingresos y mantiene elevado el gasto, la diferencia tendrá que cubrirse con nuevos impuestos, recortes o endeudamiento.
Esto adquiere mayor importancia porque el nuevo escenario contempla un déficit fiscal de 9,4 % del PIB para 2027, frente al 6,7 % proyectado en el proyecto anterior. Al mismo tiempo, la deuda pública podría superar el 66 % del PIB.
El Gobierno sostiene que precisamente por eso necesita una ley de ajuste. Según estimaciones citadas en el análisis del nuevo presupuesto, una medida equivalente a 2,2 puntos del PIB podría llevar el déficit a alrededor de 7,2 % del PIB, pero no eliminaría el desequilibrio. Es decir, el ajuste anunciado contendría el deterioro, pero no resolvería por completo el problema fiscal.
A esto se suma la regla fiscal. La excepción vigente termina en 2027, y el propio escenario fiscal reconoce dificultades para regresar rápidamente a las metas ordinarias. Por eso, el Congreso no solamente tendrá que preguntarse cómo financiar el presupuesto de 2027, sino también cómo evitar que el mayor déficit y el mayor endeudamiento comprometan los años siguientes.
El terremoto ocurrido en agosto agrega otra presión. El Gobierno asegura que la reconstrucción requerirá recursos adicionales y que el Fondo Milagro será uno de los mecanismos para canalizarlos. Sin embargo, el nuevo proyecto no precisa todavía cuánto de la inversión estará destinado concretamente a la reconstrucción, mientras la inversión total prevista disminuye frente al proyecto que había sido devuelto.
De esta manera, el Congreso tendrá que resolver una ecuación complicada: un presupuesto mayor, un déficit más elevado, un servicio de deuda en máximos históricos, un recorte todavía pendiente, nuevas medidas tributarias y gastos extraordinarios derivados de la emergencia. La pregunta será si todas esas piezas pueden encajar sin trasladar el costo a mayor deuda futura o a nuevos impuestos.
También habrá que revisar el argumento político detrás del calificativo “presupuesto de la verdad”. Si el Gobierno quiere utilizar esa expresión como contraste con las cuentas de la administración anterior, tendrá que demostrar con documentos cuáles eran exactamente los faltantes, cuáles fueron corregidos y qué supuestos fiscales cambiaron. De lo contrario, el término corre el riesgo de convertirse más en una etiqueta política que en una explicación técnica.
El debate que comienza en el Congreso, por tanto, no será únicamente sobre los $634,9 billones. Será sobre quién paga la diferencia entre lo que el Estado necesita gastar y lo que realmente puede recaudar, qué gastos se pueden reducir y qué obligaciones son inaplazables. También deberá establecerse si la promesa de austeridad se refleja efectivamente en el gasto discrecional o si queda relegada a un recorte posterior todavía por concretar.
La gran pregunta que deja la presentación del llamado “presupuesto de la verdad” es, entonces, si se trata realmente de un presupuesto más transparente y sostenible o simplemente de un reconocimiento más amplio del tamaño del problema fiscal que enfrenta Colombia. La respuesta dependerá de lo que ocurra con los $21,9 billones de recorte, la reforma fiscal, el impuesto al patrimonio, la deuda y el cumplimiento de la regla fiscal. Mientras tanto, el Congreso tendrá en sus manos la tarea de determinar si las cuentas del Gobierno están verdaderamente cuadradas o si todavía falta encontrar quién pagará la diferencia.
