María Ovidia Palechor y James Flor, una pareja de líderes sociales con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y víctimas del conflicto, fueron asesinados en la madrugada de este martes 1 de septiembre en Cajibío, Cauca. El ataque ocurrió en su vivienda, ubicada en el sector de Las Casitas, en el corregimiento de La Pedregosa. Hombres armados ingresaron al inmueble y les dispararon. Ambos murieron en el lugar.
El doble homicidio fue confirmado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización en la que Palechor desarrolló buena parte de su trayectoria. Las primeras informaciones conocidas no establecen quiénes fueron los responsables ni cuál fue el móvil del ataque. Ninguna estructura armada se ha atribuido públicamente el crimen.
María Ovidia Palechor era una mujer indígena del pueblo Yanakuna y una reconocida defensora de derechos humanos. Dentro del CRIC se desempeñó como coordinadora del Programa Mujer y del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, desde donde acompañó procesos relacionados con la defensa del territorio, los derechos de las mujeres y la construcción de paz.
En los últimos años, su trabajo también estuvo ligado a las comunidades de La Pedregosa, un territorio integrado por 17 veredas y un consejo comunitario que había sido declarado Territorio de Paz. Palechor acompañaba allí iniciativas comunitarias y procesos destinados a enfrentar las consecuencias de la violencia armada en la región.
James Flor, su esposo, era un líder campesino vinculado a los procesos de defensa de las víctimas. Se desempeñó como representante departamental de la Mesa de Participación de Víctimas y también como representante municipal, desde donde participó en procesos relacionados con la reivindicación de los derechos de las personas afectadas por el conflicto.
La pareja había adquirido especial visibilidad después del atentado ocurrido el 25 de abril en el sector de El Túnel, en Cajibío. Un ataque con explosivos contra vehículos que transitaban por la vía Panamericana dejó 21 personas muertas y decenas de heridas, según los reportes publicados sobre ese hecho. Palechor se convirtió entonces en una de las voces de la comunidad para explicar lo sucedido y denunciar las afectaciones que sufría la población.
La lideresa habló públicamente sobre las víctimas del ataque y sobre las condiciones de vulnerabilidad de la población de La Pedregosa. Su papel consistió también en acompañar a periodistas y organizaciones de derechos humanos que llegaron al territorio después de la tragedia de abril.
En una entrevista concedida pocos días después del atentado, Palechor pidió prudencia frente a las versiones sobre los responsables de la violencia. Explicó que la comunidad no tenía elementos para señalar directamente a una estructura determinada y advirtió que hacer acusaciones sin certeza podía aumentar los riesgos para los habitantes.
El CRIC sostiene que Palechor, Flor y otros dirigentes de La Pedregosa habían advertido de manera reiterada sobre los riesgos que enfrentaba la población por la presencia y el amedrentamiento de actores armados. Según la organización indígena, habían solicitado respuestas al Estado mediante acciones urgentes ante las amenazas y las condiciones de seguridad de la zona.
Esas advertencias adquieren especial relevancia después del doble homicidio. El CRIC alertó que otros líderes y lideresas del Territorio de Paz de La Pedregosa permanecen en una situación de riesgo, especialmente quienes han continuado acompañando los procesos de paz y las denuncias de las comunidades. La organización pidió medidas inmediatas y eficaces de protección.
El crimen ocurre además en un contexto de fuerte deterioro de la seguridad en Cajibío y en diferentes zonas del Cauca. La región ha registrado enfrentamientos, restricciones a la movilidad, presencia de estructuras armadas y afectaciones a comunidades que permanecen en medio de disputas territoriales.
En el área existe presencia de estructuras como el frente Jaime Martínez, además de referencias a los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño. La Defensoría había advertido sobre riesgos derivados del control territorial y las restricciones impuestas a las comunidades.
Esta misma entidad reaccionó al asesinato y su titular, Iris Marín, expresó su rechazo al hecho. La entidad pidió además la convocatoria urgente de un consejo de seguridad para analizar la situación del departamento y las condiciones de protección de los liderazgos sociales.
Marín advirtió que el asesinato de cinco líderes en un periodo de ocho días hace necesario adoptar medidas urgentes para proteger a quienes ejercen liderazgo social, particularmente en el Cauca. La preocupación de la Defensoría no se limita al caso de Palechor y Flor, sino que apunta al riesgo que enfrentan otros dirigentes en territorios afectados por la violencia.
El CRIC calificó el doble homicidio como un ataque contra dos personas que dedicaron su vida a la defensa de los derechos humanos, el territorio y las víctimas. La organización expresó solidaridad con sus familias, con la comunidad de La Pedregosa y con el pueblo Yanakuna, y reclamó al Estado garantías para quienes permanecen en el territorio.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas también condenó el crimen. La CNTI destacó la trayectoria de Palechor en la defensa de los derechos de las mujeres, las comunidades indígenas, el territorio y la construcción de paz, y recordó su participación en las iniciativas comunitarias de La Pedregosa y en las denuncias relacionadas con El Túnel.
El Proceso de Comunidades Negras (PCN) se sumó a las expresiones de rechazo. La organización sostuvo que el asesinato de Palechor y Flor representa una agresión contra los procesos organizativos de las comunidades y reclamó garantías para quienes defienden la autonomía territorial, la paz y la permanencia de los pueblos en el Cauca.
También se pronunció la Unidad para las Víctimas, que recordó el trabajo de Palechor con comunidades afectadas por el conflicto y con Sujetos de Reparación Colectiva. La entidad pidió a las autoridades avanzar con celeridad en la investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
La exvicepresidenta Francia Márquez condenó el asesinato y expresó solidaridad con las familias de las víctimas, los pueblos indígenas y el movimiento de mujeres del Cauca. Márquez recordó el trabajo que durante años compartió con organizaciones de mujeres y destacó la defensa de la vida, la paz y los derechos de las mujeres que caracterizó a Palechor.
Márquez también dirigió un mensaje al Gobierno nacional. Sostuvo que el Cauca merece “vivir en paz, sin violencia y sin miedo” y reclamó a las instituciones adoptar medidas para garantizar la seguridad y la integridad de líderes y lideresas sociales y sus familias. Para la exvicepresidenta, la garantía de la paz y la protección de quienes defienden derechos son responsabilidades del Estado.
La senadora Aida Quilcué, también lideresa indígena del Cauca, recordó que Palechor y Flor hacían parte de la Mesa Departamental de Víctimas, un espacio destinado a la participación y defensa de los derechos de quienes han sufrido la violencia. Quilcué calificó el crimen como un hecho que no debería analizarse de manera aislada y señaló el riesgo que enfrentan los pueblos y comunidades en la región.
La reacción de Quilcué se produjo en medio de llamados de diferentes sectores a esclarecer no solo quiénes ejecutaron el ataque, sino también quién pudo haberlo ordenado y cuáles fueron las circunstancias que precedieron al ingreso de los hombres armados a la vivienda de la pareja. Hasta ahora, esas preguntas permanecen abiertas.
El caso también fue registrado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Con los asesinatos de Palechor y Flor, la organización reportó que durante 2026 han sido asesinados violentamente 103 líderes y lideresas sociales y comunitarios en Colombia. Indepaz identifica a Palechor como lideresa indígena y comunitaria y registra su trayectoria en procesos de defensa de derechos humanos y organización social.
En el caso específico del Cauca, se conoce que con estos dos homicidios el departamento llegó a 22 líderes sociales asesinados durante 2026, de acuerdo con el registro de Indepaz. La dimensión nacional de la cifra también permite entender la gravedad del caso. Según Indepaz, los 103 asesinatos registrados hasta este 1 de septiembre equivalen a un homicidio de un líder o lideresa aproximadamente cada 2,3 días durante el año. El registro refleja una problemática que continúa afectando a personas vinculadas con la defensa de derechos, la organización comunitaria y la protección de los territorios.
Pero detrás de la estadística quedan dos historias concretas: una mujer Yanakuna que convirtió la defensa de la vida, los derechos humanos y las mujeres en una tarea permanente, y un líder campesino dedicado a representar a las víctimas del conflicto. María Ovidia Palechor y James Flor fueron asesinados en su propia vivienda, en un territorio donde habían pedido protección para sus comunidades. La investigación deberá establecer quiénes fueron los responsables y si el crimen estuvo relacionado con su labor social, sus denuncias o alguna otra circunstancia. Mientras esas respuestas no existan, el doble homicidio deja una pregunta urgente para las autoridades: cómo impedir que quienes defienden la paz y los derechos de sus comunidades terminen convertidos en nuevas víctimas de la violencia que intentaban denunciar.
