El expresidente Álvaro Uribe Vélez acudió este viernes 4 de septiembre a la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria dentro de una investigación relacionada con graves hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de 1990.
El expediente está relacionado con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1997 y 1996, respectivamente, y con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, cometido en 1998.
Los hechos son investigados en el contexto de la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. La Fiscalía busca establecer si existió responsabilidad penal del entonces mandatario, incluida una eventual participación u omisión frente a las actuaciones de estructuras paramilitares.
La Fiscalía abrió formalmente la investigación contra Uribe por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado. La indagatoria constituye una etapa procesal para escuchar la versión del investigado frente a los elementos que hacen parte del expediente.
La investigación no significa que exista una condena contra Uribe por estos hechos. Será la autoridad judicial competente la que deberá valorar las pruebas, las declaraciones y los argumentos de las partes para determinar si existe responsabilidad penal.
Antes de ingresar a la Fiscalía, Uribe hizo una declaración pública en la que rechazó las acusaciones. “Hoy acudo a decir que no he sido asesino”, afirmó, y sostuvo que comparecía por respeto a la Constitución, a su familia, a los colombianos y a la justicia.
El expresidente también recordó las acusaciones que ha recibido durante su trayectoria política y defendió las políticas de seguridad implementadas durante su carrera pública. En declaraciones previas a la diligencia aseguró que esas políticas no pueden utilizarse para atribuirle responsabilidad por los crímenes investigados.
La defensa de Uribe había intentado aplazar la diligencia. El abogado Jaime Granados argumentó que necesitaba más tiempo para estudiar la declaración que Salvatore Mancuso había entregado ante la Fiscalía el día anterior.
La Fiscalía, sin embargo, mantuvo la diligencia programada y Uribe finalmente compareció ante el ente investigador. La jornada correspondió a la primera fase de la indagatoria y no agotó necesariamente todas las actuaciones relacionadas con su versión.
Al término de esta primera jornada, se informó que la diligencia continuará posteriormente, por lo que todavía quedan asuntos por abordar dentro de la declaración del expresidente.
Uno de los elementos que adquirió especial importancia antes de la comparecencia fue precisamente la declaración de Salvatore Mancuso, quien el jueves rindió una entrevista bajo juramento ante la Fiscalía en Montería.
La diligencia de Mancuso duró cerca de tres horas y estuvo dirigida por la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En ella se abordaron las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro de las Autodefensas.
El testimonio es relevante porque Mancuso fue uno de los principales comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y ha entregado durante años versiones sobre la relación entre estructuras paramilitares y distintos funcionarios y actores políticos.
En declaraciones anteriores, Mancuso había señalado que Pedro Juan Moreno, quien fue secretario de Gobierno de Antioquia durante la administración de Uribe, habría tenido contactos con integrantes de las AUC y habría solicitado apoyo para determinadas acciones. Esa versión volvió a ser objeto de preguntas ante la Fiscalía.
En el caso de El Aro, Mancuso había relacionado a funcionarios de la Gobernación de Antioquia con la operación paramilitar. Según las versiones que han sido incorporadas al expediente, Moreno habría actuado como un enlace entre sectores de la administración departamental y miembros de las autodefensas.
Sin embargo, el nuevo testimonio también contiene elementos que la Fiscalía deberá contrastar. Sobre algunos hechos, Mancuso manifestó que no le constaban directamente determinadas actuaciones de Uribe, incluida la posibilidad de que hubiera ordenado, apoyado o sugerido la ejecución de la masacre de La Granja.
Esa precisión es fundamental para valorar jurídicamente su declaración. El testimonio de un exjefe paramilitar puede constituir un elemento de investigación, pero sus afirmaciones deben ser confrontadas con otros testimonios, documentos y evidencias antes de establecer responsabilidades.
La importancia de Mancuso radica, entre otros aspectos, en que sus versiones pueden ser comparadas con declaraciones anteriores rendidas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y con otros testimonios que reposan en el expediente. La Fiscalía busca determinar qué aspectos permanecen consistentes y cuáles requieren corroboración.
Entre los testimonios que también han tenido relevancia en la investigación aparece el del exparamilitar Francisco Villalba, quien señaló a Uribe en relación con la planeación de la masacre de El Aro. Villalba fue asesinado posteriormente, por lo que su declaración adquirió un peso particular dentro del expediente.
Otro eje de la investigación es el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, abogado y defensor de derechos humanos que había denunciado públicamente hechos relacionados con la violencia paramilitar y la actuación de miembros de la fuerza pública en Antioquia.
Miguel Ángel del Río, abogado que representa a familiares de Valle, aseguró este viernes que para las víctimas existen elementos que comprometen al expresidente. Tras la primera jornada, sostuvo que “no hay ninguna duda” sobre la participación que atribuye a Uribe en el asesinato del defensor.
Del Río también cuestionó la actuación de Uribe durante la diligencia y afirmó, en declaraciones recogidas por Caracol Radio, que el expresidente fue “un gran actor”. La expresión corresponde a la valoración del abogado de las víctimas y no a una conclusión judicial sobre la responsabilidad de Uribe.
La posición de Del Río contrasta con la de la defensa, que sostiene que no existen elementos suficientes para responsabilizar penalmente al expresidente y cuestiona la credibilidad y consistencia de testimonios provenientes de antiguos integrantes de las estructuras paramilitares.
El caso también tiene una discusión jurídica adicional relacionada con la competencia para investigar los hechos. La defensa ha planteado que el expediente debería pasar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mientras la Fiscalía ha defendido su competencia para continuar con la investigación.
La indagatoria de este viernes, por tanto, no cierra el caso. La Fiscalía deberá incorporar y contrastar la versión de Uribe con el conjunto de pruebas, incluido el reciente testimonio de Mancuso y las declaraciones de otros testigos. El punto central será establecer, con pruebas jurídicamente valorables, si el entonces gobernador tuvo alguna responsabilidad penal por acción, omisión o eventual vínculo con las estructuras que participaron en los hechos.
