El próximo lunes 7 de septiembre, 16 emisoras que durante años fueron conocidas como Emisoras de Paz regresarán al aire con un nuevo nombre: Emisoras de la Reconciliación. El Gobierno presenta el cambio como una renovación de la programación local y como una apuesta por fortalecer el vínculo con las comunidades.
La modificación llega después de casi un mes de suspensión de la programación hablada de estas estaciones. La decisión de reorganizar las emisoras y sustituir su denominación se produce en los primeros meses de la administración de Abelardo de la Espriella, un Gobierno que ha marcado distancia con varias de las políticas de paz impulsadas durante el mandato anterior.
Sin embargo, el nombre Emisoras de Paz no era solamente una marca institucional. Estas estaciones tienen su origen en el punto 6.5 del Acuerdo Final de 2016, que estableció la creación de 20 emisoras FM de interés público en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
El propósito inicial tampoco era simplemente ofrecer una nueva red de radio pública. El Acuerdo estableció que las emisoras debían hacer pedagogía sobre sus contenidos e informar sobre los avances de la implementación del propio Acuerdo Final.
Pero había un componente adicional que resulta fundamental para entender su naturaleza: la participación de los territorios. Durante los primeros dos años, un Comité de Comunicaciones Conjunto, integrado por representantes del Gobierno y de las FARC-EP en tránsito a la vida civil, debía definir de común acuerdo los contenidos de pedagogía y su producción.
El diseño contemplaba además que, después de esos dos primeros años, la programación sería distribuida durante cuatro años entre organizaciones de víctimas, ECOMÚN y organizaciones comunitarias de los territorios. Cada sector tendría un tercio de la programación y las franjas deberían asignarse de manera equitativa.
Por eso, la esencia de las emisoras no estaba únicamente en hablar de paz. Estaba también en permitir que comunidades golpeadas por el conflicto tuvieran un espacio permanente para contar sus historias, expresar sus necesidades, divulgar sus iniciativas y participar en la construcción de una nueva narrativa territorial.
El propio Acuerdo ubicó estas emisoras dentro de una estrategia más amplia de comunicación para la convivencia, la reconciliación y la construcción de paz. También contempló espacios para organizaciones sociales, comunidades y poblaciones vulnerables en los medios públicos y comunitarios.
Desde esa perspectiva, el cambio a Emisoras de la Reconciliación no representa, por sí mismo, una ruptura con el Acuerdo. La palabra reconciliación está, de hecho, en la denominación original de las emisoras dentro del punto 6.5: “Emisoras para la convivencia y la reconciliación”.
El verdadero interrogante está entonces en otro lugar: qué significa en la práctica la “nueva programación local” anunciada por Inravisión. La entidad asegura que las estaciones mantendrán contenidos sobre pedagogía del Acuerdo y su implementación, además de espacios centrados en las realidades de cada territorio.
La nueva parrilla incluye programas como Milagro en el Campo, Sonidos de mi Tierra, Tejiendo Patria, La Tarde en mi Pueblo y Milagros en los territorios. La programación anunciada pretende, según el Gobierno, fortalecer una radio pública plural, participativa y cercana a las comunidades.
No obstante, el anuncio oficial no detalla quiénes producirán estos espacios, qué organizaciones territoriales participarán en ellos, qué papel tendrán las víctimas ni cómo se garantizará la participación comunitaria en la definición de los contenidos. Esa información es relevante porque la participación no era un elemento accesorio del diseño original de las emisoras.
La preocupación adquiere una dimensión política por el contexto en el que se produce la transformación. El presidente De la Espriella ha establecido una ruptura con la política de paz total de su antecesor y ha terminado conversaciones con varios grupos armados, además de reiterar que su Gobierno no negociará con organizaciones criminales y que privilegiará su sometimiento a la justicia.
Esa postura frente a las negociaciones no significa necesariamente una oposición al Acuerdo de Paz de 2016. Son procesos diferentes. El Acuerdo con las FARC tiene compromisos institucionales propios, mientras la llamada paz total corresponde a una política de negociación con diferentes organizaciones armadas desarrollada durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La distinción es importante porque sería incorrecto concluir que, por rechazar la paz total, el Gobierno necesariamente pretende desmontar las herramientas de comunicación creadas por el Acuerdo de 2016. De hecho, Inravisión sostiene expresamente que la nueva etapa busca dar continuidad al numeral 6.5 y mantener la pedagogía del Acuerdo y su implementación.
Pero también sería prematuro asumir que la continuidad anunciada será idéntica a la prevista originalmente. El punto que debe observarse es si la radio seguirá siendo un instrumento para que los territorios participen en la construcción de contenidos o si se convertirá principalmente en una plataforma de contenidos definidos desde la estructura central de los medios públicos.
Hay además una señal que justifica una vigilancia periodística sobre el contenido de la transformación: de las 20 emisoras creadas en el marco del Acuerdo, el Gobierno anunció el regreso de 16, mientras cuatro continúan por fuera de esta nueva etapa debido a situaciones administrativas relacionadas con sus concesiones, según la información divulgada públicamente.
La diferencia entre una emisora pública convencional y estas estaciones es precisamente su origen. Fueron concebidas como herramientas de comunicación en territorios particularmente golpeados por la guerra y como parte de las medidas de implementación del Acuerdo. Por eso, su éxito no debería medirse únicamente por si continúan transmitiendo, sino por la calidad y diversidad de las voces que logren poner al aire.
El cambio de nombre podría terminar siendo irrelevante si las comunidades conservan su espacio, las víctimas continúan teniendo participación, se mantiene la pedagogía del Acuerdo y los contenidos siguen reflejando las realidades locales. En ese escenario, Emisoras de la Reconciliación sería fundamentalmente una nueva identidad para un proyecto que conserva su función original.
El escenario sería diferente si la renovación implicara una reducción de la participación territorial, una centralización de los contenidos o una sustitución de la pedagogía del Acuerdo por una narrativa política determinada desde el Gobierno. En ese caso, la discusión ya no sería semántica, sino sobre el cumplimiento del espíritu con el que fueron creadas las emisoras.
Por ahora, la información pública permite afirmar que el Gobierno no está anunciando la desaparición de estas estaciones. Por el contrario, anuncia su regreso, reivindica su carácter territorial y asegura que continuarán trabajando alrededor de la construcción de paz.
La pregunta que queda abierta es qué tipo de radio surgirá a partir del 7 de septiembre. En un Gobierno que ha marcado un giro frente a la política de paz de su antecesor, las Emisoras de la Reconciliación podrían convertirse en una herramienta para reinterpretar la construcción de paz desde una nueva visión oficial, pero también podrían conservar su carácter de medios territoriales concebidos por el Acuerdo.
La respuesta estará menos en el cambio de nombre que en los micrófonos. Será necesario observar quién habla, quién decide los contenidos, quién produce los programas, qué organizaciones participan, cuánto contenido se origina realmente en las regiones y qué espacio reciben las víctimas y las comunidades. Solo entonces será posible establecer si las antiguas Emisoras de Paz fueron simplemente rebautizadas o si, en realidad, comenzó una transformación de su propósito original.
