Ricardo Roa enfrenta dos procesos penales distintos que ya llegaron a la etapa de acusación. Uno está relacionado con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente, y el otro con la compra de un apartamento en Bogotá y presuntas gestiones posteriores para favorecer a un empresario con contratos de Ecopetrol.
En el primer caso, la Fiscalía radicó el 12 de agosto de 2026 el escrito de acusación contra Roa por el delito de violación de topes electorales. El proceso quedó en conocimiento del Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá y está pendiente de la programación de la audiencia de acusación.
La investigación se concentra en los reportes financieros de la campaña Petro Presidente y en los gastos registrados ante el Consejo Nacional Electoral mediante el aplicativo Cuentas Claras. Según la Fiscalía, los topes legales habrían sido superados tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial.
La responsabilidad que busca establecer la Fiscalía está vinculada con el papel que Roa desempeñó como gerente y administrador financiero de la campaña. El ente acusador sostiene que habría dirigido, manejado o autorizado gastos que debían ser incorporados a la contabilidad electoral.
El caso tiene una dimensión adicional porque el expediente puede permitir determinar quiénes participaron en las decisiones financieras de la campaña y qué personas conocieron o autorizaron los gastos cuestionados. Sin embargo, la acusación contra Roa no equivale por sí misma a una imputación contra Gustavo Petro.
La segunda investigación tiene un origen diferente. El 9 de junio de 2026, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra Roa por el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.
La hipótesis del ente acusador vincula esa operación inmobiliaria con el empresario Juan Guillermo Mancera. Según la Fiscalía, Roa habría adquirido el inmueble por $1.800 millones, mientras que su valor comercial habría sido estimado en $2.727 millones, una diferencia de aproximadamente $927 millones.
La Fiscalía sostiene además que, después de esa negociación, Roa habría ejercido influencia sobre Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para que un proyecto de regasificación fuera adjudicado a GAXI ESP S.A.S., empresa vinculada a Mancera. La acusación se refiere a reuniones ocurridas en agosto y octubre de 2024.
Según la versión expuesta por la Fiscalía, Roa habría insistido ante Rojas en que el proyecto debía ser asignado a la empresa de Mancera. En una de las reuniones, de acuerdo con la acusación, el entonces presidente de Ecopetrol habría impartido directamente esa instrucción.
Rojas se convirtió en una pieza relevante de este expediente. En agosto de 2026 fue reconocido como víctima dentro del proceso contra Roa, después de que su defensa relatara presiones que, según su versión, se produjeron tras su negativa a direccionar el proyecto de regasificación.
Es en esta segunda investigación donde aparece una línea adicional relacionada con Julián Caicedo Cano, pareja sentimental de Roa. Caicedo ha sido mencionado en investigaciones y actuaciones disciplinarias relacionadas con su presunta intervención en asuntos de contratación y selección de personal en empresas vinculadas con Ecopetrol.
Según declaraciones recogidas por medios y que, de acuerdo con esas publicaciones, fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, Caicedo habría participado en reuniones en las que se entrevistaban candidatos para cargos directivos de Hocol antes de que Roa asumiera formalmente la presidencia de Ecopetrol.
Uno de los testimonios proviene de Luis Enrique Rojas. De acuerdo con lo publicado sobre su declaración, Caicedo habría estado presente en reuniones realizadas en una oficina relacionada con Juan Guillermo Mancera, donde se evaluaban candidatos para posiciones de alto nivel en Hocol. Estos señalamientos corresponden a testimonios incorporados a investigaciones y no constituyen una condena contra Caicedo.
La defensa de Rojas también sostuvo en agosto que, antes de una reunión de la junta directiva de Hocol, Roa, Caicedo y Mancera habrían hablado con su representado sobre el proyecto de regasificación. Según esa versión, Rojas se negó a favorecer a una empresa determinada.
Caicedo, por su parte, ha negado haber actuado con una intención indebida. En una declaración ante la Procuraduría citada por El Espectador, defendió su actuación y sostuvo que nunca existió una mala intención en relación con los contratos que fueron objeto de cuestionamientos.
La importancia de esta línea no radica únicamente en la relación sentimental entre Caicedo y Roa. Lo que las autoridades y los investigadores deben establecer es si existió una intervención efectiva de Caicedo en decisiones de contratación, selección de funcionarios o gestión empresarial y, en caso afirmativo, cuál fue su alcance y bajo qué autorización.
También existen denuncias de Rojas sobre presiones y amenazas posteriores a sus desacuerdos con decisiones relacionadas con Hocol. Su defensa ha señalado a personas del entorno de Roa y Caicedo, mientras que esas afirmaciones deberán ser verificadas dentro de las investigaciones correspondientes.
En el proceso por tráfico de influencias, la Fiscalía no acusa a Caicedo por el delito que se le atribuye a Roa. El escrito de acusación está dirigido contra el expresidente de Ecopetrol y sostiene que este habría utilizado su posición para favorecer intereses particulares. La eventual responsabilidad de otras personas requeriría una actuación judicial independiente y evidencia individualizada.
Los dos procesos contra Roa también abren una pregunta sobre la posible aparición de nuevos involucrados. En el caso electoral, el foco está en los responsables de las decisiones y registros financieros de la campaña de 2022; en el de Ecopetrol, la atención está puesta en las relaciones entre Roa, Mancera, Hocol y las personas que pudieron intervenir en las decisiones cuestionadas. Por ahora, no es posible atribuir responsabilidad penal a terceros únicamente por aparecer mencionados en los expedientes o testimonios.
Así, los escritos de acusación marcan un punto decisivo para Roa: la Fiscalía ya llevó ante los jueces dos investigaciones con hipótesis diferentes, una electoral y otra relacionada con su gestión en Ecopetrol. La línea que involucra a Julián Caicedo agrega un elemento de contexto que deberá ser contrastado con documentos, testimonios y decisiones concretas para determinar si se trató de una influencia informal, una intervención administrativa o una conducta con relevancia penal.
