La llegada de Ricardo Valencia Ramírez a la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) abrió una nueva etapa en una controversia que durante los últimos meses había puesto bajo escrutinio las cifras de empleo y desempleo publicadas durante el gobierno de Gustavo Petro. Designado por el presidente Abelardo de La Espriella, Valencia sostuvo en su primera presentación sobre el mercado laboral que no había encontrado anomalías en el cálculo de los indicadores.
La declaración tiene una particular relevancia política porque Valencia no pertenece a la administración que produjo las cifras cuestionadas. El economista fue nombrado por el nuevo gobierno y ya había trabajado en el DANE entre 2018 y 2022, cuando Juan Daniel Oviedo estaba al frente de la entidad. Su llegada se produjo después de la salida de Piedad Urdinola, quien dirigió el organismo durante buena parte del gobierno Petro.
El pronunciamiento ocurrió en medio de una discusión que había comenzado con un estudio de investigadores de la Universidad de Antioquia sobre el comportamiento del empleo formal. Los académicos compararon los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) con los registros administrativos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y encontraron diferencias que, a su juicio, requerían explicación.
Una de las diferencias señaladas se produjo en febrero de 2026. De acuerdo con el estudio citado públicamente, la GEIH mostraba un crecimiento anual del empleo formal cercano al 8,2 %, equivalente a unos 814.000 nuevos empleos formales, mientras que los registros de seguridad social reflejaban una caída anual cercana al 1,3 %, equivalente a unos 170.000 cotizantes menos.
Los investigadores interpretaron esa divergencia como una señal que debía ser examinada con mayor profundidad. El cuestionamiento no se limitaba a una cifra aislada, sino al comportamiento observado desde mediados de 2024, cuando, según el estudio, los registros administrativos comenzaron a mostrar un deterioro del empleo formal mientras la encuesta del DANE continuaba registrando crecimiento.
El DANE respondió entonces que comparar directamente ambas fuentes podía conducir a conclusiones equivocadas. La GEIH y la PILA no son instrumentos diseñados para medir exactamente lo mismo: la primera es una encuesta a hogares que permite estimar la situación laboral de la población, mientras la segunda contiene registros administrativos relacionados con los aportes al sistema de seguridad social.
Esa explicación fue defendida por la anterior administración del DANE, que sostuvo que sus estadísticas eran públicas, verificables y construidas bajo estándares estadísticos. La entidad rechazó que las diferencias entre la GEIH y la PILA constituyeran, por sí mismas, evidencia de un error en las cifras oficiales.
La llegada de Valencia cambió el contexto de esa discusión. El nuevo director no solo recibió una entidad cuya credibilidad estaba siendo cuestionada por algunos políticos, sino que tuvo que enfrentar el asunto desde una posición distinta a la de la administración anterior. Su conclusión inicial fue que no había encontrado anomalías en el cálculo de los indicadores del mercado laboral.
La frase tiene un alcance concreto. Valencia está respaldando la consistencia del proceso estadístico del DANE, pero eso no significa que haya certificado todas las interpretaciones económicas que hizo el gobierno Petro a partir de esos datos. Tampoco equivale a afirmar que no existan diferencias entre las distintas fuentes utilizadas para estudiar el mercado laboral.
De hecho, las diferencias entre una encuesta y los registros administrativos siguen siendo un asunto que puede ser analizado por investigadores. El punto que cambia con la declaración del nuevo director es que, después de asumir la conducción de la entidad, no reportó haber encontrado una anomalía que invalidara los indicadores publicados por el DANE.
Mientras esa discusión continúa, los datos oficiales muestran una trayectoria descendente del desempleo. En julio de 2026, la tasa nacional de desocupación fue de 8,1 %, frente al 8,8 % registrado en julio de 2025. La tasa de ocupación llegó a 59,5 % y la participación laboral a 64,8 %.
El dato de julio tiene además una particularidad política: corresponde al último mes completo del gobierno anterior y fue publicado en el momento del relevo institucional. La cifra de 8,1 % quedó así como uno de los indicadores económicos heredados por la administración de De La Espriella y ahora es defendida técnicamente por el nuevo director del organismo encargado de producirla.
La serie tampoco comenzó con el nuevo gobierno. Para junio de 2026, el DANE había reportado una tasa de desempleo nacional de 8,0 %, 0,5 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2025. En ese sentido, los resultados de julio forman parte de una trayectoria que ya estaba publicada antes del cambio de administración.
Sin embargo, desempleo y empleo formal no son conceptos intercambiables. Una reducción de la tasa de desocupación no significa necesariamente que todos los nuevos puestos sean formales, estables o de alta calidad. Tampoco permite, por sí sola, concluir cómo evolucionaron los salarios, la productividad o las condiciones laborales de quienes encontraron ocupación.
Esa distinción resulta fundamental para interpretar la controversia. El estudio de la Universidad de Antioquia puso el foco en el empleo formal y en las diferencias con los registros de la seguridad social, mientras que el indicador mensual de desempleo del DANE responde a una pregunta estadística diferente. Una discrepancia entre ambas fuentes no implica automáticamente que una de ellas esté equivocada.
También es necesario diferenciar entre una discrepancia estadística y una manipulación deliberada. Hasta ahora, la información disponible sobre la declaración de Valencia no sustenta la afirmación de que el gobierno anterior hubiera manipulado las cifras. Por el contrario, el nuevo director dijo que no encontró anomalías en el cálculo de los indicadores.
La declaración tiene así un efecto político evidente. Si el director del DANE nombrado por el nuevo gobierno hubiera encontrado irregularidades, sus hallazgos habrían podido convertirse en un cuestionamiento institucional a las estadísticas heredadas. Al no reportarlas en su revisión inicial, la discusión se desplaza desde una acusación de posible alteración de las cifras hacia un debate sobre metodología, fuentes y alcance de los indicadores.
Pero tampoco sería correcto convertir la declaración de Valencia en una absolución definitiva de todas las críticas académicas. Una revisión inicial de la entidad no elimina la necesidad de estudiar las diferencias entre la GEIH y los registros administrativos ni responde por sí sola a cada uno de los argumentos planteados por los investigadores.
La discusión, además, tiene una dimensión institucional que trasciende a Petro y a De La Espriella. La credibilidad de las estadísticas oficiales depende de que sus metodologías puedan ser examinadas, replicadas y discutidas independientemente de quién ocupe la Presidencia. El DANE tiene precisamente la función de producir información que pueda ser utilizada tanto por el Gobierno como por investigadores, empresas, organismos internacionales y ciudadanos.
Valencia llega a esa responsabilidad con conocimiento previo de la entidad. Antes de ser nombrado director, había ocupado la subdirección general del DANE durante la administración de Juan Daniel Oviedo y posteriormente trabajó en consultoría y gestión de datos. Su trayectoria convierte sus primeras declaraciones sobre la calidad de las estadísticas en un elemento relevante dentro de la discusión pública.
El episodio también deja una pregunta abierta sobre qué ocurrirá con la revisión técnica de las cifras laborales. Si las diferencias entre la GEIH y la PILA persisten, el debate probablemente continuará alrededor de las proyecciones poblacionales, los marcos muestrales, la identificación del empleo formal y la forma de integrar o contrastar las encuestas con los registros administrativos.
Por ahora, lo que puede afirmarse con respaldo es más limitado, pero también más preciso: el nuevo director del DANE no encontró, en su revisión inicial, anomalías en el cálculo de los indicadores laborales y defendió la explicación de que las diferencias con la PILA no implican necesariamente errores, porque las dos fuentes miden fenómenos distintos.
La controversia, por tanto, no desaparece, pero cambia de naturaleza. Ya no se trata simplemente de determinar si las cifras publicadas durante el gobierno Petro fueron “verdaderas” o “falsas”. El debate técnico consiste en establecer qué mide cada instrumento, por qué pueden diferir sus resultados y si esas diferencias tienen una explicación estadística suficiente.
El dato políticamente más llamativo es que esa defensa proviene ahora de un funcionario nombrado por el gobierno que sucedió al de Petro. Valencia no ha dicho que la situación laboral del país sea mejor en todos sus aspectos ni ha validado cada discurso oficial construido alrededor de las cifras. Ha defendido algo más concreto: que, hasta el momento, no encontró anomalías en la producción de los indicadores del DANE.
Con esa declaración, la discusión sobre el desempleo colombiano vuelve al terreno donde puede ser contrastada: las metodologías, los microdatos, los registros administrativos y la consistencia de las series. El desafío para el nuevo director será mantener esa revisión abierta y demostrar, con información verificable, si las diferencias identificadas por los investigadores obedecen a las características de cada fuente o si existe algún problema estadístico que requiera corrección.
