El 8 de septiembre de 2026, casi 41 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, un jurado federal en Florida comenzará a escuchar el proceso civil contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por su presunta responsabilidad en la tortura y muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas. El caso fue llevado a Estados Unidos por las tres hijas del jurista y llega a juicio después de varios años de disputas procesales.
El proceso estadounidense no es un nuevo juicio penal por la retoma del Palacio ni implica que Plazas Vega pueda ser enviado a prisión por estos hechos. Se trata de una demanda civil presentada bajo la legislación estadounidense de protección a víctimas de tortura, que busca establecer una eventual responsabilidad y, de ser favorable a las demandantes, una reparación económica.
Para entender por qué el caso vuelve a los tribunales es necesario regresar al 6 y 7 de noviembre de 1985. En esas fechas, un comando del M-19 tomó por las armas el Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá, y mantuvo como rehenes a magistrados, funcionarios, empleados y visitantes. La respuesta de las Fuerzas Militares produjo una operación de recuperación que terminó con cerca de un centenar de muertos y una serie de desapariciones que marcarían la historia judicial del país.
Carlos Horacio Urán Rojas era magistrado auxiliar del Consejo de Estado y se encontraba dentro del Palacio cuando comenzó la toma. Durante años, la versión oficial sostuvo que había muerto en medio del fuego cruzado. Esa explicación comenzó a ser cuestionada cuando aparecieron evidencias que mostraban que Urán había salido con vida del edificio y se encontraba bajo custodia de agentes estatales.
Uno de los elementos fundamentales para la reconstrucción de esos hechos fue un registro audiovisual en el que Urán aparece saliendo del Palacio herido, pero vivo, acompañado por militares. La existencia de esas imágenes modificó sustancialmente la discusión sobre las circunstancias de su muerte y se convirtió en uno de los elementos que las hijas del magistrado han utilizado para reclamar una investigación sobre lo ocurrido después de su salida.
La controversia aumentó con los hallazgos posteriores relacionados con las pertenencias del magistrado. En 2007 apareció su billetera, perforada por una bala, en una instalación militar del Cantón Norte. Según la información incorporada al debate judicial, también fue encontrada una lista relacionada con personas identificadas durante la operación, en la que figuraba el nombre de Urán. Estos elementos forman parte de las pruebas que las demandantes pretenden llevar ante el tribunal estadounidense.
La investigación internacional también ha establecido conclusiones relevantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio de Justicia bajo custodia de agentes estatales y que posteriormente fue ejecutado mientras se encontraba bajo esa custodia. Ese pronunciamiento constituye uno de los antecedentes internacionales centrales del caso, aunque no equivale por sí mismo a una declaración de responsabilidad civil de Plazas Vega.
Plazas Vega ocupaba entonces un lugar importante dentro de la estructura militar que participó en la retoma. Era comandante de la Escuela de Caballería y, según la demanda presentada en Florida, tenía autoridad sobre personal militar que participó en la operación. Las demandantes sostienen que esa posición es relevante para determinar una eventual responsabilidad de mando.
La tesis de las hijas de Urán no consiste necesariamente en demostrar que Plazas Vega fue quien disparó contra su padre. Su argumento central es que el entonces oficial tenía autoridad sobre miembros de la fuerza pública que habrían participado en los hechos y que debe determinarse si conoció lo ocurrido, si tenía capacidad para impedirlo y si posteriormente actuó para investigarlo o sancionarlo.
Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegain acudieron a la justicia estadounidense en 2022. La demanda fue presentada debido, entre otras razones, a que Plazas Vega reside en Florida y podía ser sometido allí a un proceso bajo la legislación estadounidense que permite perseguir civilmente a personas señaladas de tortura y otros abusos graves cometidos fuera de Estados Unidos.
Las hermanas están representadas por el Center for Justice and Accountability y un equipo jurídico estadounidense. Su decisión de acudir a Florida llegó después de décadas de litigios e investigaciones en Colombia y de su convicción de que la responsabilidad por la muerte de su padre no había quedado esclarecida de manera satisfactoria en el país.
En Colombia, entretanto, Plazas Vega había enfrentado otro proceso. Fue condenado inicialmente a 30 años de prisión por desaparición forzada relacionada con personas que salieron con vida del Palacio y posteriormente desaparecieron. La condena fue confirmada en una segunda instancia, y el exmilitar permaneció privado de la libertad durante años.
La historia judicial cambió el 16 de diciembre de 2015. Ese día, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia casó la condena contra Plazas Vega y lo absolvió de la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, los dos casos concretos sobre los que recaía la decisión.
La propia Corte Suprema hizo entonces una precisión que resulta fundamental para entender el debate actual. El alto tribunal señaló que su decisión se refería exclusivamente a esas desapariciones y que no estaba juzgando la operación militar de recuperación del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, porque ese asunto no había sido objeto de investigación y juzgamiento dentro de ese proceso.
Por esa razón, presentar la absolución de 2015 como una decisión judicial que hubiera establecido que Plazas Vega no tuvo ninguna responsabilidad en todos los hechos ocurridos durante la retoma sería una conclusión más amplia que lo que realmente decidió la Corte Suprema. La sentencia se ocupó de unos cargos específicos y absolvió al oficial respecto de esas desapariciones.
El proceso de Florida tiene, además, un objeto diferente. Allí el jurado deberá determinar si existen elementos suficientes para atribuir a Plazas Vega responsabilidad civil por la tortura y muerte de Carlos Horacio Urán. La discusión incluye la denominada responsabilidad de mando y, por tanto, no depende exclusivamente de establecer quién ejecutó materialmente al magistrado.
La defensa intentó detener el litigio estadounidense antes de llegar a juicio. Entre sus argumentos estuvo la tesis de que las demandantes debían agotar primero los recursos judiciales disponibles en Colombia. Los tribunales estadounidenses rechazaron ese planteamiento y permitieron que el caso avanzara hacia una discusión de fondo.
Ahora las partes deberán presentar ante el jurado las pruebas sobre lo sucedido con Urán después de que salió del Palacio. Entre los elementos que han sido mencionados están las imágenes que registraron su salida con vida, documentos y objetos relacionados con la operación militar, además de testimonios sobre la cadena de mando y las circunstancias posteriores a la retoma.
Para las hijas del magistrado, el juicio representa una nueva oportunidad de establecer judicialmente qué ocurrió con su padre. Su demanda sostiene que Urán salió vivo del Palacio y que posteriormente fue torturado y ejecutado, una hipótesis que contrasta con la explicación que durante años atribuyó su muerte al fuego cruzado dentro del edificio.
El proceso también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que ha acompañado durante décadas a la investigación del Palacio: qué ocurrió con las personas que fueron sacadas con vida y quedaron bajo control de la fuerza pública. La Corte Interamericana concluyó, en el caso relacionado con las desapariciones del Palacio, que varias personas salieron vivas y posteriormente fueron desaparecidas bajo custodia estatal.
En medio de ese escenario apareció este 7 de septiembre una intervención directa del presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario pidió al canciller Ómar Bula y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, evaluar el proceso de Plazas Vega y determinar qué tipo de acompañamiento podría brindar el Estado colombiano.
De La Espriella fue explícito en su respaldo. Calificó a Plazas Vega como un “héroe de la Patria” y sostuvo que, si el coronel retirado debe enfrentar consecuencias jurídicas por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones y “en defensa de la Patria”, es deber del Estado acompañarlo. También afirmó que los integrantes de las Fuerzas Armadas no pueden quedar a merced de lo que denominó “litigio estratégico”.
La declaración presidencial se produjo apenas un día antes del comienzo del juicio y supone una posición política frente a un caso que todavía debe ser resuelto por un tribunal extranjero. El Gobierno colombiano no es parte de la demanda presentada por las hijas de Urán y el resultado del proceso dependerá de las pruebas y las reglas de la justicia estadounidense.
La intervención también vuelve a colocar en el centro una tensión que ha acompañado la historia del Palacio de Justicia: la necesidad de establecer responsabilidades individuales por las violaciones cometidas durante la retoma y, al mismo tiempo, el debate sobre la actuación de los militares que participaron en una operación destinada a recuperar una sede de las altas cortes tomada por el M-19. Ambas dimensiones forman parte de una historia que la justicia colombiana no ha cerrado de la misma manera para todos los involucrados.
Cuatro décadas después, el caso de Carlos Horacio Urán llega a una nueva instancia judicial. La absolución de Plazas Vega en Colombia permanece vigente y corresponde a un proceso distinto del que ahora se adelanta en Florida. Las hijas del magistrado buscan que un jurado estadounidense determine si el exmilitar tuvo responsabilidad civil en la tortura y muerte de su padre, mientras el Gobierno de De La Espriella ya anunció su disposición a evaluar un acompañamiento. El juicio comenzará ahora con una pregunta concreta: qué responsabilidad, si alguna, puede atribuirse a Plazas Vega por lo ocurrido con Urán después de que salió vivo del Palacio de Justicia.
