La llegada de Melba Rocío Pérez Tuta a la Dirección Ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) abrió un debate sobre el costo de la administración de la entidad y la aplicación de la política de austeridad del Gobierno. El Comité Directivo aprobó para la nueva directora honorarios de $52 millones mensuales más IVA, equivalentes a $61,88 millones.
La cifra representa un incremento del 32,2 % frente a los $46,8 millones mensuales que recibía Brayan Giraldo, su antecesor. En términos absolutos, la diferencia es de más de $15 millones cada mes. El contrato de Pérez fue establecido hasta el 31 de diciembre de 2026, por un valor de hasta $282,585 millones, incluidos IVA, retenciones y demás conceptos tributarios.
El incremento adquiere mayor relevancia porque el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha planteado un recorte de $21,9 billones en el gasto público para este año. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha defendido la necesidad de que las entidades públicas asuman parte del esfuerzo de ajuste fiscal.
El contraste también se produce dentro del propio FENOGE. Entre el 28 y el 31 de agosto, nueve contratistas terminaron anticipadamente sus contratos, mientras la nueva directora quedó vinculada con una remuneración superior a la de su antecesor. El Ministerio sostiene que también ha adelantado una revisión de los contratos y negocios del Fondo.
Uno de los puntos que generó cuestionamientos es la existencia de una regla interna sobre honorarios. La circular 007 del 21 de noviembre de 2025 había establecido para 2026 un máximo de $45.510.360 mensuales, IVA incluido, para los contratistas del Fondo. La remuneración fijada para Pérez supera ese valor.
El Comité Directivo, sin embargo, dejó consignado en el acta de la sesión extraordinaria del 14 de agosto que esa circular no era aplicable al cargo de director ejecutivo. Su argumento fue que, de acuerdo con el Manual Operativo, la competencia para designar al director y establecer su remuneración corresponde exclusivamente al propio Comité.
El punto que permanece abierto es cómo se llegó exactamente a los $52 millones más IVA. Según la información publicada sobre el acta, allí no aparece una explicación específica de la metodología utilizada para determinar esa suma ni una referencia a los honorarios que recibía el anterior director desde febrero.
La remuneración tampoco puede analizarse como un salario convencional. Pérez está vinculada mediante un contrato de prestación de servicios profesionales. Por eso, la comparación con los salarios de funcionarios públicos debe hacerse con cautela, aunque el monto sí puede compararse con los honorarios de quienes ocuparon anteriormente la Dirección Ejecutiva.
El Comité justificó la escogencia de Pérez principalmente en su experiencia profesional. La nueva directora es abogada, especialista en Derecho de los Negocios y tiene un MBA. FENOGE señala que acumula 28 años de experiencia en procesos gerenciales y jurídicos, con trayectoria en energía, gas, hidrocarburos, infraestructura, transporte y contratación.
Su recorrido profesional incluye empresas como XM, Isagén e Internexa, además de experiencia en infraestructura y transporte. La Universidad Externado también la identifica como socia fundadora de Presencia Legal y Regulatoria y como consultora del Banco Mundial en asuntos de energía e infraestructura.
Pérez también tiene experiencia como árbitro, conciliadora y amigable componedora en asuntos relacionados con contratación, energía, infraestructura y gobierno corporativo. Su perfil académico y profesional muestra, por tanto, una especialización directamente relacionada con las funciones que debe desarrollar el FENOGE.
Pero su llegada al cargo no representa su primer vínculo con el Ministerio de Minas y Energía. Pérez ya había trabajado como asesora jurídica en el sector minero-energético y había participado en asuntos relacionados con FENOGE durante la administración anterior. Ese antecedente es relevante para reconstruir su trayectoria, aunque por sí mismo no constituye una irregularidad.
La relación con la actual ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, tiene además un antecedente profesional. Pérez y Arboleda coincidieron en XM, donde desarrollaron parte de sus respectivas carreras antes de que Arboleda asumiera la dirección del Ministerio. La información disponible acredita el vínculo laboral, pero no permite afirmar que existiera entre ellas una relación de subordinación directa.
Esa relación adquirió relevancia cuando Arboleda llegó al Ministerio. El 13 de agosto, un día antes de la elección de Pérez como directora del FENOGE, el Ministerio anunció que la abogada había sido designada para revisar el estado del Fondo y elaborar un informe que permitiera establecer una hoja de ruta.
Al día siguiente, el 14 de agosto, el Comité Directivo se reunió de manera extraordinaria y eligió a Pérez como directora ejecutiva. La sesión fue presidida por Arboleda, quien presentó la candidatura. La designación y las condiciones económicas fueron aprobadas por unanimidad.
La secuencia —encargo para revisar el estado del Fondo, seguido de la elección como directora— constituye uno de los elementos que ameritan explicación pública sobre el proceso de selección. No demuestra por sí misma favoritismo o una infracción, pero permite formular preguntas sobre los criterios, alternativas consideradas y metodología utilizada para escoger a la nueva directora.
La decisión se produjo además después de una crisis institucional en el FENOGE. El anterior director, Brayan Giraldo, fue suspendido por la Procuraduría en medio de una investigación relacionada con un proceso de contratación por cerca de $166.000 millones para instalar paneles solares en áreas urbanas. Posteriormente, ese contrato fue cancelado.
El Ministerio de Minas ha defendido la remuneración argumentando que el Fondo requiere una persona “altamente calificada” para administrar sus recursos con eficiencia y responsabilidad. La cartera también afirma que su compromiso con la austeridad se expresa en la revisión de contrataciones por más de $407.000 millones y en la suspensión de negocios del FENOGE por más de $216.000 millones.
El cuestionamiento, por tanto, no se reduce a si Pérez tiene las credenciales profesionales para ocupar el cargo. La discusión está en la relación entre esas credenciales y el monto fijado, la ausencia de una explicación detallada en el acta sobre el cálculo de los honorarios, la excepción frente al tope interno y la decisión de aumentar la remuneración en momentos en que otras áreas del Fondo reducen o terminan contratos.
El caso deja así tres asuntos que deberán ser aclarados con documentos: cuál fue la metodología para establecer los $52 millones más IVA; qué criterios se utilizaron para seleccionar a Pérez frente a otros candidatos; y cómo se concilia esta remuneración con la política general de austeridad. La trayectoria de la nueva directora y su relación profesional previa con la ministra son hechos verificables, pero no constituyen, por sí mismos, evidencia de una actuación irregular.
