El Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere convertir la atracción de inversión extranjera en otra pieza de su proyecto político. El Decreto 1373 de 2026 le asignó al vicepresidente José Manuel Restrepo, entre varias responsabilidades económicas, la realización de las llamadas “Semanas de Inversión” o “Semanas Milagro” en distintas regiones del mundo.
La iniciativa puede presentarse como una estrategia para buscar capital, abrir mercados y acelerar proyectos considerados estratégicos para Colombia. Pero también abre una pregunta incómoda para una administración que ha hecho de la austeridad y de la reducción del Estado una de sus banderas: ¿qué justifica crear esta nueva plataforma cuando Colombia ya tiene entidades dedicadas precisamente a atraer inversión?
La primera institución que aparece en esa discusión es ProColombia. La entidad tiene entre sus tareas la promoción de Colombia como destino de inversión extranjera y el acompañamiento a los empresarios interesados en establecerse en el país. Durante años ha organizado cumbres de inversión, ruedas de negocios y misiones con inversionistas internacionales.
A esa estructura se suma el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, responsable de buena parte de la política comercial y de inversión, y la Cancillería, que dispone de una red diplomática en el exterior que puede servir para identificar oportunidades, establecer contactos y respaldar las agendas económicas del país.
Por eso, el interrogante no es si Colombia necesita atraer inversión. Evidentemente la necesita. El punto es por qué se requiere una estrategia denominada “Semanas Milagro”, bajo la coordinación política del vicepresidente, para realizar una actividad que ya forma parte de las funciones de varias instituciones estatales.
El Gobierno podría responder que Restrepo no reemplazará a ProColombia ni al Ministerio de Comercio, sino que coordinará esfuerzos y llevará el respaldo político de la Presidencia a proyectos considerados estratégicos. Esa explicación sería razonable si las nuevas funciones efectivamente consiguen destrabar inversiones que la estructura existente no podía materializar.
Pero para demostrarlo habrá que conocer los resultados. El decreto establece la realización de las “Semanas Milagro”, pero la información pública disponible todavía no permite establecer con precisión cuántas se realizarán, qué países serán visitados, qué funcionarios participarán, cuáles serán los proyectos presentados ni cuál será el presupuesto específico de cada jornada.
Ese vacío adquiere importancia cuando se observa el discurso económico del Gobierno. La administración ha anunciado medidas para reducir gastos, eliminar contratos considerados innecesarios y hacer más eficiente el aparato estatal. En ese contexto, cualquier nueva misión internacional debería estar acompañada de una explicación detallada sobre sus costos y beneficios.
No se trata simplemente de preguntar cuánto vale un tiquete de avión. Una misión internacional puede ser costosa y resultar rentable si consigue una inversión significativa. El problema aparece cuando el Gobierno contabiliza como éxito una agenda de reuniones, una fotografía con empresarios o un anuncio de intención sin que posteriormente exista una inversión efectiva.
Por eso, la primera exigencia de transparencia debería ser establecer una metodología para medir el resultado de cada “Semana Milagro”. El Gobierno debería diferenciar entre contactos, reuniones, cartas de intención, compromisos anunciados, contratos firmados, capital desembolsado e inversiones realmente ejecutadas.
El antecedente político más evidente está en el Gobierno de Gustavo Petro. En 2023, la entonces vicepresidenta Francia Márquez realizó una gira por Sudáfrica, Kenia y Etiopía que generó fuertes críticas por sus costos y por el tamaño de la delegación. La Vicepresidencia defendió el viaje argumentando que buscaba fortalecer las relaciones de Colombia con África y abrir oportunidades diplomáticas, comerciales, económicas y culturales.
La comparación no significa que ambas iniciativas sean iguales. Una gira diplomática y una misión destinada específicamente a captar inversión tienen objetivos distintos. Pero el antecedente sí permite formular una pregunta sobre la consistencia del discurso: ¿el Gobierno de De la Espriella aplicará a sus propias misiones internacionales el mismo escrutinio sobre costos y resultados que sus dirigentes aplicaron a los viajes de la administración anterior?
La diferencia entre ambos discursos debería poder demostrarse con cifras. Si las “Semanas Milagro” cuestan recursos públicos, el Gobierno tendrá que demostrar cuánto capital consiguieron. Si participan ProColombia, MinComercio y Cancillería, deberá explicar qué aporta adicionalmente la Vicepresidencia. Y si las misiones consiguen grandes inversiones, tendrá que demostrar que esas operaciones efectivamente se concretaron.
También habrá que conocer quién pagará la operación. Una cosa es que la Vicepresidencia coordine una agenda internacional y otra que su presupuesto asuma viajes, alojamiento, seguridad, logística, alquiler de espacios, eventos y desplazamientos de delegaciones. La información debería permitir reconstruir el costo completo de cada misión, independientemente de la entidad que lo pague.
La selección de los participantes será otro punto de vigilancia. Si las “Semanas Milagro” reúnen a inversionistas, bancos, fondos y empresarios, será necesario conocer los criterios utilizados para invitarlos. La transparencia resulta especialmente relevante si algunas empresas terminan obteniendo acceso privilegiado a funcionarios responsables de proyectos estratégicos o de decisiones regulatorias.
También deberá establecerse qué sectores serán promovidos. Minería, hidrocarburos, infraestructura, energía, agroindustria, tecnología y turismo podrían competir por espacio en esas agendas. La selección de proyectos debería responder a criterios públicos y no únicamente a decisiones políticas o a la capacidad de determinados actores económicos para acceder a la Vicepresidencia.
El asunto adquiere una dimensión institucional cuando se observa la amplitud de las nuevas responsabilidades de Restrepo. Las “Semanas Milagro” están incluidas dentro de un conjunto más amplio de funciones relacionadas con inversión, competitividad, crecimiento, recursos estratégicos y transformación del Estado. La pregunta es si la Vicepresidencia está asumiendo un nuevo papel como una especie de articulador económico del Gobierno.
Si ese es el propósito, también debería quedar claro dónde terminan las competencias de Restrepo y dónde empiezan las de los ministros y agencias existentes. Una estructura estatal eficiente no necesariamente es la que tiene menos funcionarios, sino la que evita que diferentes organismos hagan lo mismo sin una responsabilidad claramente definida.
Hay además un componente de comunicación política que difícilmente puede ignorarse. “Semanas Milagro” no es una denominación neutra. Forma parte de una familia de conceptos utilizada por el Gobierno, entre ellos “Patria Milagro” y “Fondo Milagro”. La palabra empieza a aparecer no solamente en el discurso presidencial, sino también en iniciativas formalizadas por la administración.
Esto plantea una pregunta distinta a la presupuestal: ¿hasta dónde una marca política del Gobierno está siendo incorporada a la administración pública? Si “Milagro” se convierte en el nombre de programas, fondos, estrategias y misiones oficiales, será pertinente determinar si se trata de una simple herramienta de comunicación gubernamental o de una política deliberada de construcción de identidad alrededor de la administración de turno.
El riesgo de esa estrategia no está necesariamente en utilizar una marca. Está en que la marca termine sustituyendo la evaluación de las políticas. Una “Semana Milagro” no será exitosa porque reúna a grandes empresarios ni porque produzca anuncios millonarios: lo será si las inversiones prometidas llegan efectivamente al país y producen los resultados anunciados.
Por eso, las “Semanas Milagro” tendrán una prueba particularmente exigente. El Gobierno que cuestionó el tamaño y el costo de determinadas estructuras estatales tendrá que demostrar que esta nueva estrategia no constituye una capa adicional sobre una institucionalidad que ya existe. Y el Gobierno que promete austeridad tendrá que demostrar que sus viajes internacionales no se justifican por la importancia de quienes participan, sino por los resultados que producen.
La pregunta central, entonces, no es si Colombia debe salir al mundo a buscar inversión. Es si necesita una nueva estructura política para hacerlo, cuánto costará y qué obtendrá a cambio. Las respuestas determinarán si las “Semanas Milagro” terminan siendo una herramienta efectiva de promoción económica o una nueva expresión de la marca política del Gobierno financiada con recursos públicos.
