El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en el desmonte de los mecanismos de diálogo heredados de la política de Paz Total, en cumplimiento de una de sus principales promesas de campaña: terminar las conversaciones con grupos armados, salvo cuando existiera una voluntad expresa y comprobada de desmovilización. En esta ocasión fueron desmontados los diálogos con el EGC.
Por eso, la decisión de cerrar o desmontar los espacios de interlocución no puede analizarse simplemente como un incumplimiento de las promesas electorales. Por el contrario, el Ejecutivo está aplicando una política que había anunciado antes de llegar a la Casa de Nariño. El interrogante ahora es cómo funcionará la excepción que también prometió.
El caso del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, conocido durante años como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, resulta especialmente relevante porque el Gobierno anterior había establecido con esa organización un mecanismo diferente a una negociación política tradicional: un espacio de conversación de carácter sociojurídico.
La naturaleza de ese mecanismo es importante. El objetivo no era negociar un programa político ni reconocer al EGC como una organización insurgente con una agenda de transformación del Estado, sino explorar una eventual ruta de tránsito hacia la legalidad y establecer condiciones para un posible sometimiento colectivo.
Durante el Gobierno anterior se avanzó incluso en mecanismos territoriales asociados al proceso. Entre los compromisos se contempló el ingreso de integrantes del EGC a Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó.
La existencia de esas zonas introduce una dimensión que va más allá de una mesa de conversación. Una ZUT supone una herramienta para ordenar territorialmente un eventual proceso de tránsito a la legalidad y permitir al Estado verificar quiénes ingresan, bajo qué condiciones y qué compromisos adquieren.
Por eso, el desmonte de la interlocución plantea una pregunta concreta sobre el futuro de esas zonas: ¿qué ocurrirá con el planteamiento de las ZUT si el Gobierno ya no reconoce la interlocución que debía conducir el proceso?
La respuesta es relevante porque cerrar una mesa no elimina automáticamente la existencia de una organización armada ni resuelve qué hacer con quienes quieran abandonar las armas. El Gobierno debe definir si las ZUT quedan descartadas, si serán reemplazadas por otro mecanismo o si podrían ser utilizadas bajo nuevas condiciones jurídicas.
Esta discusión adquiere especial importancia porque la política de De la Espriella no fue presentada durante la campaña como una negativa absoluta a cualquier desmovilización. La condición anunciada era diferente: no habría negociaciones abiertas como las desarrolladas durante la Paz Total, pero sí existiría una puerta para quienes demostraran de manera expresa y verificable que querían abandonar las armas.
El problema está en determinar qué significa exactamente una voluntad “expresa y comprobada”. Una declaración pública de un comandante no necesariamente demuestra que toda una estructura esté dispuesta a desmovilizarse. Tampoco lo hace un comunicado o una solicitud de diálogo si no está acompañada de hechos verificables.
El Gobierno podría exigir, por ejemplo, cese de actividades criminales, identificación de integrantes, entrega de armas, abandono de economías ilícitas, protección de menores y cumplimiento de condiciones jurídicas. Pero hasta ahora el debate público no ha establecido con suficiente precisión cuáles serán los criterios que utilizará el Ejecutivo para determinar que una organización cruzó ese umbral.
Ese punto será decisivo para evaluar el caso del EGC. Si el Gobierno considera que las señales ofrecidas por esa organización no constituyen una voluntad real de desmovilización, tendrá argumentos para aplicar su política de cierre de diálogos. Pero si existían compromisos verificables orientados a una eventual concentración y desarme, tendrá que explicar por qué esos avances no fueron suficientes.
La diferencia entre ambas posibilidades es sustancial. En el primer escenario, el Gobierno estaría diciendo que el mecanismo sociojurídico no produjo las condiciones necesarias para una salida colectiva y que corresponde regresar a una estrategia de seguridad y sometimiento bajo las reglas que establezca el Estado.
En el segundo, surgiría una pregunta más incómoda: si una organización había avanzado hacia un mecanismo de ubicación y eventual transición, ¿por qué desmontar la interlocución antes de establecer una nueva ruta que permita aprovechar esos avances?
No se trata de defender automáticamente el modelo de Paz Total. Ese modelo recibió críticas precisamente por la prolongación de los ceses, la falta de resultados verificables en algunos territorios y el fortalecimiento territorial que diferentes grupos armados alcanzaron durante el periodo de conversaciones.
El Gobierno de De la Espriella puede argumentar, por tanto, que las condiciones cambiaron porque la estrategia anterior no consiguió los resultados esperados y que la prioridad ahora es recuperar el control territorial. Su apuesta consiste en que la presión militar y judicial genere incentivos para que los integrantes de las organizaciones armadas opten posteriormente por someterse a la justicia.
Pero esa estrategia también necesita una arquitectura jurídica y operativa. Si el Gobierno no quiere negociar con estructuras armadas, pero sí acepta desmovilizaciones colectivas, debe existir una autoridad, un procedimiento y unas condiciones previamente definidas para recibir a quienes decidan abandonar las armas.
De lo contrario, la política corre el riesgo de quedar reducida a una fórmula de confrontación sin una ruta suficientemente clara para la salida de los combatientes. Y precisamente la existencia de una alternativa de desmovilización es lo que diferencia la promesa de campaña de una política basada exclusivamente en la ofensiva militar.
El caso del EGC también permitirá medir la consistencia del nuevo Gobierno frente a su propia definición de “voluntad comprobada”. Si las exigencias son públicas, objetivas y aplicadas de la misma manera a todas las organizaciones, el Ejecutivo podrá justificar el cierre de los mecanismos que no cumplan esos requisitos.
Pero si los criterios permanecen ambiguos, cualquier decisión sobre qué grupo merece una oportunidad de sometimiento y cuál debe enfrentar exclusivamente la acción militar quedará expuesta a cuestionamientos políticos y jurídicos.
Las ZUT serán, en ese sentido, uno de los asuntos que deberán seguirse con atención. El Gobierno tendrá que aclarar qué sucederá con las zonas previstas para el EGC, qué compromisos se habían adquirido alrededor de ellas y si existe una alternativa para mantener la posibilidad de verificar una eventual desmovilización colectiva.
La discusión también tiene una dimensión territorial. Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá no son escenarios abstractos: son territorios donde la presencia y el control de estructuras armadas tienen efectos directos sobre comunidades, economías locales y seguridad. Cualquier cambio en la estrategia de negociación o sometimiento tendrá consecuencias sobre esos territorios que deberán ser evaluadas.
El Gobierno tiene ahora la oportunidad de demostrar que su política no consiste simplemente en cerrar las mesas de la Paz Total, sino en reemplazarlas por un mecanismo claro: confrontación contra quienes continúen armados y una ruta verificable para quienes efectivamente decidan desmovilizarse.
La pregunta central, por tanto, no es si De la Espriella debía cumplir su promesa de acabar los diálogos. Eso estaba anunciado desde la campaña. La verdadera prueba será otra: si alguien demuestra una voluntad expresa y comprobada de dejar las armas, ¿qué puerta encontrará abierta y bajo qué condiciones?
En el caso del Ejército Gaitanista de Colombia, esa respuesta determinará qué queda de los compromisos construidos durante el anterior Gobierno, qué ocurrirá con el planteamiento de las ZUT de Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá y, sobre todo, si la nueva política de seguridad tiene una ruta concreta para transformar una eventual voluntad de desmovilización en un proceso efectivo de abandono de las armas.
