El 7 de septiembre de 2026, fuerzas estadounidenses interceptaron y hundieron en el Pacífico Oriental al atunero ecuatoriano Montecristi, en una operación que Washington presentó como parte de su ofensiva contra las redes marítimas de narcotráfico vinculadas con la organización ecuatoriana Los Choneros. El caso generó preocupación entre las familias de los pescadores y abrió interrogantes sobre la evidencia utilizada para justificar la destrucción de la embarcación.
La operación fue ejecutada por fuerzas de la Joint Task Force Western Hemisphere, bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos. Según la versión oficial estadounidense, la embarcación funcionaba como una estación flotante de reabastecimiento que apoyaba operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental.
El comunicado de SOUTHCOM sostuvo además que información de inteligencia había confirmado la participación del buque con Los Choneros, organización que Estados Unidos identifica como una estructura narcoterrorista. Washington no publicó, sin embargo, los elementos de inteligencia que sustentaron esa conclusión.
Antes de hundir el barco, los militares estadounidenses abordaron la embarcación y retiraron a las personas que se encontraban a bordo. El comunicado de SOUTHCOM indicó que, una vez despejado el buque y desembarcada la tripulación, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundirlo.
La identificación del barco como el Montecristi fue difundida ese mismo día por medios ecuatorianos. La embarcación había zarpado del puerto de Manta, en Manabí, el 16 de agosto de 2026, y tenía una capacidad cercana a las 400 toneladas.
El operativo tomó especial relevancia en Manta porque durante la mañana del 7 de septiembre familiares de los tripulantes acudieron a la Capitanía del Puerto para buscar información sobre sus seres queridos. Algunos aseguraron haber perdido comunicación con ellos después de que se produjera el abordaje.
La información inicial hablaba de 23 tripulantes. Los familiares señalaban que eran pescadores manabitas, en su mayoría de Manta, y que la última comunicación se había producido mientras la embarcación se encontraba en el mar.
El contraste entre las primeras horas de incertidumbre y el comunicado estadounidense fue significativo. Mientras los familiares intentaban conocer el paradero de los pescadores, Washington anunciaba que había realizado una operación contra una supuesta plataforma logística del narcotráfico y que los ocupantes serían entregados a las autoridades ecuatorianas.
El Montecristi se convirtió así en el quinto barco destruido en una serie de operaciones anunciadas por Estados Unidos desde finales de agosto contra embarcaciones ecuatorianas. Antes habían sido intervenidos Los Tres Hermanos, Conquista II, OM2 y María Candelaria, según los reportes sobre la campaña.
La explicación estadounidense fue similar en esos casos: las embarcaciones habrían servido como puntos de abastecimiento de combustible para operaciones de narcotráfico marítimo. Washington sostuvo que las naves estaban vinculadas con Los Choneros y que su destrucción buscaba afectar la infraestructura logística utilizada por las organizaciones criminales.
Pero el Montecristi tenía una característica que lo diferenciaba de varios de los barcos intervenidos anteriormente. No se trataba de una pequeña embarcación artesanal, sino de un atunero industrial que formaba parte de una operación pesquera empresarial.
Ese elemento resulta relevante para establecer con precisión las responsabilidades. Que Estados Unidos haya acusado al barco de servir a una estructura criminal no permite concluir, por sí solo, que la empresa propietaria, sus administradores, la marca comercial asociada o todos sus trabajadores conocieran o participaran en esas actividades.
El caso también tiene un antecedente especialmente sensible. En abril de 2025, el mismo Montecristi había sido interceptado por autoridades ecuatorianas con 2,91 toneladas de cocaína a bordo, según la Fiscalía General del Estado. En aquella operación fueron procesadas 22 personas por presunto tráfico de drogas a gran escala.
Ese antecedente proporciona un contexto distinto para analizar la operación del 7 de septiembre. Existe evidencia pública de que el buque había sido utilizado al menos una vez para transportar un cargamento de droga de gran magnitud, aunque ese hecho no demuestra que sus propietarios o toda su tripulación fueran responsables del delito.
La propiedad del Montecristi también conecta el caso con una compañía conocida en la industria atunera ecuatoriana. El barco pertenecía a Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos, INEPACA, empresa relacionada con la producción y comercialización de la marca Van Camp’s en Ecuador.
La conexión empresarial requiere, sin embargo, precisión. No se puede convertir automáticamente la propiedad de un barco por parte de INEPACA en una acusación contra Van Camp’s o contra las empresas relacionadas con la marca. Una cosa es la estructura corporativa que posee una embarcación y otra, completamente diferente, demostrar conocimiento o participación en una actividad criminal.
Precisamente por eso, el antecedente de abril de 2025 vuelve más importante conocer qué medidas adoptó la compañía después del decomiso de cocaína. Una investigación completa debería establecer qué ocurrió con el barco después de aquel procedimiento, quiénes lo administraron, qué controles se implementaron y quiénes tuvieron acceso a sus operaciones.
La operación del 7 de septiembre también plantea una pregunta sobre la naturaleza de la evidencia utilizada por Estados Unidos. SOUTHCOM afirmó que la inteligencia había confirmado la relación del Montecristi con Los Choneros, pero su comunicado no explicó qué información había sido obtenida, durante cuánto tiempo se había seguido al barco ni qué actividades concretas llevaron a clasificarlo como una estación de reabastecimiento.
Tampoco se informó públicamente, en ese primer comunicado, la cantidad de combustible que transportaba la embarcación, las coordenadas exactas de la interdicción o si durante el abordaje se encontró droga. Esa ausencia dificulta evaluar desde fuera la dimensión material de la acusación estadounidense.
La situación de los tripulantes introdujo posteriormente una diferencia importante entre la acusación militar estadounidense y la respuesta judicial ecuatoriana. Tras ser entregados a Ecuador, 22 tripulantes del Montecristi fueron puestos a disposición de las autoridades de ese país.
El 11 de septiembre, una jueza de Galápagos ordenó la libertad de esos 22 tripulantes y de otros seis pertenecientes al barco Don Rufo. La decisión se produjo después de que la jueza determinara que no existían indicios suficientes para iniciar un proceso penal contra ellos.
La decisión judicial no equivale a establecer que la versión estadounidense sobre el Montecristi fuera falsa. Sí significa, en cambio, que la acusación contra la embarcación no se tradujo automáticamente en evidencia suficiente para atribuir responsabilidad penal a los trabajadores que se encontraban a bordo.
La distinción es fundamental porque una operación militar puede sustentarse en información de inteligencia que no necesariamente es presentada como prueba en un proceso penal. En cambio, para procesar judicialmente a una persona concreta se requieren elementos que permitan establecer su responsabilidad individual bajo las reglas del sistema de justicia ecuatoriano.
Ese contraste ya había aparecido en las operaciones contra otros barcos ecuatorianos. Mientras Estados Unidos los presentó como parte de redes logísticas del narcotráfico, la justicia ecuatoriana liberó a algunos de sus tripulantes por falta de elementos suficientes, mientras otros 32 pescadores de distintas embarcaciones quedaron sometidos a procesos por presunta asociación ilícita.
El caso Montecristi también debe analizarse dentro del creciente papel de Estados Unidos en las operaciones de seguridad marítima de Ecuador. Las autoridades estadounidenses han presentado estas acciones como parte de una estrategia para desarticular las rutas y la infraestructura de abastecimiento que permiten el transporte de drogas por el Pacífico Oriental.
Para Ecuador, sin embargo, las operaciones tienen una consecuencia adicional: embarcaciones pertenecientes a sus ciudadanos o empresas están siendo destruidas en alta mar, mientras las familias reciben posteriormente a sus trabajadores y deben enfrentar investigaciones judiciales sobre hechos que, en buena medida, fueron denunciados inicialmente por una potencia extranjera.
El caso también deja abierta la discusión sobre qué ocurrió exactamente durante el abordaje. Los familiares de los tripulantes afirmaron que perdieron comunicación con ellos después de la intervención, mientras el Comando Sur sostuvo que sus fuerzas retiraron a los ocupantes antes de hundir la nave. La reconstrucción completa requeriría conocer los registros de navegación, comunicaciones y la documentación oficial del procedimiento.
La destrucción del Montecristi, además, hizo desaparecer una potencial fuente de evidencia física. Al hundirse la embarcación, cualquier inspección posterior por parte de investigadores ecuatorianos quedó limitada, mientras que Estados Unidos mantuvo bajo su control los elementos que hubiera podido obtener durante el abordaje.
Por eso, una de las principales preguntas que deja el operativo es qué evidencia concreta obtuvo Estados Unidos antes de destruir el barco y qué parte de ella fue entregada a Ecuador. La respuesta permitiría determinar si la acusación de que el Montecristi funcionaba como estación de combustible estaba respaldada por hallazgos físicos, información de inteligencia, interceptaciones de comunicaciones, seguimiento marítimo o una combinación de esos elementos.
El antecedente de las 2,91 toneladas de cocaína encontradas en el mismo buque en 2025 hace que la historia no pueda ser tratada como un episodio aislado. Pero tampoco permite convertir automáticamente a la empresa propietaria o a sus trabajadores en responsables de la actividad criminal atribuida al barco. Esa separación entre hechos comprobados, inteligencia y responsabilidad individual es esencial para evitar conclusiones que la evidencia disponible todavía no permite sostener.
El Montecristi terminó hundido el 7 de septiembre, pero el caso está lejos de cerrarse. La investigación deberá establecer qué ocurrió con la embarcación después del decomiso de 2025, qué información obtuvo Estados Unidos antes de la operación de 2026, qué autorización permitió la interdicción y destrucción y qué conocimiento tenían los responsables de la nave sobre las actividades que Washington atribuye a Los Choneros.
La liberación de sus 22 tripulantes cuatro días después del hundimiento agrega un elemento decisivo al expediente. Mientras Estados Unidos presentó la operación como un golpe contra una infraestructura del narcotráfico, la justicia ecuatoriana concluyó que no había elementos suficientes para procesar penalmente a los trabajadores que estaban a bordo. Esa diferencia no resuelve el caso, pero sí obliga a mirar con mayor detenimiento la distancia entre una acusación de inteligencia y una responsabilidad demostrada ante los tribunales.
El hundimiento del Montecristi deja, finalmente, una historia con tres dimensiones que todavía deben ser separadas: la utilización de una embarcación industrial en actividades presuntamente vinculadas al narcotráfico, la responsabilidad de quienes administraban y operaban el buque y la legalidad y suficiencia de la información que llevó a Estados Unidos a destruirlo. Hasta que esas tres preguntas tengan respuestas documentadas, el episodio seguirá siendo tanto una operación antidrogas como un caso abierto sobre los límites de la acción militar, la prueba judicial y el control de una flota pesquera.
