El presidente Abelardo de la Espriella enfrenta uno de los primeros desafíos para convertir en política de gobierno una de sus principales promesas de campaña: reducir el tamaño del Estado. Para ello, su administración comenzó a revisar la contratación y la estructura de las entidades públicas, en busca de espacios para aplicar el anunciado “tijeretazo”.
Las cifras de Función Pública muestran la dimensión del aparato estatal. En 2026 aparecen registrados 1.422.061 servidores públicos, de los cuales 957.359 pertenecen a la rama Ejecutiva. Más de la mitad del total, según el reporte citado, corresponde a funcionarios cuyo salario está a cargo directamente del Ejecutivo.
Dentro de la rama Ejecutiva, el grupo más numeroso es el personal uniformado, con 417.013 integrantes, seguido por los docentes, con 338.623, y los empleados públicos, con 201.723. La magnitud de estas cifras muestra que una reducción significativa de la nómina no puede limitarse a entidades pequeñas o dependencias administrativas.
El personal uniformado representa aproximadamente el 44 % de los servidores de la rama Ejecutiva, mientras los docentes equivalen al 35 %. Ambos grupos están vinculados principalmente con los ministerios de Defensa y Educación, respectivamente, y concentran buena parte de la estructura laboral del Gobierno nacional.
El número de uniformados también presenta una evolución que puede resultar relevante para el debate sobre el tamaño del Estado. En 2016 había 410.243, una cifra que posteriormente disminuyó hasta 2023, pero que volvió a crecer desde 2024. En 2026 alcanzó 417.013 y superó por primera vez el registro de hace una década.
Otro grupo que registra un cambio importante es el de los trabajadores oficiales. En 2019 había 23.237, pero en 2020 la cifra cayó hasta 16.796. Para 2026 llegó nuevamente a 23.949, el nivel más alto señalado en la serie presentada por Función Pública.
La nómina pública, sin embargo, no está concentrada exclusivamente en el Gobierno nacional. El orden territorial registra 303.952 servidores, mientras que la rama judicial cuenta con 65.829. Los entes autónomos tienen 61.389 y los órganos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, 23.973.
Los números disminuyen considerablemente en otras estructuras del Estado. La organización electoral, que incluye a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, registra 4.332 servidores. La rama legislativa tiene 3.198 y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición registra 2.029.
Ese último dato resulta especialmente relevante por las decisiones que el Gobierno ha planteado alrededor de las instituciones creadas o fortalecidas a partir del Acuerdo de Paz. El universo de servidores que integra ese sistema es reducido frente a los grandes componentes de la administración pública, pero sus entidades tienen un peso político considerable.
De la Espriella prometió durante la campaña reducir el tamaño del Estado y cuestionó el crecimiento de la burocracia. Hasta el momento descrito, ninguna de las grandes medidas anunciadas se había concretado, aunque el presidente ordenó a sus funcionarios revisar la contratación de cada entidad para determinar dónde pueden aplicarse reducciones.
Una de las primeras áreas señaladas es el servicio exterior. El Gobierno plantea cerrar embajadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.
Al mismo tiempo, la administración anunció la reapertura de la embajada de Colombia en Israel, que sería trasladada de Tel Aviv a Jerusalén. El movimiento refleja que el recorte diplomático no responde únicamente a un criterio de reducción uniforme de la presencia internacional, sino también a una redefinición de las prioridades de política exterior.
“Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia”, sostuvo De la Espriella al justificar los cambios. El Gobierno argumenta que Colombia no puede mantener estructuras costosas que, a su juicio, no producen resultados suficientes para el país.
Pero el componente más sensible del rediseño institucional está relacionado con las entidades de paz. El Gobierno ha planteado transformar el despacho del Alto Comisionado para la Paz en una Consejería de Seguridad, modificando de manera sustancial la lógica administrativa con la que ha funcionado esa oficina.
La propuesta también contempla integrar bajo esa nueva estructura la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La iniciativa cambiaría la ubicación política de esas instituciones dentro del Gobierno.
Además, el Ejecutivo ha planteado absorber la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). Ambas tienen funciones directamente relacionadas con la transformación territorial y con los compromisos derivados del proceso de paz con las Farc.
El alcance de la propuesta todavía debe medirse más allá del cambio de nombres o de organigramas. Fusionar entidades no significa necesariamente eliminar sus funciones, reducir automáticamente la nómina o producir un ahorro fiscal equivalente al tamaño de las instituciones absorbidas.
Ese punto resulta central para evaluar la promesa del recorte. Una reorganización administrativa puede reducir cargos directivos y gastos de funcionamiento, pero también puede trasladar funcionarios, contratos y competencias de una entidad a otra. Por eso, el impacto real dependerá de cuántos cargos desaparezcan, cuánto gasto se reduzca y qué funciones permanezcan.
Las cifras de Función Pública ofrecen, además, una referencia para dimensionar el desafío. Los 2.029 servidores del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición representan una proporción pequeña frente a los 417.013 uniformados y los 338.623 docentes. Si el objetivo central es reducir sustancialmente el tamaño del Estado, la discusión necesariamente tendrá que involucrar los grandes componentes de la nómina.
La pregunta política, entonces, no es solamente cuánto Estado pretende recortar De la Espriella, sino qué Estado quiere construir después del recorte. La decisión de reducir embajadas, reorganizar las instituciones de paz y reforzar el componente de seguridad muestra que el ajuste no se limita a una operación contable: también puede convertirse en una herramienta para cambiar las prioridades de la administración pública.
En ese escenario, el Gobierno tendrá que demostrar que su “tijeretazo” produce ahorros verificables y no únicamente una nueva distribución de funcionarios y competencias. Mientras la administración define las entidades que serán fusionadas, cerradas o reducidas, las cifras de Función Pública muestran que el verdadero tamaño del Estado está concentrado en estructuras mucho mayores que aquellas que, hasta ahora, aparecen en el centro del debate.
