Santa Marta entró en una situación de tensión después de una operación de la Fuerza Pública que dejó siete presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) muertos, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y uno de los responsables de las finanzas de la organización.
El operativo ocurrió el lunes 21 de septiembre en el sector de Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta. La acción fue desarrollada por unidades de la Policía, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinación de la Fiscalía.
Según el balance entregado por las autoridades, además de los siete muertos hubo tres capturados y fue incautado un arsenal que incluía diez fusiles, tres lanzagranadas, dos pistolas, granadas y abundante munición. La Policía sostuvo que los hombres abatidos pertenecían a la estructura de seguridad de las ACSN.
Entre los muertos estaba ‘Cholo’, identificado por las autoridades como José Luis Pérez Villanueva. La Policía lo señalaba como segundo cabecilla y financiero de la organización, con una trayectoria criminal de más de 15 años y presuntos vínculos con narcotráfico, extorsión y otras economías ilegales.
La investigación oficial también lo relacionaba con la salida de cargamentos de cocaína hacia Centroamérica mediante lanchas rápidas y semisumergibles. Según la Policía, esas operaciones utilizaban zonas costeras de Santa Marta y de La Guajira.
El operativo adquiere mayor relevancia por el momento en que ocurrió. La muerte de ‘Cholo’ se produjo apenas unas semanas después de otro golpe contra la organización, en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como uno de sus principales cabecillas.
La sucesión de operaciones ha golpeado en poco tiempo distintos niveles de la estructura de las ACSN. ‘Cholo’ era considerado una pieza importante de su aparato de mando y de sus finanzas, mientras ‘Bendito Menor’ había sido identificado como otro de los dirigentes centrales de la organización.
Pero la historia de ‘Cholo’ también conecta la violencia actual con una etapa anterior de la política de seguridad del Estado. En diciembre de 2025 había sido capturado en la Troncal del Caribe, pero posteriormente quedó en libertad debido a la suspensión de órdenes de captura que cobijaba a integrantes de las ACSN en el marco de los acercamientos del Gobierno de Gustavo Petro con esa organización.
De acuerdo con reportes periodísticos, entre los delitos asociados a esas órdenes figuraban homicidio, extorsión, sicariato y concierto para delinquir. La suspensión se mantuvo hasta que la Fiscalía reactivó las órdenes de captura el primero de septiembre de 2026, después del cambio de política del nuevo Gobierno frente a las ACSN.
Así, la muerte de ‘Cholo’ ocurrió pocos días después de que volviera a estar vigente la persecución judicial contra él. La secuencia permite conectar su caída con el desmonte de los mecanismos utilizados durante los acercamientos entre el Estado y las ACSN, aunque no significa que la operación haya sido consecuencia exclusiva de esa decisión.
Después del operativo comenzó a circular un supuesto comunicado de las ACSN anunciando un paro armado de 48 horas. Sin embargo, la autenticidad del documento fue cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos de la Sierra Nevada. La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada advirtió que el panfleto no tendría las características de un comunicado original de la organización.
La duda sobre la autenticidad del documento no evitó sus efectos. Comerciantes, transportadores y habitantes reaccionaron ante el temor de represalias y numerosos establecimientos cerraron sus puertas. En distintos sectores se redujo la movilidad y se suspendieron actividades educativas.
El Espectador reportó calles con poca circulación, cierre de comercios, suspensión de clases, confinamiento de comunidades indígenas y restricciones en el transporte intermunicipal hacia zonas del Magdalena y La Guajira.
La situación escaló con ataques contra vehículos. Reportes de prensa registraron la quema de buses, camiones y otros automotores, además de bloqueos y amenazas dirigidas contra comerciantes y transportadores.
La violencia también alcanzó la Troncal del Caribe, corredor fundamental para la conexión de Santa Marta con el norte del país. Las afectaciones a esa vía tienen una importancia que supera la movilidad urbana porque el corredor comunica a la capital del Magdalena con sectores rurales, otros municipios y La Guajira.
La reacción de las ACSN, atribuida por las autoridades y medios al golpe sufrido con la muerte de ‘Cholo’, mostró además que la organización conserva capacidad para producir efectos sobre la vida cotidiana de Santa Marta incluso después de perder a varios de sus principales dirigentes.
Ese es uno de los elementos centrales del episodio. La operación representó un golpe importante contra la estructura, pero la respuesta posterior mostró que la pérdida de un mando no equivale automáticamente a la desaparición de la capacidad territorial y coercitiva de una organización armada.
Las ACSN tienen presencia histórica en la Sierra Nevada de Santa Marta y en corredores del Magdalena y La Guajira. La Policía las relaciona con actividades de narcotráfico y control de economías ilegales, entre ellas la extorsión.
La importancia de ‘Cholo’ estaba precisamente en esa combinación. No era presentado únicamente como un jefe armado, sino como un integrante con responsabilidades en las finanzas y en la articulación de rutas para el tráfico de drogas.
La Policía sostiene que la organización utilizaba embarcaciones rápidas y semisumergibles para sacar cargamentos hacia Centroamérica. El operativo, por eso, fue presentado por las autoridades como un golpe simultáneo a sus capacidades de mando, armamento, movilidad y financiación.
También existe una dimensión territorial. La operación se produjo en Guachaca, una zona rural donde confluyen comunidades campesinas, indígenas, actividades turísticas y corredores utilizados por estructuras armadas. Las autoridades indígenas expresaron preocupación porque los combates se desarrollaron en un territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Wiwa y Kogui.
El Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira advirtió sobre los riesgos para la población civil y reclamó garantías para la vida, la integridad y la autonomía territorial de las comunidades. Esta dimensión resulta relevante porque las operaciones contra estructuras armadas en la Sierra Nevada ocurren en territorios donde la población civil puede quedar expuesta a las confrontaciones.
Mientras aumentaban las restricciones y los ataques, el Gobierno respondió con un despliegue adicional de la Fuerza Pública. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la presencia militar y policial en Santa Marta y posteriormente anunció la militarización de la ciudad.
El mandatario viajó además a la capital del Magdalena para encabezar las acciones oficiales frente a la situación. El Gobierno presentó la respuesta como una reacción a las amenazas y actos de intimidación atribuidos a las ACSN.
La administración también informó de nuevas capturas relacionadas con la estructura. Según el balance difundido por el Gobierno, tres presuntos integrantes fueron detenidos en Santa Marta y otros dos en Riohacha, mientras continuaban las operaciones contra la organización.
El episodio deja ahora una disputa por el control de la estructura. Tras la muerte de ‘Bendito Menor’ y ‘Cholo’, los reportes ubican a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, como principal jefe y financiador de las ACSN. Su situación después del operativo y el alcance real de la afectación sobre la cadena de mando siguen siendo asuntos que deberán establecer las autoridades.
La muerte de ‘Cholo’ también tiene un antecedente político y judicial que resulta difícil separar de la coyuntura. El mismo hombre que en diciembre de 2025 había sido capturado y liberado en medio de la suspensión de órdenes de captura terminó muerto nueve meses después en una operación de la Fuerza Pública, cuando esas órdenes ya habían sido reactivadas.
La secuencia evidencia el cambio de estrategia del Estado frente a las ACSN: de un periodo de acercamientos y suspensión de órdenes judiciales a una fase de persecución y operaciones contra sus principales dirigentes. La muerte de ‘Cholo’ es uno de los primeros episodios en los que ese cambio tiene una consecuencia directa sobre la estructura armada.
Pero el efecto sobre la seguridad de Santa Marta todavía no puede medirse únicamente por el resultado del operativo. La reacción posterior demuestra que las ACSN conservan capacidad de intimidación y que pueden trasladar rápidamente una disputa por el mando a las calles, las carreteras y la actividad comercial.
Tampoco está claro todavía qué ocurrirá dentro de la organización después de la pérdida de dos de sus principales figuras en pocas semanas. Una recomposición ordenada del mando podría mantener su capacidad operativa; una disputa interna, en cambio, podría generar nuevas confrontaciones o fragmentaciones. Por el momento se desconoce qué escenario terminará imponiéndose.
Lo que sí está establecido es la secuencia que explica la crisis actual: una operación de la Fuerza Pública contra las ACSN, la muerte de siete presuntos integrantes —entre ellos ‘Cholo’—, la amenaza de un paro armado cuya autoría documental fue cuestionada, cierres y restricciones provocados por el temor, ataques contra vehículos y una respuesta estatal basada en el refuerzo militar y policial.
El caso de ‘Cholo’ deja además una pregunta sobre los efectos de las distintas estrategias de seguridad aplicadas en la región. Su captura, liberación durante los acercamientos con las ACSN, posterior reactivación de la orden de captura y muerte en una operación militar forman parte de una misma cadena de acontecimientos que ahora tiene consecuencias para una ciudad que quedó atrapada entre el golpe contra la organización y su reacción.
Santa Marta enfrenta así una situación en la que el Estado logró golpear el mando de una estructura criminal, pero inmediatamente tuvo que desplegar más fuerza para contener la respuesta. El resultado final no dependerá solamente de cuántos integrantes de las ACSN sean capturados o muertos, sino de si las autoridades consiguen recuperar el control efectivo de los territorios y corredores donde la organización ha construido durante años sus fuentes de financiación y capacidad de intimidación.
