La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, volvió a cuestionar las condiciones laborales de las jugadoras que participan en la Liga Femenina BetPlay y puso el foco en una figura contemplada expresamente por el reglamento de la competencia: las futbolistas inscritas como aficionadas.
La denuncia conocida en septiembre de 2026 señala que algunos clubes estarían registrando jugadoras sin contrato laboral para participar en el torneo. Según Acolfutpro, esta situación las dejaría en una posición distinta frente a sus compañeras que sí tienen un vínculo laboral formal.
El punto de partida de la controversia está en el Reglamento de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026. El documento establece que cada club puede inscribir entre 15 y 25 jugadoras profesionales vinculadas mediante contrato laboral.
El mismo artículo permite que los equipos registren hasta 10 jugadoras aficionadas durante el periodo oficial de inscripción. El reglamento también contempla la posibilidad de solicitar autorización para futbolistas aficionadas que estén a prueba y participen con el mismo club en competencias juveniles organizadas por Difútbol o avaladas por una liga departamental.
La existencia de esa categoría no constituye, por sí misma, una denuncia de irregularidad. El cuestionamiento de Acolfutpro se concentra en el hecho de que futbolistas inscritas bajo esa condición puedan participar en una competencia profesional y desempeñar funciones deportivas similares a las de las jugadoras contratadas.
Para la organización sindical, la diferencia adquiere especial relevancia cuando una futbolista sufre una lesión. Acolfutpro sostiene que algunas jugadoras registradas como aficionadas han sufrido lesiones de consideración y afrontan su recuperación sin las mismas garantías de seguridad social y protección frente a riesgos laborales que tendría una trabajadora vinculada mediante contrato.
La organización no identificó públicamente, en el pronunciamiento divulgado, a las jugadoras afectadas, los clubes correspondientes ni los diagnósticos médicos. Por ello, esas situaciones particulares deben entenderse como denuncias de Acolfutpro y no como hechos individualmente verificados.
El problema que plantea la agremiación tiene una dimensión que va más allá de la inscripción administrativa. Una lesión sufrida durante entrenamientos o partidos puede generar tratamientos médicos, rehabilitación, incapacidades y periodos prolongados sin posibilidad de competir.
En el caso de una futbolista con contrato laboral, esas circunstancias están relacionadas con las obligaciones derivadas de la relación de trabajo y con el sistema de seguridad social y de riesgos laborales. En cambio, la situación de una jugadora registrada como aficionada depende de la naturaleza real de su vínculo con el club y de las coberturas que efectivamente tenga.
Por esa razón, una de las preguntas centrales de la controversia es qué ocurre cuando una futbolista catalogada como aficionada entrena regularmente con un equipo profesional, recibe instrucciones de su cuerpo técnico, disputa partidos oficiales y resulta lesionada durante esas actividades.
La discusión también involucra la diferencia entre la denominación utilizada para la inscripción deportiva y la relación que efectivamente existe entre la jugadora y el club. La existencia de una categoría reglamentaria no determina por sí sola todas las consecuencias laborales de cada caso.
Acolfutpro sostiene que no debería existir esa diferencia dentro de una misma competencia y reclama que todas las futbolistas de la Liga Femenina tengan contrato laboral y las garantías correspondientes. La organización ha descrito la situación como una forma de discriminación dentro del fútbol femenino.
La controversia no es nueva. En abril de 2026, Acolfutpro ya había cuestionado públicamente el reglamento de la temporada y advertido que más de un centenar de futbolistas podrían competir sin contrato laboral y seguridad social, de acuerdo con reportes periodísticos que recogieron la posición de la organización.
El propio informe de Acolfutpro sobre la Liga Femenina 2025 muestra que la contratación no había sido uniforme entre los clubes. Según ese documento, el 56 % de los clubes participantes formalizó contratos con la totalidad de sus futbolistas, mientras cinco equipos se limitaron al mínimo reglamentario de 15 contratos.
Ese informe también registró problemas laborales durante la temporada 2025. Acolfutpro señaló retrasos en pagos y cuestionó prácticas relacionadas con la duración de los contratos y la continuidad laboral de las jugadoras. Se trata, sin embargo, de conclusiones de la propia organización sindical, no de una auditoría independiente de todos los clubes.
La discusión llega además en un momento en que la profesionalización del fútbol femenino colombiano continúa enfrentando problemas relacionados con contratación, salarios y estabilidad. En 2025, Acolfutpro y FIFPro destacaron avances en la duración de los contratos, pero también señalaron que no se había conseguido elevar a más de 15 el número mínimo de jugadoras contratadas por club.
Otro caso reciente muestra que las condiciones laborales siguen siendo un asunto abierto. En agosto, Acolfutpro pidió al Ministerio del Deporte suspender el reconocimiento deportivo del Deportivo Pasto por presuntos incumplimientos salariales con su plantel femenino y por obligaciones pendientes con exjugadoras. Ese episodio corresponde a un conflicto diferente y no debe confundirse con la denuncia sobre las futbolistas aficionadas.
La controversia plantea también interrogantes para la Dimayor y los clubes sobre el alcance práctico de la categoría de aficionadas. Una cuestión relevante es determinar cuántas de las jugadoras registradas bajo esa condición llegan efectivamente a disputar partidos oficiales y bajo qué condiciones entrenan y compiten.
Otra pregunta es qué cobertura reciben esas futbolistas frente a accidentes deportivos, quién asume los costos de tratamiento y rehabilitación y qué ocurre durante una eventual incapacidad. La respuesta podría variar dependiendo de la relación contractual concreta de cada jugadora y de las coberturas que tenga.
Por ahora, el reglamento de la Liga Femenina 2026 mantiene la posibilidad de registrar hasta 10 aficionadas por club, mientras Acolfutpro reclama que todas las futbolistas que participan en la competencia tengan un vínculo laboral y garantías equivalentes.
El fondo de la discusión está, así, en determinar hasta dónde puede extenderse una categoría deportiva de inscripción cuando las jugadoras participan de manera habitual en una competencia profesional. Las lesiones son el punto más sensible de esa discusión porque hacen visibles las diferencias entre tener un contrato laboral y competir bajo una condición distinta.
