El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a Alejandro Ordóñez como próximo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), un nombramiento que recupera para la diplomacia a una de las figuras más reconocibles del conservatismo colombiano. La designación fue anunciada el 4 de agosto, a pocos días de la posesión del nuevo Gobierno.
El nombramiento tiene una particularidad: Ordóñez no llega por primera vez a la representación colombiana ante el organismo interamericano. Durante el Gobierno de Iván Duque ocupó el mismo cargo entre 2018 y 2022, como representante permanente de Colombia ante la OEA. Incluso existen registros oficiales de intervenciones suyas ante la Asamblea General de la organización durante ese periodo.
Antes de llegar a Washington, Ordóñez había construido una extensa trayectoria en el sector público. Fue magistrado y presidente del Consejo de Estado y posteriormente procurador general de la Nación, cargo que ejerció entre 2009 y 2016. Desde la Procuraduría adquirió una enorme exposición política por sus posiciones conservadoras y por varias controversias que marcaron su gestión.
Su paso por la Procuraduría también estuvo relacionado con una de las confrontaciones políticas más fuertes de la década pasada: la destitución de Gustavo Petro cuando este era alcalde de Bogotá. Aunque posteriormente las decisiones judiciales modificaron los efectos de aquel episodio, el enfrentamiento contribuyó a convertir a Ordóñez en una figura de referencia para sectores conservadores y en un adversario político del hoy presidente saliente.
Su perfil ideológico es otro elemento relevante para entender el nombramiento. Ordóñez ha defendido posiciones conservadoras en asuntos como aborto, eutanasia y matrimonio entre personas del mismo sexo, además de mantener una marcada identificación con valores religiosos. Su regreso a un cargo diplomático de alto nivel se produce, por tanto, en un Gobierno que también ha comenzado a mostrar una fuerte impronta conservadora y religiosa.
La trayectoria de Ordóñez, además, no ha estado exenta de cuestionamientos. Su segunda elección como procurador fue anulada por el Consejo de Estado en 2016, en un proceso relacionado con irregularidades en su elección. Ese antecedente forma parte de las críticas que seguramente acompañarán su regreso a la escena pública y que deberán ser contrastadas con su desempeño en el nuevo cargo.
El nombramiento también genera un contraste con una de las principales promesas narrativas de De la Espriella: “los nunca”. Durante la campaña, el entonces candidato se presentó como parte de una generación ajena a las estructuras tradicionales de poder y planteó una confrontación entre “los nunca” y “los de siempre”. Esa idea buscaba representar una ruptura con las élites políticas y con las prácticas que, según su discurso, habían llevado al país a la situación actual.
Ordóñez difícilmente puede ser considerado un “outsider” de la política o de la administración pública. Ha ocupado durante años algunos de los cargos más importantes del Estado y ya fue embajador ante la misma organización a la que ahora regresará. Por eso, su designación alimenta la crítica de que el Gobierno de los “nunca” comienza a recurrir precisamente a figuras con una larga trayectoria en las instituciones que De la Espriella prometió renovar.
La defensa del nombramiento puede plantearse, sin embargo, desde otra perspectiva. El concepto de “los nunca” no necesariamente tendría que significar personas que jamás hayan ocupado un cargo público, sino funcionarios que, bajo la definición política de De la Espriella, no hayan participado de las prácticas que él atribuye a “los de siempre”. Bajo esa interpretación, la experiencia previa de Ordóñez no sería por sí misma incompatible con el discurso presidencial.
El segundo contraste es todavía más llamativo: la posición que De la Espriella sostuvo durante la campaña sobre la propia OEA. En una entrevista de junio, el entonces candidato no descartó retirar a Colombia de la organización y de la ONU. Argumentó que estos organismos producían pocos resultados y beneficios para el país y calificó a la OEA como un “directorio político de la izquierda”.
Aquella declaración no fue una promesa inequívoca de salida inmediata. De la Espriella habló de “revisar” la permanencia de Colombia, en el marco de su propuesta de reducir gastos y simplificar el Estado. Pero sí dejó claro que su eventual Gobierno tendría una posición crítica frente al sistema multilateral y que consideraba cuestionable la relación costo-beneficio de pertenecer a organismos como la OEA.
Por eso, la llegada de Ordóñez a Washington plantea una pregunta sobre el rumbo de la política exterior del nuevo Gobierno. Si Colombia continúa en la OEA y mantiene allí una representación diplomática de alto nivel, De la Espriella tendrá que explicar cómo se concilia esa decisión con el cuestionamiento que formuló durante la campaña. Una cosa es revisar la pertenencia y otra muy distinta es abandonar el organismo.
También existe una lectura estratégica. Precisamente porque Ordóñez conoce la organización y ya ejerció como representante permanente, el Gobierno podría estar privilegiando experiencia y confianza política para una misión que considera importante. En ese escenario, la designación no significaría necesariamente un giro hacia la defensa irrestricta de la OEA, sino la elección de un funcionario con un perfil ideológico cercano al presidente para representar a Colombia dentro de un organismo que el nuevo Gobierno quiere transformar o cuestionar desde su interior.
El caso de Ordóñez muestra así una tensión que empieza a repetirse en la conformación del nuevo Gobierno: la diferencia entre la promesa de ruptura y la necesidad de gobernar con personas que ya conocen el Estado. La experiencia puede ser una ventaja para administrar instituciones complejas, pero también puede debilitar la narrativa de renovación cuando los nombramientos recaen en figuras ampliamente identificadas con la política tradicional.
La prueba definitiva estará en el ejercicio del cargo. En la OEA, Ordóñez deberá representar oficialmente los intereses de Colombia ante un sistema que aborda democracia, derechos humanos, seguridad y cooperación regional. Al mismo tiempo, el Gobierno de De la Espriella tendrá que definir si mantiene su discurso crítico hacia el organismo, si impulsa una relación más pragmática o si finalmente reconsidera su propuesta de revisar la permanencia de Colombia. El nombramiento, en ese sentido, no solo devuelve a Ordóñez a Washington: obliga al presidente electo a comenzar a explicar cómo encajan “los nunca” y su promesa de ruptura con las decisiones concretas de su Gobierno.
