El asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, mayor retirado de la Policía y exsecretario de Gobierno de Cúcuta, se registró hoy, en un sector del Anillo Vial Occidental de la capital de Norte de Santander. Castellanos se movilizaba en una camioneta blindada y se dirigía a su vivienda. En el trayecto habría parado cerca de una estación de gasolina, donde ocurrió el ataque.
George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Norte de Santander, explicó que, al parecer, la camioneta recibió un golpe y Castellanos descendió para revisar lo sucedido y hablar con una persona que se movilizaba en una motocicleta. Según esa versión inicial, el motociclista habría disparado contra el exfuncionario
Las circunstancias exactas del homicidio deberán establecerse mediante las investigaciones judiciales. Por ahora, la información divulgada por las autoridades corresponde a los primeros reportes sobre la secuencia del ataque y no permite establecer quién lo ordenó ni cuál habría sido el motivo.
Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que Castellanos contaba con un esquema de seguridad, aunque no lo tenía consigo en el momento de los hechos, según explicó Quintero. El funcionario departamental no precisó en ese reporte por qué el exsecretario se encontraba sin esa protección cuando fue atacado
El homicidio también tuvo una circunstancia especialmente dolorosa: uno de los hijos de Castellanos, menor de edad, habría presenciado el asesinato de su padre. Así lo indicó Quintero en declaraciones a Caracol Radio
Recompensa de hasta 100 millones de pesos
Tras conocerse el crimen, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables
Las autoridades informaron que adelantaban los actos urgentes para esclarecer el homicidio. Entre las primeras tareas de los investigadores están reconstruir los movimientos de la víctima, establecer cómo se produjo el encuentro con el agresor y recopilar elementos materiales probatorios que permitan identificarlo.
La revisión de cámaras de seguridad del sector, los testimonios de posibles testigos y el análisis de los elementos recogidos en el lugar podrían contribuir a determinar la secuencia de los hechos. Sin embargo, no se han divulgado públicamente resultados que permitan atribuir el asesinato a una persona o grupo específico.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander señaló que las autoridades también están revisando los antecedentes relacionados con la seguridad de la familia Castellanos, en particular el atentado que sufrió meses atrás el equipo de protección del senador Jairo Castellanos en Arauca
Esa revisión abre una línea de interés para los investigadores, pero no significa que exista una conexión probada entre los dos episodios violentos. Para establecerla será necesario conocer los resultados de las pesquisas, las posibles amenazas recibidas y cualquier evidencia que permita determinar si los ataques obedecieron a un mismo motivo.
Los señalamientos que rodearon su paso por la Alcaldía
Miguel Armando Castellanos se desempeñó como secretario de Gobierno de Cúcuta hasta comienzos de 2026. Durante su gestión, la administración municipal destacó actuaciones relacionadas con la recuperación del espacio público, la intervención del Cementerio Central, la creación de comisarías de familia y la reducción del hacinamiento en las estaciones de Policía.
En febrero de 2025, su nombre apareció en publicaciones periodísticas sobre la investigación de la Fiscalía a la presunta red de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’. La revista Semana informó que un agente encubierto habría mencionado a Castellanos en relación con supuestos pagos para facilitar el paso de contenedores cuando trabajaba en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Esos señalamientos fueron publicados en el contexto de una investigación sobre presuntas redes de corrupción relacionadas con el contrabando. La mención de Castellanos en ese expediente periodístico no demuestra, por sí misma, que hubiera cometido un delito, y tampoco constituye evidencia de que esos antecedentes tengan relación con su asesinato.
En ese momento, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, se pronunció sobre las informaciones y defendió a su funcionario. Semana reportó que el mandatario había hablado con Castellanos y esperaba que pudiera aclarar los señalamientos ante las autoridades.
Hasta ahora, la información pública consultada sobre el homicidio no permite afirmar que el crimen esté relacionado con la investigación sobre ‘Papá Pitufo’. Cualquier hipótesis en ese sentido deberá sustentarse en pruebas y en información confirmada por los organismos judiciales.
El antecedente del atentado contra Jairo Castellanos
El asesinato de Miguel Castellanos se produce ocho meses después del ataque perpetrado contra una caravana del esquema de seguridad de su hermano, el senador Jairo Alberto Castellanos, en el departamento de Arauca.
El atentado ocurrió el 5 de febrero de 2026, en una vía rural entre Fortul y Tame. El vehículo atacado se dirigía desde Norte de Santander hacia Yopal, en Casanare, donde debía encontrarse con el congresista, quien no viajaba en esa camioneta y se encontraba a salvo.
En el ataque murieron dos integrantes del equipo de protección: Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y Esmeli Manrique Valencia, integrante de la Policía Nacional. Otros miembros del equipo fueron reportados inicialmente como desaparecidos, antes de que se conociera la liberación de tres personas que habían sido retenidas.
Las primeras hipótesis de las autoridades apuntaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El 10 de febrero, el Frente de Guerra Oriental de esa guerrilla se atribuyó el ataque y sostuvo que su objetivo no era el senador. Esa declaración hace parte de la información conocida sobre el caso, pero no reemplaza la investigación judicial sobre las responsabilidades individuales.
El presidente Gustavo Petro expresó entonces su solidaridad con Jairo Castellanos y anunció que había ordenado al Ministerio de Defensa y a las autoridades adelantar las investigaciones para capturar a los responsables. También aseguró que se brindaría apoyo en materia de seguridad al congresista y a su equipo de trabajo.
El Gobierno anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera identificar y capturar a los responsables del atentado en Arauca. La investigación de ese ataque y las pesquisas por el asesinato de Miguel Castellanos son procesos que deben distinguirse, aunque las autoridades han señalado que revisarán los antecedentes de seguridad de la familia.
Las preguntas que siguen abiertas
La muerte de Miguel Castellanos plantea interrogantes sobre las circunstancias del ataque, la identidad del autor material, la posible existencia de amenazas previas y los motivos del homicidio. También será relevante conocer si las autoridades encuentran elementos que permitan establecer una relación con otros hechos violentos que han afectado a su entorno familiar.
Por ahora, la principal información oficial divulgada se concentra en la reconstrucción preliminar del ataque, la búsqueda de los responsables y la recompensa anunciada. No se ha presentado públicamente una conclusión definitiva sobre los móviles del crimen.
La investigación deberá determinar si se trató de un ataque dirigido contra el exfuncionario por razones personales, políticas, relacionadas con su trayectoria en la Policía o por algún otro motivo. Esas posibilidades no pueden presentarse como hipótesis oficiales sin que las autoridades las confirmen.
Mientras avanzan las pesquisas, el asesinato de Miguel Castellanos vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad en Norte de Santander y los riesgos que enfrentan dirigentes y figuras públicas en regiones afectadas por distintas expresiones de violencia.
Su hermano, el senador Jairo Castellanos, había sido objeto de atención nacional tras el atentado contra su esquema de seguridad en Arauca. La investigación por el homicidio de Miguel deberá establecer si existe alguna relación entre ambos episodios o si se trata de hechos independientes.
Por ahora, la prioridad de las autoridades es identificar a los responsables del asesinato y esclarecer sus motivaciones. La recompensa de hasta 100 millones de pesos busca obtener información que permita avanzar en ese propósito, mientras la familia Castellanos enfrenta una nueva tragedia violenta.
